Las trabajadoras españolas protagonizan la conflictividad laboral y otros datos

Como señala Gessamí Forner en el saltodiario.com,  casi dos terceras partes de las personas que este año han secundado una huelga son mujeres. Según el avance estadístico del Ministerio de Trabajo correspondiente al primer trimestre de 2023, en este período han supuesto más del 62% de quienes  siguieron alguna huelga.

La variable de género aparece por primera vez en el avance estadístico de 2023, que confirma que el porcentaje no es una circunstancial, sino una tendencia. Sanitarias, trabajadoras de la limpieza, del SAD, dependientas, maestras, etc. Las 23.277 huelguistas de este año —frente a los 14.253 huelguistas varones— son coherentes con el mismo periodo del año anterior, aún más elevado: el 73% del total de huelguistas también fueron mujeres (11.273, frente a 4.159 hombres). 

Por jornadas trabajadas, en ambos años el porcentaje baja al 56%, por lo que se deduce que en los sectores feminizados los sindicatos convocados más convocan más frecuentemente paros parciales, quizá por el prejuicio de que las mujeres no se movilizan.

Ni Salario ni conflicto

Los datos no solo tumban concepciones sociales, también eslóganes. El lema de Comisiones Obreras en 2022 fue Salario o conflicto. Pero ni una cosa ni la otra: el Ministerio de Trabajo registró el pasado año un total de 679 huelgas en el Estado, solo 73 más que en 2021, aún trastocado por el cóvid. Antes de la pandemia, en 2019, hubo 898. 

Como es habitual, en 2022 la Comunidad Autónoma del País Vasco fue el foco de las huelgas: concentra el 47% de las movilizaciones celebradas en el Estado, 320 de 679. Un porcentaje que se eleva al 56% si se añaden las de Navarra (otras 58). Los sindicatos ELA —primera fuerza sindical y con la caja de resistencia más potente del Estado— y LAB —segunda fuerza— tiran del carro del conflicto laboral y, desde ahí, elevan los salarios. 

Los mejores convenios colectivos se firmaron en Gipuzkoa, con una variación salarial del 6%. Le sigue Araba con un 5,21% y Bizkaia se sitúa en el 4,26%, frente a una media estatal del 2,85% (o 3,02%, según la revisión final con el IPC). El País Vasco, además del incremento medio más alto (del 5,07%), también tiene la jornada más corta: 1.688 horas al año, frente a las 1.735 horas de media en el Estado. Una cifra que se mantiene casi invariable desde hace dos décadas. En Navarra, la variación salarial ha sido del 4,49%, por lo que Hegoalde se sitúa a la cabeza del Estado tanto en conflictividad salarial como en mejoras en la nómina. 

Por territorios, los mejores incrementos salariales se han pactado en Galicia —donde el sindicato CIG es el mayoritario— con un 3,94%. Le sigue País Valencià (3,76%), Cantabria (3,69%, único territorio donde la campaña de Salario o conflicto fue una realidad con el sector del metal movilizado en verano) y Catalunya (3,13%), donde CGT movilizó al 87% de quien secundó un paro. El resto de territorios han pactado por debajo del 3%.   

La mayor parte de los convenios firmados pertenecen al sector servicios —1.729—, industria tiene 1.219, construcción solo 79— y agricultura y ramadería, 57. Los responsables de Comisiones Obreras representaron en la firma de los 1.025 convenios colectivos el 36% de los delegados, los de UGT el 31% y “otros sindicatos”, el 29%. Desglosados, los números cambian: mientras en los convenios de empresa los “otros sindicatos” y “grupos de trabajadores” se elevan al 41%, en los convenios de ámbito superior, descienden al 17% —CC OO y UGT firman, sobre todo, convenios estatales—. 

Por territorios, destaca Andalucía. A pesar de su población, solo registró 25 huelgas en 2022. En general, la tendencia del conflicto laboral apunta a una tendencia a la baja en el Estado, tal y como indica la serie histórica de los últimos 40 años. A pesar del aumento de la población trabajadora en el Estado, y de la pérdida salarial de las crisis de 2008 y la actual, la clase trabajadora se moviliza en contadas ocasiones, excepto donde la implantación de sindicatos combativos está arraigada. 

Codicia empresarial y “paz social”

Como señala José Antonio Gómez, en Diario16, la crisis de 2008 supuso el punto de inflexión de la ruptura de las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores. A esto hay que sumar la pérdida de capacidad adquisitiva que sufrieron las clases medias y trabajadoras con la entrada de España en el euro y una inflación oculta del 66%.

La caída de Lehman Brothers supuso el pistoletazo de salida de la invasión hostil de las clases dominantes sobre el resto de la población. Este hecho se demuestra en el incremento irracional de los niveles de desigualdad y de pobreza. Mientras los poderosos acumulan más riqueza, los trabajadores tienen más dificultades aunque ocupen puestos que, en otro escenario, les supondría salarios más que dignos.

La realidad es que esa invasión económica violenta de las élites empresariales, financieras y económicas está provocando que los sueldos valgan cada vez menos para las familias, lo que repercute también en la macroeconomía de España. Los salarios pierden fuerza respecto a las rentas del capital en el PIB. Eso es un hecho indiscutible.

Actualmente, lo que perciben las clases medias y trabajadoras apenas supone un 47% de la riqueza nacional y se sitúa en niveles del año 2012, es decir, en los momentos más duros de la crisis económica. Desde que en 2010 se bajó del 50%, no ha habido recuperación a pesar de que los datos macroeconómicos indican que el PIB de España está remontando.

Eso quiere decir que los trabajadores sufren una estafa empresarial y que no se les está remunerando. Esa es la razón por la que, mientras los salarios se mantienen en niveles más propios de un país en desarrollo o, dependiendo del sector, del tercer mundo, los beneficios empresariales se disparan. Alguien se lo está llevando crudo y nadie hace nada para evitarlo.

Tanto la renta per cápita como la renta disponible de los hogares se ha empobrecido y se sitúa a niveles de 2009, cuando en España aún no se habían sufrido los efectos más crueles de la crisis económica y la burbuja inmobiliaria todavía no había estallado de manera definitiva.

En España tener un trabajo ya sólo sirve para sobrevivir, no es una herramienta para crear un proyecto de vida. Las familias han perdido renta disponible y el salario medio de convenio se ha quedado un 4,2% por debajo del IPC.

Papel del sindicalismo mayoritario

Ante esta grave situación las direcciones de los sindicatos mayoritarios han lanzado una campaña de movilización en torno al 1º de mayo que lleva un curioso lema “Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios”.

En su comparecencia, Unai Sordo y Pepe han planteado que este primero de mayo debe ser algo más que un “ritual” y que trabajadores y trabajadoras “no pueden obviar el ciclo electoral trascendente” en el que estamos, que Sordo ha calificado como el “más importante desde 1982”. 

E igualmente han defendido al gobierno del PSOE-UP y las reformas pactadas en la Mesa del Diálogo Social. Desde la laboral a la de las pensiones, añadiendo que en lugar de tantas movilizaciones testimoniales como las de los pensionistas, valen más la pena las Mesas de “Diálogo Social”, porque aún se está a tiempo de modificar la regulación de los despidos.