Las instituciones europeas han realizado el cierre final del Pacto de Asilo y Migración (PEMA) durante la mañana del 20 de diciembre. Después de 48 horas de negociaciones maratonianas y siete años de disputas feroces, la UE ha consensuado poco antes de Navidad su legislación más difícil, divisoria y trascendental de este mandato. Una normativa que merma claramente los derechos humanos, la protección del refugio y la libre circulación de personas.
Quienes lleguen a las fronteras externas tendrán controles más estrictos
Después de una larga noche de negociaciones, el 20 de diciembre se ha alcanzado un acuerdo sobre el Pacto de Asilo y Migración entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo, en el marco de los llamados trílogos. Con la aprobación de los cinco reglamentos que faltaban, Europa sienta las bases para reforzar la política migratoria. Las personas que lleguen a las fronteras externas tendrán que pasar por controles de identificación más rigurosos, mediante el sistema Eurodac. Después, irán a centros de detención, incluso los menores. Los que no cumplan los requisitos de asilo se enfrentarán a expulsiones más rápidas y podrían ser deportados a países peligrosos.
Desde Aministía Internacional se apunta:
“Este acuerdo será un retroceso en la legislación europea en materia de asilo durante las próximas décadas. Su resultado probable es un aumento del sufrimiento en cada paso del viaje hacia el asilo (…) Provocará que más personas sean detenidas de facto en las fronteras de la UE, incluidas familias con niños y personas en situación de vulnerabilidad. Se reducirán las salvaguardias para las personas que solicitan asilo en la UE, y más personas se canalizarán a través de procedimientos de asilo fronterizo deficientes, en lugar de recibir una evaluación justa y completa de sus solicitudes de asilo”
Un aspecto difícil de la última ronda de negociación ha sido definir los criterios sobre la instrumentalización. Juan Fernando López Aguilar, el eurodiputado encargado del expediente de crisis, ha aclarado en una conferencia de prensa que solo se aplicará a “actores no estatales hostiles” y no a las ONG que realizan labores de búsqueda y rescate. Con este mecanismo, los países europeos podrán contar con varias opciones y excepciones cuando actores externos usen a las personas como arma de presión, como ya hicieron en el pasado Bielorrusia, Marruecos o Turquía. Sin embargo, las ONG temen que se les dé vía libre para violar los derechos humanos o el Derecho Internacional.
Tras años de debate bloqueado, la UE llega a un acuerdo urgido popor la situación militar y social.
El texto final establece que cada año se deben reubicar 30.000 personas. Los Estados miembro que no quieran participar en este mecanismo tendrán que pagar una compensación económica de 20.000 euros. Además, los fondos de ayuda se podrán usar para reforzar la vigilancia o incluso construir vallas. En situaciones de grandes flujos migratorios, como el de 2015, la Comisión podrá proponer reubicaciones obligatorias. Sin embargo, muchos expertos ya empiezan a dudar de la solvencia, la eficacia y la funcionalidad de la nueva ley para el futuro.
Las tres instituciones europeas lo han celebrado como un acuerdo y un día histórico, aunque admiten que no solucionará todos los problemas. Sin embargo, después de años de estancamiento, la UE ha preferido un acuerdo imperfecto a la falta de acuerdo. En Bruselas, la necesidad de lograr el pacto antes de las elecciones europeas de junio, donde se espera un gran avance de la extrema derecha, era evidente.
Durante estos años, la triste realidad es que las políticas de asilo se han endurecido en Europa. Las fuerzas populistas y antiinmigración han conseguido imponer su agenda frente a una izquierda que se ha quedado sin alternativas ni respuestas. El mes pasado, el ultraderechista Geert Wilders ganó las elecciones en Países Bajos con el cierre total de fronteras como eje de su programa. Y horas antes del acuerdo europeo, Emmanuel Macron aprobaba en Francia otra ley que restringía el asilo y reducía los subsidios y ayudas sociales a los refugiados. Así titulaba Liberation su portada: “Me habéis elegido para frenar a la extrema derecha”.
