Carta Semanal nº 988. Posicuarta.org
“El Pacto Verde para el Clima se perfila como la estrategia de crecimiento económico de la Unión Europea. Incluye un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar a la UE en el camino hacia una transición ecológica con el objetivo de alcanzar la neutralidad en la emisión/absorción de CO2 de aquí a 2050. Es la base para transformar la UE en una sociedad equitativa y próspera con una economía moderna y competitiva.”
Así defendía la vicepresidenta 3ª del Gobierno, Sra. Ribera, el Pacto Verde. La UE, esa institución del capital financiero, y los Gobiernos, en nombre de la crisis climática (que no tenemos por qué negar), de la emisión de CO2, etc., pretende imponer determinadas medidas de descarbonización, de desindustrialización, de decrecimiento, que afectan a las conquistas de la clase obrera y al propio futuro de ésta.
Quieren hacernos creer que ellos también están preocupados por el futuro del planeta. Que, en tanto que pertenecientes al género humano tenemos intereses comunes. Pero la sociedad está dividida en clases sociales, y estas clases tienen intereses contrapuestos.
Los Gobiernos europeos, siguiendo esa orientación quieren transformar la economía y la sociedad, y para ello cada reunión de gobernantes o técnicos precisa y desarrolla infinidad de calendarios. En particular, quieren que para 2050 Europa sea neutra, es decir, no aumente el CO2. ¿De verdad a la UE y a los Gobiernos les interesa el planeta y la ecología? Veamos:
Durante la cumbre ecológica de la ONU de Glasgow (OP 26 – 2021), la prensa señaló que varias potencias estaban invirtiendo para aumentar la producción de petróleo y gas. Ello no impidió que estas potencias asumiesen sin pestañear nuevos y más exigentes objetivos «verdes». Cientos de bancos y financieras prometieron inyectar 130 billones en reducir la emisión de CO2 y en energía limpia, pero han invertido en carbón.
Al llegar a la cumbre de Dubai (Emiratos, noviembre diciembre de 2023), se hizo el primer balance global desde la cumbre de París (2015). Casi todos los miembros del Grupo de los Veinte habían aumentado la producción y uso de combustibles fósiles.
Todo indica que en 2030 no se cubrirán los objetivos «verdes» y en 2050 Europa no será neutral en emisiones de CO2. Pero los Gobiernos habrán impuesto infinidad de leyes en nombre de esos objetivos «verdes». ¿Por qué? El capital, para sobrevivir, para reproducirse y ampliarse, para evitar la quiebra arruinado por la competencia, necesita obtener beneficios, cuanto más grandes, mejor. Siendo esta su prioridad ineludible, explota sin consideración al hombre y a la naturaleza. Y en su actual fase de podredumbre, debe abrir nuevos «nichos» de negocio, nuevos mercados destruyendo la industria y la agricultura, todas las conquistas sociales.
Y para cubrirse, el capital disfraza sus objetivos como si fueran de lucha contra el cambio climático, de lucha por «salvar el planeta», bla, bla, bla.
Veamos algunas de las consecuencias del Pacto Verde europeo:
El lugar de lo «verde» en el gasto
La Comisión se ha comprometido a movilizar al menos un billón de euros en inversiones sostenibles durante el próximo decenio. ¿Inversiones en qué? ¿Para producir qué? ¿para qué servicios?
Para empezar, dedica a ‘inversiones ecológicas’ el 30 % del presupuesto plurianual de la UE (2021-2028) y el instrumento único NextGenerationEU (NGEU) para recuperarse de la pandemia de COVID-19. Esa enorme cantidad, ¿sirve para algo cuando los servicios están en el límite y se plantea una enorme reconversión industrial? El inmenso gasto supuestamente ecológico, ¿va contra atender a las necesidades más elementales de la población? Son fondos a los que capitalistas se acogen para hacer un negocio, los mismos capitalistas que por otro lado invierten en petróleo y carbón. O sea, que se han sacrificado sectores productivos, se han sacrificado los servicios, no se ha reducido el CO2, pero los parásitos chupan del bote. El capital financiero obtiene así financiación pública para inversiones que no serían rentables si las hiciera él.
Ahora será peor. Con la presidencia española de la UE se aprobaron unas reglas fiscales que restablecen los criterios de Maastricht (que exigían a los gobiernos mantener el déficit presupuestario y la deuda pública por debajo del 3 % y del 60 % del PIB). Esos criterios llevaron a políticas de austeridad criminales, y se nos dice que esta vez se hará con «flexibilidad». Aplicar las exigencias «verdes» será cerrar fábricas y abandonar campos, con las mínimas indemnizaciones. Llevar a pérdidas de sectores de la población y estallidos sociales como el de los campesinos.
Las normas de los Gobiernos, y la irrupción de los fondos verdes
La creación de los fondos europeos ha traído novedades: se crea una situación en la que parte de los 27 presupuestos estatales está cubierta por fondos europeos, sometidos a una compleja red de autorizaciones y de controles. La irrupción de estos fondos es una interferencia de agencias que trabajan para el capital pasando por encima de todos los dispositivos de cada Estado y sin más control que la «justicia europea», que no deriva de ninguna soberanía, sino de la libertad del capital para hacer beneficio, según su lema de «competencia libre y no falseada».
