Aitziber Jimenez de Aberasturi. Elsaltodiario.com
Sindicatos, colectivos autónomos y organizaciones políticas han llamado a tomar las calles de Euskal Herria el 30 de Noviembre, para denunciar los múltiples mecanismos de explotación y opresión sobre los que se sostiene la reproducción de la vida bajo el régimen capitalista. La creciente privatización y mercantilización del sector ocupará el centro de las protestas, puesto que lejos de garantizar el derecho colectivo a cuidar y ser cuidadas, se articula en función de los intereses de sus agentes económicos.
La financiarización de las residencias y el conflicto laboral que han sostenido las trabajadoras, son los elementos más visibles de un complejo sistema de fragmentación, jerarquización e invisibilización de las tareas de cuidados que esta huelga persigue señalar y superar. Mientras, las instituciones lejos de garantizar este derecho colectivo, producen continuamente nuevos nichos de enriquecimiento y formas de explotación.
La plataforma Denon Bizitzak Erdigunean hace especial énfasis en el notable empeoramiento de las condiciones de las trabajadoras, que consecuentemente repercute en una mala calidad de la atención. Es por todo ello que el Mugimendu Feminista de Euskal Herria convoca la huelga a favor de “un sistema de cuidados público-comunitario” junto con ELA, LAB, STEILAS, ESK, EHNE, Etxalde y CGT. Por su parte, la organización socialista de mujeres, Itaia, también hace un llamamiento a la huelga bajo el lema “Mismas condiciones de vida y de trabajo de calidad para todas”, basado en la necesidad de “unir fuerzas para trabajar por superar una sociedad capitalista que nos condena a la pobreza estructural”.
La correlación de fuerzas
El modelo de residencias masificadas, los cuidados a domicilio y el trabajo doméstico estuvieron en el ojo del huracán durante la crisis sanitaria y las medidas de carácter autoritario que la acompañaron. A los elementos estructurales ya denunciados en las pasadas huelgas internacionales feministas del 8M (2017, 2018 y 2019), como la feminización de los cuidados y el trabajo del hogar, o la exclusión de los derechos y coberturas sociales del trabajo formal que supone la Ley de Extranjería, se les suman ahora la presión asistencial y el empeoramiento de las condiciones generales de vida de los años post-pandémicos.
Bajo el lema, “el derecho a ser cuidadas a lo largo de la vida como a cuidar con derechos”, el movimiento feminista se pone el inmenso reto de movilizar a toda la sociedad en un acto, que segun muchos medios anuncian, será “histórico”. Una huelga como colofón a los conflictos laborales de las residencias vascas, los paros feministas pre-pandémicos y la campaña Regularización Ya!.
La crisis de reproducción social provocada por la pandemia de la covid-19, evidenció la importancia de las cuidadoras asalariadas y no asalariadas y hasta qué punto dependemos de ellas para sobrevivir. “Estamos prestando un servicio tanto a bebés, ancianos, como a todos los demás, que es muy importante y especial”, explica la trabajadora socio-sanitaria Sandra Ochoa. En aquellos meses, lo más grave de la pandemia se concentró en los ámbitos del trabajo de cuidados, que invisibilizados, están sometidos a regímenes de explotación brutales: las residencias privadas con ratios de atención inasumibles; las trabajadoras internas que fueron expulsadas de las casas en las que vivían, o los hogares de millones de familias que bajo el confinamiento vieron como las situaciones violencia patriarcal se agudizaba.
Así, como insisten desde la organización, las razones para movilizarse son infinitas, pero la capacidad de escalar el conflicto al conjunto de la clase trabajadora será la cuestión clave en esta jornada de lucha. El deseo de organizarse para mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras y garantizar un servicio de cuidados de calidad, comunitario y gratuito supone un intento de concreción de las revueltas de los cuidados que hoy encuentran un nuevo desafío.
Precariedad y mercado en expansión
Para Nagore Iturrioz , portavoz del sindicato Steilas, “únicamente un servicio público puede garantizar el cuidado de todas”, sin embargo, señala, estamos asistiendo su desmantelamiento: “Prueba de ello son las subcontrataciones privadas, las malas condiciones de las trabajadoras y el trabajo no remunerado”. La grave precariedad a la que están sujetas las tareas de cuidado y la falta de interés político en crear soluciones reales evidencia la desvalorización de ciertos trabajos de la mano de su división sexista.
