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Faltando muy poco para las elecciones del 23J todos los analistas -y las estructuras de los partidos- dan por hecho el fin del sanchismo, lo que se producirá en un marco en el que: «Todo prepara una nueva austeridad, comenzando por la reforma a plazos de las pensiones, un nuevo empujón al desmontaje de la Sanidad y del sistema educativo» (Ver «¿Será 2023 el fin del sanchismo?» 18/12/2022)
La idea que parece ser ya consenso en los círculos de la clase dirigente es que una derrota -a ser posible no muy apabullante- de la coalición de facto entre PSOE y Sumar, convendría a la gobernabilidad porque evitaría desgaste institucional. Dicho en claro: permitiría presentar, una vez más, el acelerón de ataques a las condiciones de vida de los trabajadores que imponen el desarrollo de la crisis y la guerra como el producto de una derecha neoliberal, mientras se rehace la izquierda como falsa alternativa.
Un Gobierno PP-Vox, convencido de la necesidad de realizar ajustes y obligados a ellos, puede encontrarse con una animadversión social doble, en lo material y en lo cultural, que tendrá dificultades para ser manejada. Además, se producirían efectos llamativos, porque los impuestos se verían obligados a defraudar las expectativas de sus propios votantes: habría que subir los directos e indirectos, y encontrar nuevas formas de recaudación (ya se está hablando de los peajes de las autovías) que dañarían a esas clases medias que están apostando electoralmente por las derechas.
Sería, por lo tanto, un escenario adecuado para que una izquierda que acaba de perder las elecciones se recompusiera, a partir del combate con esa derecha que regresa a la austeridad y que vuelve a utilizar la fórmula de la crisis de 2011. Parecería incluso beneficioso para la izquierda no conservar el Gobierno, y que sean las derechas las que afronten los tiempos duros. (Ver en Lo que todo el mundo político está pensando sobre el 23-J y lo que no dicen, Esteban Hernández en El Confidencial).
En pocas palabras: en la nueva etapa de austeridad y recortes públicos que se abre, el PSOE es más útil al capital español presentándose como alternativa a la austeridad que imponiéndola.
Los «partidos de estado» vuelven a controlar sólidamente el Parlamento
La burguesía española arrastraba una larga crisis de su aparato político que tuvo en la proclamación fake de la independencia catalana su punto álgido. La revuelta electoral de la pequeña burguesía (independentismo, localismos, ascenso de Podemos y Vox) tradujo esa crisis en parlamentos inestables y alianzas inéditas que las elecciones de 2019 no consiguieron superar.
Desde entonces, PSOE y PP, los partidos de estado, se dividieron el trabajo para llevar los parlamentos hacia una vuelta al orden. El sanchismo, parece haber dado con éxito el «abrazo del oso» a Podemos dejándolos «colgados del gobierno sin dónde apoyar los pies». Los resultados autonómicos de 2020, que acabaron con las confluencias y las elecciones madrileñas de 2021, con el sorpasso de Errejón y la inmolación sin honores de Iglesias, abrieron el paso a la entronización de Yolanda Díaz y la conversión de la izquierda del gobierno en una muleta de fácil integración por el PSOE.
Por su parte, el PP que en aquellas elecciones parecía ver abierto el camino para librarse del lastre Vox, tras un estallido no exento de peligros para la burguesía española, encontró su camino en la vía Feijoo y lo refrendó en las elecciones andaluzas de 2022. Fue el momento crítico.
La derecha ha demostrado que la estrategia Feijoo puede servir para alcanzar lo que la clase dirigente entiende como «vuelta a la normalidad»: un bipartidismo de partidos de estado con fuerza suficiente como para no necesitar de ninguna de las expresiones de la revuelta pequeñoburguesa en el parlamento nacional. Ni Vox, ni independentistas catalanes o vascos.