Respuestas desde la izquierda
Cornelia Ernst, de Die Linke ha sido clara: “Hoy es un día dramático para los derechos de las personas que buscan protección en Europa“
En otras fuerzas de izquierda y organizaciones de derechos humanos, también hay decepción y críticas. “Hoy es un día dramático para los derechos de las personas que buscan protección en Europa: se ha hecho realidad el sueño de los populistas de derecha de la UE. El Parlamento Europeo se ha dejado pisotear por los Estados miembros en las negociaciones sobre el pacto migratorio”, ha reprochado la eurodiputada alemana Cornelia Ernst, de Die Linke. “Este acuerdo transformará profundamente la ley europea de asilo. Luchamos duro, pero no logramos evitar el debilitamiento de las garantías humanitarias. En muchos aspectos empeorará la situación en las fronteras exteriores”, ha lamentado Terry Reintke, de Los Verdes.
El PEMA puede afectar a más de medio millón migrantes que viven en el estado español
Comunicado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
En estos días estamos asistiendo al debate en el Parlamento Europeo del nuevo pacto sobre la inmigración y el asilo. El objetivo de armonizar los procedimientos respecto a estos temas no esconde la interpretación minimalista de los derechos humanos presente en los cinco expedientes que componen este pacto. La protección internacional y el derecho al refugio están siendo progresivamente limitados, reducidos discursivamente a un ejercicio de caridad de los Estados europeos.
La solidaridad que se pregona en los discursos de la comisión es una solidaridad entre estados, no para con los exiliados.
Sólo así puede entenderse que se coloquen al mismo nivel la acogida y tramitación de la protección internacional de la persona, y la cuota de 20.000 euros que se verá obligado a desembolsar el Estado que no quiera hacerse cargo de su reubicación, caso de que el país receptor esté en situación de estrés migratorio. Este dinero, además, no va a invertirse en reforzar esta protección, sino en sufragar las deportaciones de quienes no logren alcanzarla y en militarizar y externalizar las fronteras.
Si hay algo realmente nuevo en este pacto no refiere tanto a lo que se hará: devoluciones en caliente, suspensión del espacio Schengen en contextos definidos como de crisis migratoria, privación de libertad de los que consiguen ser considerados como solicitantes de protección y se ven recluidos en macro cárceles mientras se tramitan sus expedientes, sino al carácter legal que, a partir de que este pacto sea aprobado, tendrán estas medidas. Esta legalización supone una degradación de los valores y los principios morales que sustentan el carácter fundacional la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El invariable objetivo político implícito parece estar muy claro: evitar la entrada mediante procedimientos en frontera que permitirán definir quién es potencial solicitante de asilo y quién no lo es, sobre un dato tan poco garantista como el de la tasa de solicitudes aprobadas provenientes del país de origen del solicitante. Si esta tasa no supera el 20% en el conjunto de la UE, el sujeto quedará excluido de esta protección. Esta línea de acción mina las salvaguardas fundamentales del derecho de asilo y la obligación de una revisión individualizada; si ya es legítimo en Europa negar la asistencia jurídica a un solicitante de asilo en ciertas situaciones, este nuevo “pre-screening” de las solicitudes amenaza con dejar sin ninguna alternativa a personas que no podrán ser siquiera solicitantes de asilo.
Además, la exclusión de ciertas nacionalidades -algo que ya se practica al menos desde los acuerdos con Turquía de forma empírica- imposibilita una aprehensión histórica de la realidad y una comprensión que se vaya adaptando a algunas de las formas más actuales de expulsión y éxodo: mientras que el nuevo pacto plantea poténciales mecanismos de emergencia, hay formas estructurales de violencia y degradación social y ambiental que no son entendidas así; con esta medida las personas desplazadas por el recrudecimiento de la violencia estructural o por el cambio climático tendrán prácticamente imposible tener derecho a tener derechos.