Paralelamente, el negocio de los cuidados no ha parado de crecer. En el informe “El negocio de las residencias en Bizkaia”, las investigadoras feministas Júlia Martí y Flora Pozzobon realizan una precisa radiografía de la cada vez mayor mercantilización de las residencias de mayores. Este informe destaca “la creciente demanda producida por el envejecimiento demográfico y la crisis del tradicional modelo familiarista”. Y que esto, unido a las políticas de recortes y el fomento de alianzas público-privadas, ha permitido “abrir un nuevo nicho de negocio muy atractivo para el capital privado, que identifica aquí un ámbito de inversión seguro y con muchas posibilidades de crecimiento”. Hoy por hoy la gestión privada en Euskadi es muy mayoritaria y la gran rentabilidad del sector ha impulsado un agresivo proceso de compras y fusiones, lo que ha propiciado la entrada de gigantes como DomusVi o Colisée, que controlan por toda Europa 36.000 y 24.986 camas de residencias, respectivamente.
La imposición de esta lógica ha provocado que en lugar de garantizarse un buen servicio, con condiciones dignas tanto para usuarias como para el personal, se haya ido degradando, “llegando a producirse graves vulneraciones de derechos, especialmente durante la pandemia”, concluye el informe. Entre las principales consecuencias que la privatización ha causado en las residencias destacan los bajos ratios de trabajadoras, la falta de tiempo para unos cuidados humanizados y la vulneración sistemática de los derechos de las trabajadoras.
“Se aprovechan de nuestra situación de necesidad, de nuestro tiempo y condición”, denuncia Ochoa. A los bajos salarios, a las exigencias y compromisos abusivos, así como a los horarios e itinerarios insostenibles, se les suma una Ley de Extranjería que “no garantiza los derechos fundamentales y que condena a total vulnerabilidad y exclusión a las mujeres migrantes”, según señalan las conclusiones de Bilgune Feminista. Al fin y al cabo, estas son las personas que trabajan en los servicios domésticos, “totalmente feminizados y racializados”.
Es un trabajo de entrega y compromiso, “un trabajo emocional que nos exige mucha energía y empeño”. Ochoa recalca que “pese a las dificultades a las que nos enfrentamos a la hora de obtener igualdad de oportunidades en el mercado laboral, tiene que quedar claro que no nos están haciendo un favor ofreciéndonos ese trabajo, y que tampoco nosotras estamos haciendo un favor cumpliendo con las tareas de cuidados. Nosotras estamos prestando un servicio”. Un servicio que necesita unas condiciones y un salario de calidad lejos de la jerarquía laboral a la que actualmente estamos sometidas para poder ofrecerlo con calidad. Además, Ochoa recuerda que “son trabajos de riesgo para los que tenemos que estar preparadas incluso con conocimientos de primeros auxilios para poder socorrer a las personas que cuidamos en momentos de necesidad”.
Aislamiento en el espacio privado y desarrollo político
En vísperas de la huelga general, Iturrioz afirma que los procesos participativos son muy enriquecedores, pero también añade que el derecho a participar no está al alcance de todas. “Muchas mujeres no pueden hacer pausas laborales (porque su trabajo es ininterrumpido), porque no es ‘trabajo’ (no tiene retribución) o porque no tienen oportunidades (porque no hay una organización política mínima en el trabajo)”, escribía en Hordago la columnista Nerea Fillat.
Los trabajos de cuidado “exigen un trato directo y personalizado con las personas usuarias, y se desarrollan en el ámbito de la vida íntima y personal. En numerosas ocasiones, el centro de trabajo suele ser el propio domicilio, ámbito considerado privado”, explica Nahia Fernández, del Área de Políticas de Género del sindicato ELA en un artículo reciente. Esta situación relega a las mujeres a una condición de aislamiento que obstaculiza la posibilidad de construir redes, organizarse y desarrollarse políticamente.
