En julio pasado, el comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Thierry Breton, anunció que a partir del 25 de agosto las redes sociales se verán obligadas a eliminar inmediatamente “contenidos que llamen a la revuelta”.
Explicó que: (…) “Cuando hay contenido de odio, contenido que llama a la revuelta, por ejemplo, que también llama a […] Para quemar coches, tendrán la obligación en el momento de borrarlos. Si no lo hacen, serán castigados de inmediato”. Y añadió: “Si las plataformas no actúan de inmediato, entonces sí, no solo podemos dar una multa sino prohibir la explotación en nuestro territorio […] Las intervenciones van a ser extremadamente rápidas“.
Y en efecto, tal y como se había prometido, acaba de entrar en vigor en Europa la Ley de Servicios Digitales (DSA). Una ley aprobada sin ningún debate democrático en los países miembros, e incluso sin cobertura mediática.
Una ley que, dentro del marco de “guerra total” impuesto actualmente en Europa (y África, y América Latina), afirma pretender “regular” todos los contenidos online publicados dentro de la Unión Europea y que puedan calificarse como “discurso de odio, noticia falsa, interferencia en las elecciones…”.
Aunque, naturalmente, no todo se censurará. Las mentiras desvergonzadas y las medias verdades de nuestros gobernantes y su policía no serán consideradas como “noticias falsas”, sólo podrá serlo cualquier crítica social contra las instituciones que, por ello mismo, recibirá la etiqueta de “conspiración”.
Aquí puede leerse el texto de la Ley de Servicios Digitales ya en vigor. Y en este enlace un resumen de la misma.
Guerra militar, social y ahora comunicacional
En los tiempos aciagos que vivimos a escala internacional y en Europa, para nuestros gobernantes la libertad de expresión constituye un problema. En particular para la clase dirigente y su control de la influencia social.
Al igual que la invención de la imprenta, que creó una revolución de la información en la Edad Media, Internet ha creado una plataforma global a la que casi cualquier persona del planeta puede acceder y hablar, hipotéticamente, con millones o incluso miles de millones de personas.
ste nivel de intercambio de información no tiene precedentes en la historia de la humanidad, por lo que nuestros gobiernos y oligopolios ambicionen tener la capacidad de filtrar lo que se dice y lo que se escucha en su beneficio.
Con este fin, la Comisión Europea, utilizando inicialmente la pandemia del Covid como fachada, aprobó la “Ley de Servicios Digitales” (DSA, por sus siglas en inglés) a principios de 2022.
La DSA se presentó como una herramienta para que la UE “modere” el poder de las corporaciones de medios sociales, pero en realidad su propósito principal es dar a la UE precedencia legal para obligar a las grandes empresas tecnológicas a aplicar las normas de censura del bloque europeo a sus plataformas, incluso si no son empresas con sede en Europa.
En otras palabras, el objetivo es obligar a todo el mundo occidental a aceptar la normativa europea sobre la expresión online, ignorando las fronteras nacionales y las protecciones constitucionales.
Procedimiento censor
Como señalan desde ciertos medios de comunicación independientes, del mismo modo que la “Gran Muralla de Fuego” china, la UE planea utilizar la DSA como medio para cerrar el acceso nacional a sitios web y contenidos infractores. Sin embargo, la situación de la UE es única porque se centra en el control de la libertad de expresión también fuera de Europa.
Es decir, la información y el discurso entre los no europeos todavía podría ser identificado como una amenaza a sus sensibilidades de izquierda y citado como una razón para sancionar un sitio web por completo.
Estas reglas incluirían restricciones de “discurso de odio” y de “desinformación” de la UE. Hay que tener en cuenta que en muchas partes de Europa utilizar los pronombres incorrectos para una persona trans se considera incitación al odio punible, y señalar que las mascarillas médicas son inútiles para detener la transmisión del covid se considera desinformación peligrosa. Además, con esta ley se obliga a los propios medios de comunicación a aplicar la censura de contenidos si quieren seguir operando.
¿Quién determina lo que constituye “desinformación” o discurso de odio?
En teoría, ejércitos de señaladores de masas que operan desde lugares como Alemania pueden ahora buscar tuits que no les gusten en EE.UU. y hacer que se borren publicaciones, o que se bloqueen y prohíban cuentas, incluso si la información presentada es objetivamente correcta.
Lo que la UE considera “discurso de odio” y “desinformación” se basa, por tanto, en la ideología y el fanatismo de extrema izquierda, no en directrices claramente definidas y razonables. Lo que los progresistas consideran aceptable hoy acabará siendo ilegalizado mañana. Adaptarse a sus reglas significa abandonar cualquier atisbo de entorno libre. En Europa no hay libertad de expresión.
Situación de las grandes redes sociales
Todas las redes sociales que reúnen a más de 45 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea están inmediatamente afectadas, incluidas Twitter (X), Instagram, Facebook, Youtube, Wikipedia y, finalmente, todas las plataformas en línea.
Estas plataformas a partir del 25 de agosto tienen que procesar los informes de los usuarios rápidamente y habrá “alertadores de confianza” controlados por los gobiernos.
Esta nueva regulación también obliga a las redes sociales a eliminar el contenido “ilegal”, incluidos los llamamientos a la rebelión, en palabras de Thierry Breton, bajo pena de enormes multas o ser bloqueados en el territorio.
Las empresas que gestionan redes sociales también deben “analizar” cada año los riesgos “sistémicos” que generan, incluso “para la seguridad de un Estado”. Una vez más, en palabras apenas veladas, se habla de revuelta. La Comisión Europea podrá solicitar a estas plataformas un análisis de riesgos en caso de una “crisis importante”.
Todo está listo para bloquear la expresión en línea en todo el continente, en caso de situaciones excepcionales. Por ejemplo, en caso de crisis social, sanitaria, ecológica o militar, naturalmente.
Primeras respuestas
La puesta en pie de los últimos espacios que pueden servir como contra-poder está en marcha.
Pero ojo, que cada país de la UE también está legislando en este sentido, amparado por la ley DSA. Por ejemplo, el gobierno francés tramita actualmente una ley “para asegurar y regular el espacio digital” llamada SREN. Este proyecto “podría amenazar la libertad en Internet”, preocupa el navegador Mozilla que denuncia una medida que requeriría bloquear sitios web directamente a nivel de navegador.
Mozilla advierte de una medida que “sentaría un precedente peligroso y serviría como modelo para que otros gobiernos conviertan los navegadores en herramientas para la censura gubernamental”.
El proyecto de ley SREN fue aprobado por el Senado a principios de julio y debe ser examinado por los diputados al comienzo del año escolar. La situación es tan grave que Mozilla ha lanzando YA en Francia una petición contra esta ley.