Evitar los movimientos secundarios, penalizando al país de entrada y responsabilizándolo de la limitación de la movilidad de los sujetos. Mientras que uno de los objetivos declarados es aumentar la “solidaridad” y evitar que la cuestión migratoria fracture la unidad europea, la insistencia en el marco de Dublin y la intensificación del uso de Eurodac supondrá de facto, como hasta ahora, un caldo de cultivo para la propaganda xenófoba de partidos como “la lega” que se hizo popular justamente gracias a denunciar que Europa obligaba a Italia a “mantener” a los inmigrantes.
Deportar a las personas en situación irregular y externalizar el control migratorio y las responsabilidades de protección internacional.
La firma de acuerdos con países como Libia, Túnez, Turquía o Egipto, considerados como países “seguros” pese a todas las denuncias existentes sobre violaciones graves de los derechos humanos de los exiliados, así lo demuestra, como también el acuerdo alcanzado entre Italia y Albania para la construcción de una macrocárcel a la que enviar a los potenciales solicitantes de asilo, y que, según la comisaria europea Ylva Johansson, no infringe la legislación europea porque queda fuera de su ámbito de aplicación, aunque no está claro que quede fuera cuando entre en vigor el nuevo pacto, ni que no sea una fórmula eficaz para que los países que aspiran entrar en el ámbito de la UE hagan “méritos” para lograrlo aceptando albergar estas macrocárceles.
Si la combinación de mecanismos securitarios y humanitarios no es algo nuevo en la gestión de las políticas migratorias de la UE, resulta especialmente preocupante la instalación de manera sistemática y legal del llamado screening en todas las zonas fronterizas. Y lo es no sólo por el recorte de derechos que consagra de manera legal, sino por su extensión más allá del ámbito fronterizo (artículo 5), medida que, como han denunciado diversas organizaciones pro-derechos de los migrantes, tendrá un tremendo impacto en las comunidades racializadas, cuyos individuos pueden tener que enfrentar una detención sin las adecuadas medidas garantistas. Si además esas personas se encuentran en situación irregular, esta práctica podría tener consecuencias irreversibles sobre sus vidas y las de sus familias.
En el caso del Estado español, la existencia de más de medio millón de personas en situación irregular convierte al artículo 5 del expediente de screening en una espada de Damocles sobre las cabezas de quienes desempeñan trabajos esenciales para la comunidad, y que acreditan un arraigo social incontestable. La colectivas migrantes autoorganizadas, en alianza con un número nada desdeñable de organizaciones de la sociedad civil española, promovieron y presentaron en las Cortes Generales una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que contó con más de 600.000 firmas. La más que posible firma del nuevo pacto hace que su discusión y aprobación parlamentaria sea tan indispensable como urgente.
El próximo mes de febrero se cumplen 10 años de los asesinatos del Tarajal. El desarrollo de las ideas sobre la gestión de las migraciones que ha ido implementando la UE nos ha llevado a un punto en que las instituciones europeas afirman, convencidas de su certeza, que la protección de los vulnerables se puede alcanzar por los mismos medios y por los mismos agentes que “la lucha contra el tráfico ilícito”. La profundización en esta idea no hará más que multiplicar la muerte, o el riesgo de muerte, para aquellas personas que luchan por alcanzar una seguridad vital de la que carecen en sus lugares de origen.
Por todas las razones expuestas, y muchas más que no caben en esta nota de prensa, es indispensable que no llegue a aprobarse este Pacto que nos indigna y nos avergüenza. Es descorazonador contemplar a qué han quedado reducidos los principios que alumbraron la Declaración Universal de Derechos Humanos hace 75 años, y la arquitectura de la Unión Europea una década después, y lo es no sólo por las terribles consecuencias para la ingente masa de desplazados que arroja el modelo depredador del capitalismo de la globalización, sino por el envilecimiento al que somete a unas sociedades cada vez más rendidas a la posiciones de la extrema derecha en el interior de los que se sigue denominando como espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.
