En los últimos años se ha hablado mucho de políticas feministas en las noticias. En 2020, con la formación del gobierno PSOE-Podemos, se añadía al tradicional bipartidismo del Estado español una visión de “progresivismo”. Resulta importante hacer un análisis crítico de estas políticas de gobierno feministas y analizar el rumbo de los cambios que realmente conllevan. Para ello, en este texto del colectivo Itaia se han analizado las principales leyes que se han debatido o puesto en marcha en los últimos años, tomando como punto de partida dos preguntas: ¿qué han cambiado realmente esas leyes? y ¿a quién benefician? Seguidamente realizamos un rápido resumen de este Informe del colectivo ITAIA y de sus principales conclusiones.
Itaia (Red de Mujeres Socialistas)
Para hacer un análisis adecuado de la opresión de las mujeres trabajadoras, es necesario comprender la integridad o realidad social en la que se incluyen los deberes e imposiciones sociales que nos mantienen oprimidas por estas mujeres trabajadoras; es decir, analizar el lugar que ocupa la propia opresión en la sociedad capitalista. De este modo, podemos enmarcar la opresión y la comprensión en la dominación de clase que caracteriza el capitalismo, que se ha hecho efectiva en el proceso de perpetuación del poder burgués, mantenerlo como colectivo oprimido por las mujeres trabajadoras.
En los últimos años, las políticas feministas han copado las noticias. Y, cuando en 2020 se formó el Gobierno PSOE-Podemos, las políticas feministas desde las institcuiones constituyeron una de sus puntas de lanza, contribuyendo a rebajar el hasta entonces fuerte movimiento social en la calle.
Sin embargo, con el paso del tiempo, ha quedado en evidencia el corto recorrido de estas políticas feministas institucionales. Por un lado, a pesar de que en apariencia la mayoría de la sociedad rechaza las ideas machistas, en realidad siguen reproduciéndose prácticas machistas. Por el otro, pese a la propaganda y los dineros institucionales derivados, no se ha conseguido terminar con la situación de opresión que sufrimos las mujeres trabajadoras, pudiéndose incluso llegar a poner en duda que haya habido algún avance en ese respecto, al menos desde la perspectiva de las mujeres trabajadoras.
Por si eso fuera poco, en los últimos tiempos ha habido un claro aumento de ideas fascistas y se han intensificado las actitudes machistas. Así mismo, múltiples empresas se han valido del feminismo para aumentar sus ganancias, por medio de subvenciones por cumplir las cuotas de igualdad, o porque contratar a mujeres les sale más barato (las jornadas reducidas y los trabajos temporales suponen un menor gasto en los salarios). Además, las mujeres trabajadoras siempre han tenido históricamente más dificultades para defender sus derechos laborales debido a las precarias condiciones de trabajo, por lo que los empresarios no se han visto obligados a mejorar sus condiciones en muchas ocasiones).
Algunas conclusiones
A pesar de las enormes expectativas suscitadas por las leyes impulsadas por el gobierno “progresista” (Ley Trans, Sólo si es si, Ley de Salud sexual, Ley de trabajadoras del hogar), apenas notamos el cambio positivo que dichas leyes iban a traer en el día a día. Estas leyes, más que para la transformación de la realidad social, han servido para mantener las posiciones que estos partidos tenían en el Gobierno y para fines político-publicísticos.
Mientas que los partidos de derechas intentaban, durante el debate de estas leyes, debilitar a los partidos del Gobierno, los partidos progresistas en las instituciones han utilizado esas políticas feministas para ocultar otras medidas autoritarias tomadas paralelamente. En ese sentido, no cabe ignorar que ha sido el Gobierno “más progresista de la historia del Estado español” el que ha aprobado leyes que atentan directamente contra la clase trabajadora, tales como la reforma del Código Penal, el aumento presupuestario de las fuerzas policiales y armadas y su defensa mediática, o las leyes para la ilegalización de la ocupación de viviendas. Sin olvidar tampoco que no han derogado como prometieron la “ley mordaza”.
Esas leyes, además, condenan a los sectores más vulnerables de la sociedad, incluidas las mujeres trabajadoras, a la pobreza y la violencia. Las condiciones sociales de las mujeres siguen siendo muy desfavorables, por ejemplo, el 75% de los contratos a tiempo parcial los hacemos las mujeres (EPA, 2021), en el año 2022 la tasa de paro ha sido del 14,8% y el riesgo de pobreza se ha situado en el 21,3% (INE). Ante la imposibilidad de tener unas condiciones de vida de calidad, la miseria, la represión y las penas de cárcel son realmente la realidad a la que nos someten las políticas progresistas de los últimos años.
En definitiva, debe quedar bastante clara la imposibilidad de la política institucional para dar solución a los problemas que se han descrito. Porque la política gubernamental y el sistema legal no persiguen, en realidad, el fin de la explotación y opresión de las mujeres trabajadoras, sino que pretenden gestionar todas las formas de dominación derivadas de las relaciones de clase. Esa gestión, por supuesto, está ligada a la capacidad económica; por lo tanto, al fin y al cabo, la financiación de esas políticas es lo que marca la dirección de las leyes.
El retroceso político y social que podría causar la política de derechas no puede ser una excusa para no señalar la farsa de estas políticas de “izquierdas”. Al contrario, la incapacidad de la socialdemocracia para dar solución a los problemas de la mayoría de la clase trabajadora da fuerza al ala de la derecha. La razón de fondo es que estas políticas que presentan al Estado como un agente neutral encubren el carácter clasista del Estado, convirtiéndolas en un asunto técnico a solventar aunando fuerzas a favor de un partido institucional u otro, que sería quien pondría en marcha políticas favorables a la igualdad y que se mantendrían por medio de la presión social en las calles.