Otro capítulo son los impuestos verdes, que distorsionan de raíz el sistema fiscal. Así, entre las exigencias que acaba de hacer la Comisión Europea sobre vulnerabilidades de la economía española, incluye «aumentar los impuestos verdes», como un instrumento de recaudación, que poco tiene que ver con el CO2 y recae mayoritariamente sobre las familias y no sobre los trust que contaminan la tierra, los mares, la atmósfera. Son impuestos sobre bienes físicos nocivos para el medio ambiente. Por ejemplo, la enormidad de CO2 generado por la fabricación de autos eléctricos hace que ese coche sea más nocivo, pero lo presentan como benefactor porque emite menos CO2 cuando circula que un coche tradicional.
Lo democrático es que los impuestos no sean finalistas, que cada Estado decida cómo recaudar y cómo gastar. Eso era antes del «orden verde», que no deja de ser un instrumento de las clases dominantes para someter al pueblo a sus dictados.
Transformar cada sector de la economía para cumplir los objetivos climáticos
El capital financiero exige cambiar todos los sectores de la economía con el pretexto de alcanzar el objetivo climático para 2030. No pregunte Vd. si crea empleo o lo destruye, si produce bienestar o lo elimina, lo importante es el CO2.
Los campesinos europeos denuncian: la UE verde quiere desmantelar la agricultura
El Pacto promete biodiversidad y agricultura sostenible. Transformar la agricultura para que no contamine y reducir el impacto ambiental de la producción de alimentos. No dice que eso es desmantelar sectores agrícolas enteros, destruir buena parte de los cultivos.
Los campesinos de toda Europa se han levantado contra la política europea (barbechos, emisiones de CO2, uso de plaguicidas, impuestos «verdes», etc.), aplicada por todos los Gobiernos, que los condena al cierre de sus explotaciones, para que invada el mercado lo producido por las multinacionales en África, la India o Filipinas, donde los trabajadores apenas tienen derechos y no se respeta el medio ambiente. En el menos malo de los casos el campesino podría vender su tierra, con rebaja, a grandes empresas que las explotarán con inmigrantes sin o con papeles.
Las organizaciones de agricultores han constatado que, tras chocar con sucesivas versiones de la PAC, ahora, con el Pacto Verde se trata de desmantelar gran parte de la producción.
Como puede verse, el trabajo agrícola puede contaminar menos, incluso no contaminar, pero al capital no le resulta rentable proteger el medio ambiente, prefiere comprar tierras en África u otros países y desplazar la producción allí para ser más «competitivos».
La gran reconversión industrial
Según el Pacto Verde, se trata de que la movilidad que se apoye en el uso de automóviles nuevos limpios. Dicen que sería «liderar la tercera revolución industrial»: crear empleos e impulsar el crecimiento. De aquí a 2030, se espera que 30 millones de vehículos sin emisiones circulen por las carreteras de Europa.
Se creará un régimen de comercio de derechos de emisión para la industria y el transporte. A partir de 2026, en el transporte por carretera habrá un precio por la contaminación. Se reforzará la tarificación del carbono en la industria.
Es sabido que un coche eléctrico necesita un 30 % menos de mano de obra que uno tradicional para ser producido y que resulta más cara su adquisición. Pero en ninguna parte especifica cuántas decenas de miles de puestos de trabajo se van a suprimir en la actual industria del automóvil, y cuántos cientos de miles (o millones) de puestos de trabajo en la industria auxiliar.
En septiembre de 2023 la Asociación Española de Fabricantes de Vehículos y Camiones (ANFAC) y la Asociación Española de Proveedores de Automoción (SERNAUTO) publicaron «Nuevos retos del sector de la automoción en España». La industria de la automoción española se ve amenazada por la demanda decreciente y problemas en el suministro. Busca mantener su competitividad apoyándose en una nueva política industrial presidida por la decisión de la UE de que para 2035 todos los vehículos que se vendan en Europa serán eléctricos.
Los fabricantes lanzan una campaña para que el Estado (central y autonómico) financie y apoye y el Estado se reorganice en torno a centros de decisión asequibles a los fabricantes.
El Gobierno paga y apoya
En febrero, en el foro ANFAC, Pedro Sánchez respondió: «Vamos a estar al lado del sector para convertir a España en un gran centro logístico de electromovilidad. Vamos a apoyar los planes de ayuda y el impulso de la infraestructura de recarga. La hoja de ruta del Ejecutivo pasa por la colaboración público-privada, los PERTE y va a modificar el dispositivo Moves».
La directora general adjunta de Industria de la Comisión Europea recuerda la «complejidad» de la operación, pues 2,4 millones de trabajadores tienen que ser reciclados (¿despedidos?) o recibir nueva formación.
El pacto verde son millones de obreros y de campesinos a despedir.
Epílogo: el lenguaje de las mentiras
El capital reconoce sus falsedades de manera vergonzante. En Kioto se fijan unos objetivos irrealizables. Y entonces crean un mercado (de permisos para producir CO2) vendiendo y comprando los incumplimientos de aquellos objetivos. Ahora, en las carreteras no debería soltarse tanto CO2. No es realizable. Entonces crean un mercado con los incumplimientos. Más campo para la especulación.
Desde luego las burguesías, los fondos, tienen sus intereses, y el CO2 es lo último que les preocupa. En realidad, existen los medios tecnológicos para revertir la situación, pero eso no interesa al capital… porque no es «rentable».
Si partimos de los intereses de la clase trabajadora, de los pueblos, nadie puede resolver los problemas sacrificando empleo y bienestar a la reducción del CO2. No es posible. Hay que partir de una definición de la situación del planeta distinta, que atribuya la responsabilidad de la destrucción a los intereses del capital.
