El Gobierno PSOE-UP quiere traspasar a las mutuas empresariales la atención sanitaria de la población trabajadora

Recientemente, José Luis Escrivá, el ministro-banquero por imposición de la UE al ejecutivo de Sánchez que lleva la cartera de seguridad social y pensiones, ha remitido a las Comunidades Autónomas un convenio tipo para que los servicios sanitarios públicos cedan a las mutuas privadas la atención de las contingencias comunes de los trabajadores y trabajadoras.

Aunque esta propuesta, remitida a los medios por el sindicato vasco LAB, está todavía en fase de borrador, conviene  conocerla y difundirla porque su aplicación implica una privatización de gran parte de la atención sanitaria pública española, al parecer ya asumida por el gobierno PSOE-UP a instancias de Bruselas y las multinacionales europeas del sector.

Como puede verse en el documento filtrado, esta propuesta de convenio tipo está ya preparada para que las y los responsables de los gobiernos autonómicos y mutuas puedan rubricar, respectivamente, la cesión y aceptación por cuatro años prorrogables  de las “competencias exclusivas” de atención a los problemas de salud de los trabajadores y trabajadoras (las llamadas bajas e incapacidades por “contingencias comunes”).

Las estipulaciones de este «Convenio de Cooperación y Coordinación para la mejora en la gestión de la incapacidad Temporal y de Asistencia Sanitaria», han sido ya conveniadas entre el Ministerio de Seguridad Social y la Asociación española de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), presidida por Fernando Casado. Mientras que su interés manifiesto es que las mutuas se conviertan en el eje vertebrador de la sanidad para la población activa, dejando que  los servicios públicos de salud cubran sólo la población infantil y jubilada.

Mediante esta división entre población “activa” y “pasiva”, el convenio establece por la vía de los hechos una suerte de doble circuito sanitario. Por una parte, impone la gestión privada de la atención a la población con capacidad para trabajar; por la otra, mantiene el carácter público de la asistencia sanitaria a quienes no sean útiles o “productivos” laboral o económicamente.

En el caso de la población “productiva”, este traspaso a las mutuas de la gestión de las bajas también incluye las pruebas médicas, tratamientos, intervenciones y rehabilitaciones que se consideraran necesarias. Daría igual un tratamiento para la depresión que una infección de riñón o una rodilla rota en un paseo por el monte, todo quedaría en la privada. 

Además, también se  otorga al personal médico de las mutuas la capacidad para firmar el alta de un paciente enfermo —aunque no sea por accidente de trabajo— y de fiscalizar al personal médico de la asistencia sanitaria pública, exigiéndole la remisión de los informes demandados en el plazo de cinco días.

Pero, si desde el primer día de incapacidad temporal —de baja— la mutua propusiera un tratamiento, prueba o intervención y el médico de la sanidad pública no respondiera a tiempo, la mutua podría realizar las intervenciones que considere, “siempre en beneficio de los intereses productivos de la empresa, para reducir el periodo de baja del trabajador”.

Procedimiento que supone, por tanto, no solo la realización de pruebas piloto sin control público, también el acceso privado a los historiales clínicos de los y las pacientes atendidas. Todo ello, justificado supuestamente por la necesidad de «mejorar la eficacia en la gestión y el control de la Incapacidad Temporal de las contingencias comunes».

Estamos pues ante una amplia e intensa privatización de la asistencia sanitaria pública, aunque el   ministro Escrivá y AMAT la definen en otros términos, como una “nueva relación público-privada” del Estado con las mutuas patronales. Consideran que “Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de su naturaleza privada”.

Planteamiento, por cierto, bastante alejado y contrapuesto con la defensa del sistema sanitario público que el gobierno del PSOE-UP prometió defender y que, como ocurre por ejemplo con la reciente reforma de las pensiones, tratará de justificar apelando a la “insostenibilidad” e ineficacia actuales.

“Ineficacia” que, como demostró en toda su crudeza la pandemia del COVID, obedece en primer término a las décadas de recortes y privatizaciones parciales realizadas por los sucesivos gobiernos del PP-PSOE. Y una “insostenibilidad” inseparable de la priorización que haga cada ejecutivo del gasto social versus militar, como ha ocurrido este año 2023, de los presupuestos del estado y de las comunidades autónomas.