El PP parece haber conseguido finalmente capitalizar el miedo creciente -y lógico- de la pequeña burguesía ante la crisis y el caos productivo, prometiéndole que la «tranquilidad» y la «serenidad» producirán «prosperidad» por arte de magia. Al menos en Andalucía parece haber funcionado, así que el resultado electoral de ayer abre el camino hacia la Moncloa para Núñez Feijoo, pero sobre todo sienta las bases de una reconstitución del aparato político de la burguesía española en torno a los dos grandes partidos de estado.
Porque, con el resultado electoral en la mano, la clase dirigente española empieza a ver en la vía Feijoo el camino para recuperar su agenda política y armar un parlamento que le permita encarar la recesión que viene sin que la pequeña burguesía entorpezca la ejecución de medidas estratégicas o le de sustos como el intento secesionista en Cataluña.
En estas elecciones, si se confirman los sondeos, Podemos desaparecerá como fuerza independiente y Sumar andará en torno a unos 25 diputados (un nuevo suelo tras los 35 de UP + los 3 de Más País/Compromís de la legislatura que se cierra). Y a la derecha, Vox pasará de los 52 actuales a algo cercano a los 30, lo que le dejaría como el partido con más escaños perdidos. Su incorporación a los gobiernos regionales y, si llega el caso, al gobierno central se parece demasiado a lo que el gobierno Sánchez hizo con Podemos como para pensar que sea un ascenso. Desde el punto de vista de la clase dirigente española, estamos a un paso de la normalización total.
El sanchismo ha impuesto el nuevo modelo productivo que quería la burguesía española por la puerta de atrás
Para rematar, el gobierno que llegue tras estas elecciones va a encontrar hecha por Sánchez y Díaz la parte esencial de la agenda de reformas que formaba la hoja de ruta pendiente de la clase dirigente española. En lo fundamental:
- Un nuevo modelo productivo que garantiza refugio de las crisis a los grandes capitales nacionales en torno a la energía, la industria militar y el Pacto Verde.
- Una reducción masiva de los salarios reales por mecanismos ya automatizados -con la colaboración sindical– que posibilita la continuidad del trasvase de rentas del trabajo al capital.
- La incorporación de la pequeña burguesía corporativa (en las grandes empresas) e intelectual (vía políticas de identidad) al reparto de una parte de las rentas del trabajo transferidas al capital, lo que permite un cierto «colchón» de consenso entre las «clases urbanas» y, en el caso de la pequeña burguesía universitaria y creativa está en la base del giro del podemismo al yolandismo.
- La normalización de una política de cohesión social centrada cada vez más exclusivamente en «los más desfavorecidos» que prepara el fin de la universalidad de los sistemas educativo, sanitario, etc.
Por eso hoy, gobiernen PSOE-Sumar o PP-Vox, el objetivo compartido por todas las fuerzas es básicamente el mismo:
- Un modelo productivo con menor participación de los salarios en la renta nacional y los salarios de los trabajadores concentrados en torno al SMI como base para reanimar la acumulación.
- La puesta en marcha de una Economía de Guerra en permanente «pacto de rentas»…
- …que inevitablemente consolidará la pobreza laboral y la «grieta» de ingresos entre los trabajadores y la pequeña burguesía
- Y el fin de los servicios y políticas sociales universales y su sustitución por «políticas para los vulnerables» en el marco de la nueva austeridad. Austeridad que hasta ahora se retrasó sólo temporalmente por las políticas contra el impacto del Covid sobre las inversiones y la guerra contra Rusia.
Pero ¿el gobierno no ha mejorado las condiciones de «la clase media y trabajadora»?
Hagamos un breve repaso a la lista de conquistas que presentan Sánchez y Díaz en sus comparecencias:
SMI. El gobierno usó la subida del SMI en conjunción con la baratura del despido para acelerar el rejuvenecimiento de plantillas y la rotación de trabajadores con salarios medios por salarios menores. Después, con el impacto de la guerra, la inflación de los productos alimenticios básicos y la vivienda devolvió la vida de una familia que cobre dos SMIs al mundo de la pobreza laboral.
