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LOS MALOS RESULTADOS DE LA IZQUIERDA TIENEN EXPLICACIÓN. AHORA HAY QUE ACERTAR EN LA RECTIFICACIÓN.
Han sido muchas y muy rápidas las lecturas que se han hecho del resultado de las elecciones del 28 de mayo. Tribuna Socialista quiere dar su punto de vista, pues no en todo coincidimos con lo leído y escuchado.
La valoración cuantitativa, es negativa para la izquierda. Mientras en las municipales de 2019, el PSOE le sacó al PP 1.598.577 votos, el pasado domingo, el PP le ha sacado al PSOE 757.727 votos. Ciudadanos ha tenido una caída del -84%, de lo que se han beneficiado PP y VOX. El proyecto de Sumar ha terminado restando, y Podemos ha corrido casi la misma suerte que Ciudadanos.
La participación media en 2019 fue del 65,2%, frente al 63,91 de este pasado domingo, o lo que es lo mismo, la abstención ha alcanzado en las dos últimas contiendas electorales el 35% del electorado.
Los resultados tienen un denominador común: el ascenso de PP y VOX. Ell PP ha obtenido 1.988.092 votos que se nutren de 1.574.707 que han dejado de recibir las candidaturas de Ciudadanos, más los 368.212 que han dejado de votar al PSOE y que probablemente han migrado al PP.
Sin embargo, esta pauta no se ha producido en todas las comunidades y municipios. Nadie está resaltando que el PP, en su flamante Comunidad de Madrid, donde ha obtenido más diputados, lo ha hecho con -44.623 votos que en 2019 (-2,73%). La clave de este resultado está en la desaparición de Podemos, que, a pesar de recibir 158.831 votos no ha obtenido ningún diputado (Podemos obtuvo en 2019, 263.871 votos). Hay que decir que si Podemos hubiese entrado en la Asamblea de Madrid no hubiesen dado los números para gobernar, aunque sí para que Ayuso no tuviese mayoría absoluta.
En Extremadura, la derrota del PSOE sólo es atribuible al propio PSOE, que ha caído un -15,73% en sus votos (-45.253 votos). Mientras que el PP ha recibido 67.108 votos más que hace cuatro años. Este es uno de los casos en los que es muy evidente el trasvase de votos del PSOE al PP.
En el País valenciano el contexto ha sido diferente. La coalición de Gobierno de PSOE con Compromís y Podemos se podría haber reeditado si no se hubiesen hundido las dos últimas, pues el PSOE ha crecido en 4 diputados y en 47.806 votos: Compromís ha perdido 2 diputados (-94.594 votos) y Podemos ha perdido sus 8 diputados por una caída del 60% de los votos. A lo anterior hay que sumar que PP y VOX se han repartido los 434.630 votos de Ciudadanos.
Si las circunstancias en las diferentes comunidades son variadas, en los municipios más si cabe. Sin embargo, hay casos muy llamativos. Uno de ellos es el de Arroyomolinos (Madrid), donde la alcaldesa del PP está imputada por varios casos de corrupción. Pues bien, en este municipio, el PP ha duplicado sus votos y ha pasado de 5 a 8 concejales. Mientras que, en Móstoles, otro municipio cercano al anterior, donde la alcaldesa presuntamente corrupta es del PSOE; sí se ha impuesto la coherencia: El PSOE ha pasado de 10 a 7 concejales y, consiguientemente, perderá la alcaldía.
La casuística es muy diversa, pero el repaso cuantitativo de estos ejemplos nos permite sacar nuestros puntos de vista cualitativos.
La primera conclusión, no por novedosa, es que el electorado de derechas no castiga la corrupción, mientras que el electorado de izquierdas no la tolera; prueba de esto es el caso de Móstoles, o el enorme daño que ha hecho en Andalucía el caso de los ERE, en tanto que al PP no le pasan factura sus desmanes.
La segunda es que el PP ha ganado estas elecciones dopado con los votos de Ciudadanos, un partido que ha ejercido de mamporrero del PP desde sus comienzos con Albert Rivera, hasta el final de sus días, dejando más de 1,5 millones de votos de herencia al PP y a VOX.
La tercera conclusión es que la izquierda ha venido gobernando, como casi siempre, con paños calientes (políticas liberales) en las políticas económicas y con paños socialdemócratas en las políticas sociales, algunas de estas última no ejecutadas con demasiada fortuna. Es la constatación de que cuando se pretende contentar a todos se suele molestar a la mayoría, principalmente a la mayoría del voto natural de la izquierda.
A lo anterior hay que añadir decisiones que el electorado de izquierdas ni entiende ni le gustan, por ejemplo:
- En lugar de avanzar hacia el laicismo, o como mínimo respetar la aconfesionalidad constitucional, el Gobierno ha extendido a todas las religiones las exenciones de la que goza la Iglesia católica.
