Aumento de las pensiones: propaganda y realidad

Manifestación de pensionistas andaluces

El Gobierno español anunció una subida del 3,8% de las pensiones contributivas para 2024, pero el movimiento pensionista considera que es insuficiente y no compensa el aumento del coste de la vida. De hecho, casi la mitad de los pensionistas tienen que salir adelante con una paga de menos de 846,95 euros, el umbral de la pobreza según el INE. La movilización por unas pensiones dignas tiene que reivindicar, además, la brecha de género existente, porque las mujeres pensionistas cobran de media un 30% menos que los hombres.

Comunicado de Unidad Coespe

El Gobierno español aprobó el pasado miércoles día 27 de diciembre, las que llama “medidas anticrisis”, consistentes en prorrogar algunas de las ya existentes con algunas novedades, como el anunciado aumento del 3,8% de las pensiones contributivas para 2024.

Tal como se ha presentado esta revalorización, parecería que las personas pensionistas tendríamos que estar de enhorabuena, pero desde el movimiento pensionista tenemos razones para no dejarnos llevar por la euforia.

Entre otras:

1.- Ahora hace justo dos años que entró en vigor la ley 21/2021, de 28 de diciembre (toda una “inocentada”), por la cual se cambiaba el método de cálculo del Índice de Precios al Consumo (IPC), pasando a aplicarse el llamado “IPC medio”. Método muy dudoso que, ademas y desde el pasado mes de enero, ha supuesto la pérdida de la llamada “paguilla” anual por desvíos del IPC, que garantizaba la capacidad adquisitiva de las pensiones.

2.- En 2023 la cesta de la compra es un 9,5% más cara que el año anterior (la alimentación ha subido en los cuatro últimos años no menos del 31,6%) según datos oficiales del INE. Si tenemos en cuenta que el precio de los alimentos básicos condiciona la calidad de vida de las personas mayores, es evidente que la subida aprobada del 3,8% no compensa ni de lejos el encarecimiento de las necesidades reales de las y los pensionistas.

3.- Se anuncia así mismo que la subida de las pensiones mínimas contributivas, de las no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV) será del 6,9%. Pero no olvidemos que el 60% de las personas pensionistas cobran menos del salario mínimo interprofesional (SMI), la mayoría mujeres. Es decir, que el 6,9% aplicado a pensiones de miseria, no deja de ser una miseria. Por ejemplo, que alguien nos explique cómo se puede vivir dignamente con 517,9 euros al mes, que es la cantidad resultante después de esa subida, de las pensiones no contributivas de vejez e invalidez (SOVI).

Por todo ello, seguimos reclamando que, además de la revalorización (de pensiones y salarios) según el IPC real y anual, y del pago de la cláusula de revisión (“paguilla”), es imprescindible que las pensiones mínimas, contributivas o no, se equiparen al salario mínimo interprofesional, que este año 2023 ha estado fijado en 1.080 euros, y que deberá actualizarse hasta 1.200 euros en 2024, para cumplir con la Carta Social Europea. Dinero hay, y si no fíjense en la cantidad de dinero que se malgasta en armas, o los escandalosos beneficios de las empresas del IBEX35. Por ahí también debería comenzar a atajarse la alarmante brecha de género en pensiones, que supera el 30%. Ya que son tan constitucionalistas nuestros gobernantes, deberían cumplir con el artículo 50 de la Constitución.

La insidiosa pobreza

Como también señala la prensa alternativa, a pesar del últimas subidas, casi la mitad de los pensionistas tienen que salir adelante con una paga de menos de 846,95 euros y mas de la mitad (56%) no llegan al SMI.

Los resultados de la última Encuesta de Competencias Financieras del propio Banco de España resultan reveladores en ese sentido cuando señalan que el grupo de población con menor capacidad de ahorro es el de los mayores de 65 años: solo la mitad de ellos pudo guardar algo de dinero en el último año (los datos son de 2021, previos a la ola inflacionista), frente a un ratio del 87% entre los menores de 35 años y otro del 77% de los 35 a los 45, en plena época de crianza.

La figura del pensionista pobre, el que recibe menos de los 846,95 euros por paga en los que el INE (Instituto Nacional de Estadística) fija el umbral de la pobreza, resulta más que habitual en España, donde el 42% de quienes reciben pensiones contributivas de jubilación (35%), incapacidad (46%) o viudedad (61%) se encuentran en esa situación.

Son 4,16 millones de pensionistas sobre un total de 9,73, un volumen de personas en situación de escasez que se dispara al 56% si se le añaden los 1,32 millones de perceptores de esos tres tipos de prestaciones cuyos ingresos superan el umbral de la pobreza, pero no llegan al Salario Mínimo Interprofesional situado en 1.080 euros brutos por paga mensual.

Esa situación, que se da con mayor intensidad entre las mujeres por la mayor precariedad de sus ocupaciones frente a las masculinas a lo largo de su vida laboral, ha comenzado a paliarse en los últimos años, en los que se han producido tres subidas consecutivas del 3% y el 8,5%, a las que este año se sumará otra del 3,8%.

Agenda de movilización

El movimiento de pensionistas considera que los avances realizados siguen lejos de lo  que se reivindica: equiparación de la pensión mínima al SMI, aplicación del 100% de la base reguladora del fallecido en las pensiones de viudedad y ampliación del complemento de brecha de género a todas las mujeres con independencia de la fecha de su retiro. De hecho, COESPE ya ha puesto en marcha una recogida de firmas para erradicar la brecha de género en las pensiones públicas, que tiene previsto presentar en el Congreso el próximo 23 de febrero.

Esas reclamaciones enlazan directamente con otra de las realidades que pone sobre la mesa la Encuesta de Competencias Financieras del Banco de España: ya en 2021, antes de la ola inflacionista que ha encarecido un 16% el coste de la vida en dos años y medio, a más de la quinta parte (22%) de los hogares de jubilados les sobraba mes al final de la pensión.

Eso, según la misma fuente, llevaba a algo más de la mitad de los afectados a tirar de ahorros, aunque esa opción no era válida para todos: uno de cada cuatro (24%) afectados recurría al préstamo informal de amigos y familiares y uno de cada 10 (10%) tiraba de descubiertos no autorizados en la cuenta bancaria y/o la tarjeta.

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