Reforma laboral y fin de la precariedad. La realidad de las cosas chulísimas: ilusiones estadísticas, desempleo sin prestaciones, mayor poder para las empresas y menores salarios hora para los trabajadores. Hasta la OCDE le tira de las orejas a Sánchez por disfrazar temporales de «fijos discontinuos» en exceso.
Nuevos empleos. En realidad, tampoco. El 77% del empleo creado no es tal, sino «legalizaciones» de trabajadores migrantes que la ley de Sánchez y Díaz ha hecho gratuitas. El grueso de resto, es la consecuencia de más contratos para menos horas contratadas, salarios hora menores, rotaciones de plantillas aceleradas y algo de empleo público.
Vivienda. Día tras día las noticias indican que la ley no solo no ha conseguido el objetivo que declaraba tener sino que ha exacerbado los problemas de acceso al mercado de alquiler, provocando que con el SMI, no se pueda llevar una vida digna: alquiler, comida y suministros vitales básicos. Eso sí, el gran éxito del gobierno ha sido consolidar como sector industrial a los «grandes tenedores» de pisos en alquiler, fondos y bancos, para que lo que un día fueron viviendas vacías o a medio construir, se conviertan en un destino posible y rentable para el capital especulativo.
Políticas medioambientales. A estas alturas, con récord de emisiones y todos los coqueteos del mundo con Repsol, queda claro el objetivo del Pacto Verde: transferir rentas del trabajo al capital. Recordemos que la factura de la luz escaló salvajemente antes de la guerra de Ucrania. También el poder ganado por las eléctricas: ahí están los océanos de placas solares reduciendo superficie cultivable en masa mientras la inflación de los alimentos sigue en dos cifras; y por si hubiera dudas, todos dan por hecho que la nuclear tendrá un apoyo financiero y normativo en la próxima legislatura. Y si hablamos de las políticas de adaptación al cambio climático, al menos 11.000 personas murieron el verano pasado por el calor. Es el país de la UE en el que más muertes hubo. La causa de fondo no es un misterio: la falta de climatización de muchos edificios en España y, sobre todo, la carestía de la electricidad. Esta es la transición justa que nos depara el gobierno más progresista de la historia.
En Educación, la nueva FP dual y «educación por competencias». En FP significa menos costes para las empresas que tendrán trabajadores formados para tareas específicas de las propias empresas sin importarles que la formación de trabajadores a medida reduzca la empleabilidad y multiplique el infraempleo sin tocar la precariedad o incluso empeorándola con estudiantes en prácticas. En secundaria y bachiller, la «educación por competencias» significa instrumentalizar el conocimiento para desarmar la autonomía personal de los estudiantes y sus posibilidades de desarrollo personal.
Elecciones: entre ceremonia religiosa y circo bufo
No es de extrañar que según los sondeos la participación electoral de los menores de 24 no llegará al 55%. Los sociólogos dicen que tienen «una sensación de mundo desequilibrado y desordenado, y para manejarse en él han preferido centrarse en lo cotidiano, en lo que les afecta», en vez de en unos políticos que no ven «conectados a su realidad».
Pero el hecho es que a su manera retorcida lo están en el terreno del maquillaje, de la prestidigitación, de la magia, ese terreno que llena las tertulias televisivas con palabras gruesas, mentiras y descalificaciones, como ya vimos en el debate a dos entre Feijoó y Sánchez. Mientras, el capital nacional sigue a lo suyo y nuestras condiciones de vida se erosionan mes tras mes.
Unas elecciones no van a cambiar la hoja de ruta del capital español. Ni el capitalismo va a cambiar de naturaleza porque haya un gobierno u otro, ni va dejar de ser más arrasador cada día porque haya unos partidos u otros en el parlamento. Esto no va de quién es el conductor de la apisonadora ni del modo en que quiera conducirla. Esto va de que es una apisonadora, no tiene marcha atrás y ya nos pisa. Ningún cambio de conductor nos va a salvar de ser aplastados. Quedarnos quietos viendo cómo nos pasa por encima tampoco es opción. Solo podemos enfrentarla.