- La posición de los partidos que se reclaman de la izquierda respeto a la defensa de los servicios públicos es poco clara, cuando no se han puesto de perfil. Es el caso de la escasa o nula implicación que los partidos y candidatos de la izquierda han tenido, salvo para hacerse fotos en las movilizaciones, en la defensa de la Sanidad Pública, recayendo el esfuerzo en las asociaciones médicas corporativas y en el resurgente movimiento vecinal, al menos en Madrid.
Tanto en los programas electorales, como en sus declaraciones, no queda clara la posición respecto a la colaboración público-privada como vía para la privatización. Lo que si suele quedar claro es la posición favorable a estas colaboraciones, y en coherencia ni una palabra respecto a compromisos que reviertan las políticas privatizadoras de la derecha, y de algunos gobiernos autónomos progresistas.
- Es llamativo el “dejar hacer”, aun con posicionamientos de cara a la galería, en el seguidismo que nuestro país está haciendo del atlantismo. ¿Desde cuándo la izquierda avala el militarismo? Se echa de manos la posición del PSOE contra la guerra de Marruecos, plasmada en “El Socialista” del 19 de agosto de 1921, donde señalaban los dos tipos de patriotismo que había en España: el de las exaltaciones y el de los trabajadores. Rechazaban la guerra que siempre esconde intereses económicos, pero que son los hijos de la clase trabajadora quienes pagan con su vida. O el contundente rechazo de la guerra en Irak, en 2003.
Mientras se escatima en Educación, en Sanidad y en Dependencia, no se duda en incrementar los presupuestos militares.
- A finales de 2021, se aprobó la Ley 21/2021. Esta Ley, aprobada con los votos de toda la izquierda, no se está cumpliendo en el importante mandato legal que establece que el Gobierno encargaría una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, en el plazo de un mes (plazo que venció a finales de enero de 2022) y que presentaría un Informe de la Auditoría en el plazo de seis meses, plazo que venció a final de junio de 2022). De esta Auditoría depende se clarifique cuál es la cuantía de la “hucha de la Pensiones”. En lugar de cumplir con estos preceptos legales, se lleva a cabo una nueva reforma del sistema y se mantiene el falso mantra de la insostenibilidad de las Pensiones Públicas.
- Los paños calientes del PSOE, junto con alborotos innecesarios de los socios de Gobierno, han dejado intacta la Ley Mordaza. Una Ley intolerable heredada del Gobierno del PP (Rajoy) que ataca derechos como la libertad de expresión y movilización.
- Mientras que las grandes empresas y los comisionistas se han llenado los bolsillos, la clase trabajadora: asalariados y pensionistas, han visto como se han empobrecido con el alza de los precios (2021 y 2022 se ha perdido mucho poder de compra). Mientras que desde el Gobierno se adoptaban medidas paliativas de escaso y limitado alcance.
Ahora nos cuentan que el IPC está moderándose, que no significa que los precios bajen. Mientras el precio de la vivienda, en alquiler y en propiedad, no para de subir y se incrementa en cantidad insoportable los precios de las hipotecas.
Se podrían poner muchos otros ejemplos, pero el listado sería largo.
La izquierda debe dejar de hacer seguidismo del liberalismo que lleva a la clase trabajadora a la ruina y al mundo a la barbarie. Debe ser fiel a su razón de ser: un partido político es una herramienta para resolver problemas, si no es para eso es un estorbo.
Los partidos de la izquierda, incluidos muchos de sus militantes, asumen los mantras que se les imponen desde la derecha. Es llamativo que los apoyos que Bildu ha venido dando a lo largo de la legislatura; la mitad de esta campaña pasada ha versado sobre los exmiembros de ETA que figuraban como candidatos en la lista de ese Partido. Nosotros nada tenemos que ver con el mundo abertzale, pero nos negamos a cuestionar a ciudadanos que han cumplido sus penas y ahora se insertan en la sociedad por la vía política. Por el contrario, se está asumiendo como “normal” que un partido abiertamente fascista (negacionista de la libertad y la democracia) forme parte de gobierno en todos los ámbitos del Estado.
Tanto los colaboradores de TS en sus artículos, como el Comité de Redacción en nuestras editoriales, lo venimos diciendo desde hace tiempo: entre la mayoría social se detecta la sensación de una gran orfandad política.
La misma determinación que ha demostrado el presidente del Gobierno para anticipar las elecciones generales al 23 de julio nos gustaría verla a la hora de adoptar políticas económicas que afronten los problemas de la mayoría y para cumplir con las promesas electorales que se hicieron, y eso va por todos y todas.