Es más, la condición de aislamiento no es solo espacial, ya que la falta de tiempo también limita a las cuidadoras. Las trabajadoras internas dedican el 100% de su tiempo al trabajo, las externas lidian con itinerarios asfixiantes y muchas continúan trabajando cuando su jornada ha terminado y tienen que dedicar el tiempo restante al cuidado de hijos y familia. Esta condición de aislamiento priva a las mujeres de la posibilidad de encuentro, de debate y de su actividad política. En definitiva, no solo las priva del derecho a huelga o del mismo conocimiento de tal huelga, sino también y sobre todo de su derecho a la lucha para alterar de alguna manera la estructura de poder arraigada en esta sociedad.
Entre discursos y soluciones
A lo largo del mes de noviembre han sido muchos los agentes que se han posicionado a favor de “un modelo público y comunitario de cuidados”. Ejemplo de ello es el Congreso organizado por el Gobierno Vasco que se celebró a mediados de noviembre en Tabakalera (Donostia) por “un pacto vasco por los cuidados”. Como escribía Alba García Martín de feminisTalde! en Hordago, los gobiernos se han adueñado del lenguaje y “colocan el término ‘cuidado’ y el concepto ‘vidas en el centro’ en cada jornada, discurso o programa electoral”.
Ahora bien, a pocos meses de las elecciones autonómicas de Euskadi los partidos políticos remarcan su adhesión a las reivindicaciones de la huelga general. El PNV aboga por un sistema “público, transformador, feminista y comunitario” y EH Bildu por un “sistema de cuidados público y comunitario”. Estos términos resultan un tanto difusos, según explica una militante de Itaia. “Por un lado, pretenden que el sector público asuma los cuidados cuando el clamor por lo público fomenta la subcontratación: al no ser rentable, cae en manos privadas”. Explica que estos servicios dependen de un Estado sujeto a intereses capitalistas, arraigado a las decisiones de empresas privadas y sus intereses económicos, por lo que “este planteamiento que presenta al Estado como agente neutral está lejos de ser acertado”. Por otro lado, desde Itaia explican que en cuanto respecta al “cuidado comunitario”, trata de una condición que no se puede garantizar en una sociedad cada vez más individualizada como la nuestra; una sociedad enraizada en intereses capitalistas, un mercado en constante expansión, y una jerarquía laboral significativa imposibilitan la creación de condiciones adecuadas para un modelo comunitario.
García Martín argumenta desde feminisTalde! que “cuando hablamos de lo comunitario hacemos referencia a acabar con el sistema de macro residencias en el extrarradio y apostar por pisos o viviendas compartidas en los centros de las ciudades o pueblos, vinculados al tejido barrial, con mecanismos para el cuidado compartido”. Afirma que “creemos que es factible, al menos, caminar en esa dirección”. Sin embargo, Fillat añade que el asunto de los cuidados no se cierra en absoluto con la respuesta de los sistemas público-comunitarios “porque los cuidados no son solo eso y la reproducción por ejemplo no se ha tocado para nada en las discusiones de la huelga”. Si de alguna manera quisiéramos crear un sistema público-comunitario de cuidados, concluye, “hay que darle la vuelta a todo”: “no se consigue por medio de un convenio, no se consigue con que unas trabajadoras concretas tengan mejores condiciones. Un modelo público-comunitario es la consecuencia de un proceso, de la creación de una verdadera revolución”.
En la primera Huelga General Feminista de Euskal Herria, el movimiento feminista, los sindicatos de clase y otras organizaciones políticas que secundan esta jornada de lucha se enfrentan al enorme reto de erosionar una realidad capitalista cuyos mecanismos de explotación y opresión no parecen dar tregua. Ya lo decían las autoras Selma James y Mariarosa Dalla Costa: “el reto que enfrenta el movimiento de las mujeres es el de encontrar formas de lucha que, a la vez que liberan a las mujeres del hogar, (…) impidan otro nuevo grado de control y regulación capitalista”. Ahora, cabría preguntarse también –y sobre todo– qué pasará con el sector de los cuidados una vez terminada la jornada. ¿Qué cambios se materializarán para que la huelga no se quede solo en una puesta en escena?
