Finalmente, el gobierno ha acordado un techo de gasto público para el próximo año que supone un recorte importante. Según el Ejecutivo, con esta medida se busca garantizar la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de los compromisos europeos, así como favorecer la inversión productiva y la creación de empleo. Sin embargo, en realidad, implica desarrollar unas políticas de austeridad que solo generarán mayor recesión, desigualdad y pobreza, precarización de los servicios públicos esenciales y los derechos sociales.
El Gobierno central acaba de anunciar a bombo y platillo el aumento del techo de gasto público en 199.120 Millones de Euros. Esto supone un aumento del 0,5% con respecto al año 2023. “Aumento” que incluye los fondos europeos del llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y que, ciertamente, está muy por debajo de la inflación y del aumento del PIB reales.
Los partidos institucionales han valorado de forma muy distinta este techo de gasto para 2024. Como era de esperar, hay dos tendencias opuestas. Por una parte, el Gobierno de coalición PSOE-SUMAR, sus aliados y sus portavoces en los medios de comunicación masivos, que usan frases pomposas y dicen que es una “cifra récord”. Por otra parte, la derecha política y mediática, con todos sus medios favorables, que critican un gran derroche público.
Sin embargo, como también indican algunas fuentes indican, este 0,5% de “incremento” no responde a ninguna de las dos posiciones mencionadas. Este límite de gasto público, adoptado para satisfacer las directrices de Bruselas, se orienta de nuevo y conlleva aplicar en las políticas públicas las recetas de recorte, “austeridad” y “consolidación fiscal” que ya conocemos bien y que podemos calificar en rigor como “austericidas”, por el grave impacto que ocasionan sobre el sector público y las condiciones de vida y laborales de la población trabajadora. Especialmente teniendo en cuenta que esta medida no es puntual, ya que establece los objetivos de “Estabilidad” para cuatro años del conjunto de todas las Administraciones: 3% en 2024, 2,7% en 2025 y 2,5% en 2026, así como el marco de gasto para los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Para mejor considerar este supuesto “aumento récord” del techo de gasto, hay que remitirse a la situación económica actual y las previsiones para el futuro próximo. Si la inflación hoy en día es del 3,8%, y gastamos un 0,5% más, en realidad estamos gastando menos. Lo que conllevará inevitablemente un empeoramiento de los servicios públicos, una mayor carga de trabajo para el personal y una pérdida de poder adquisitivo del mismo.
Del mismo modo, según las expectativas más razonables, la economía crecerá en torno al 2,1% al acabar este año 2023, mientras que en 2024 el crecimiento se situará entre el 1,4% y el 1,7%. Y también aquí la conclusión resulta evidente: el sector público va a tener que gastar entre tres y cuatro veces menos de lo que pueda aumentar la economía. Por tanto, las afirmaciones de la derecha mediática sobre el derroche público o sobre un Estado derrochador no tienen ninguna base..
Por otra parte, tampoco podemos ignorar que nuestro sistema de imposición fiscal sigue siendo un de los más bajos del promedio europeo, lo que implica una recaudación crónicamente insuficiente con la que se podría equilibrar realmente las cuentas. En el Estado español aún no se aplica un principio esencial de cualquier sistema fiscal que busque ser progresivo y que tenga como objetivo una redistribución económica basada en criterios reales de justicia social: que paguen más quienes más tienen y no al revés.
En definitiva, todo apunta que este nuevo Gobierno continuará con su política de la pasada legislatura de privatizar servicios públicos, muchas veces sin reconocerlo o usando el término “externalizar” para disimularlo. Esto implica, como vemos por ejemplo en Sanidad, un aumento real para las arcas públicas (transferencias a ciertos bolsillos empresariales) de los costes de los servicios públicos, ya que hay que añadir el IVA y el margen de beneficio, y en algunos casos el servicio que recibe la ciudadanía puede ser hasta un 36% más caro, sin contar con la calidad final del mismo. Además, se mantienen las inaceptables “tasas de reposición”, que impiden cubrir adecuadamente el personal en las Administraciones y en el sector público en general, para atender las necesidades sociales. Pues lo lógico, si buscamos la calidad de los servicios, es cubrir las vacantes conforme se vayan produciendo, prescindiendo de estas “tasas” limitadoras.
Estos recortes de lo público ya se vienen dando también en las condiciones laborales, como muestra el reciente anuncio de movilizaciones de los sindicatos del área de función pública (o de servicios a la ciudadanía), ante el incumplimiento del Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz de su compromiso de respetar, entre otros, el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI; los incrementos salariales pactados para el 2024 o la parte variable del 0’5% del 2023, una vez conocido que se superará el objetivo del 2’1 del PIB.
Incumplimientos que también incluyen la recuperación de la jubilación parcial para el personal funcionario o el carácter de mínimos de los permisos, algo también pactado. Así como el retraso, como consecuencia del adelanto electoral y la conformación del nuevo gobierno, de la implantación de las 35 horas en el ámbito de la administración del estado, la carrera profesional o la implantación del grupo B y la adaptación al Marco Español y al Marco Europeo de las cualificaciones del nuevo cuadro de clasificación profesional.
