Guillermo Cieza. Resumenlatinoamericano.org
La reforma constitucional impuesta al pueblo de Jujuy ha sido un ensayo local, de la estrategia que distintas alianzas plantean extender nacionalmente en el próximo gobierno. Lo ocurrido hasta el momento, caracterizado por un fuerte alzamiento del pueblo jujeño, plantea algunos interrogantes.
El ensayo de Jujuy impulsado por el gobierno de Gerardo Morales tiene todos los componentes para intentar un ajuste acelerado, de acuerdo a lo pactado por el FMI. Estos componentes son: : acuerdo de partidos mayoritarios, beneficio directo a los intereses de Estados Unidos, saqueo de recursos naturales, despojo a las comunidades originarias, precarización de la vida de los trabajadores y nueva legislación para avalar el avance represivo.
Repasemos estos componentes.
El gobierno de Morales es fruto de una alianza de un sector del radicalismo, que es parte de Juntos por el Cambio, y un sector del peronismo que responde a Sergio Massa. El hombre de Massa es el actual vicegobernador Carlos Haquim, que siempre fue un fuerte referente del Frente Renovador en la provincia. Por fuera de la alianza gobernante, Morales ha mantenido siempre buena relación con el peronismo provincial (Frente Justicialista), que lo apoyó con sus votos en la Convención Constituyente para consagrar la reforma. La excepción fueron 2 legisladores justicialistas que estuvieron ausentes y los 6 legisladores del FIT, que se fueron de la Convenciòn..
La Jefa del Comando Sur de Estados Unidos fue muy clara en el sentido que considera al litio argentino, como parte de las reservas estratégicas de su país. La Argentina hasta el presente es el país que menos condicionamientos ha puesto a las multinacionales extranjeras para que puedan saquear ese mineral. Gracias a la reforma Constitucional de 1994 acordada por Menem y Alfonsin, los recursos naturales son negociados por las provincias, lo que garantiza al gobierno de Jujuy continuar cobrando por el actual despojo y aún profundizar las ventajas para el capital extranjero. La reforma constitucional de Jujuy, se propone liberar a las multinacionales algunos obstáculos que ponían las comunidades originarias que son poseedoras de tierras donde hay yacimiento de litio y otros minerales.
Los sueldos públicos de docentes, estatales y trabajadores de la salud de Jujuy están entre los más bajos del país. Se suman a esta situación de precarización la implementación de contratos basura y las dificultades que tienen las comunidades para acceder a la vivienda, agua y otros servicios básicos.
La nueva legislación represiva impuesta por la nueva constitución quita derechos laborales con sanciones penales que afectan el derecho a la protesta, de huelga y de la libre expresión.
Características del conflicto
La primera respuesta al manotazo ajustador del gobierno de Morales surgió de los tres gremios docentes, que son sindicatos clásicos, con extensión territorial y mucha vinculación con las comunidades. Estos sindicatos son el Centro de Docentes de Educación Media y Superior (CEDEMS), la Asociación de Educadores provinciales (ADEP) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP),
A la protesta docente se sumaron posteriormente otros gremios como los estatales provinciales y los municipales, los trabajadores de la Salud, las organizaciones ambientalistas y también las comunidades originarias. El gobierno de Morales hizo caso omiso de las protestas y aceleró el tramite de una reforma que al principio iba a ser tratada en 90 días y se aprobó entre gallos y medianoche
La característica más destacada del conflicto es que no existen fuerzas políticas o sindicales que actúan como amortiguadores. No hay referentes políticos que intentando representar al conjunto de la protesta, puedan actuar como conciliadores. Incluso desde lo institucional, la bancada del FIT, se retiró de los debates del Congreso previos a aprobar la reforma y decidió ir a la calle a acompañar las protestas. La falta de politicos que actúen como bomberos de la protesta social contribuye a que se extienda el incendio de los reclamos. La respuesta del gobierno de Morales es coherente con los antecedentes represivos de gobiernos radicales que cuentan en su haber: la Semana trágica, los fusilamientos de la Patagonia, los asesinatos de la Fusiladora, y los muertos de diciembre de 2001. Reprimieron los cortes de ruta en el interior con saldos de decenas de heridos y detenidos.
El gobierno nacional está complicado para intervenir porque no le resulta fácil despegar de las iniciativas políticas y los hecho represivos ordenados por Morales, que contaron con el apoyo del justicialismo que es parte del gobierno o voto a favor de la reforma en el parlamento. Jujuy rompe el relato de la grieta política, porque todas las medidas antipopulares fueron consensuados por Juntos por el Cambio, el masismo y los jefes políticos locales del justicialismo.
Para agregar originalidad al escenario presentado, el reclamo por la libertad de Milagro Salas, que ilusionó a sectores kichneristas y progresistas como un eje que podía aglutinar voluntades por fuera de las componendas de renovadores y pejotistas con Morales, no ha sido retomado como bandera en la protesta. También esa referente, hoy injustamente detenida, ha pasado ser parte de la “vieja política”, que el pueblo movilizado jujeño rechaza.
Todavía es difícil hacer pronósticos sobre cómo terminará este conflicto. El pueblo sigue en las calles y se multiplican los cortes de ruta. Lo que es seguro es que, el ensayo jujeño, no le ha salido bien al gobierno de Morales y también golpea al gobierno nacional. Para las fuerzas populares echar abajo la reforma, puede ayudar a levantar los ánimos y servir de ejemplo.
