Giulio Marcon. Sbilanciamoci.info
El gobierno continúa desfinanciando la salud pública, mientras que el crecimiento de las desigualdades en el acceso a los beneficios es ahora una emergencia en todas partes. El sábado 24 de junio por la mañana, más de 60 asociaciones, incluidas las de la Campaña Sbilanciamoci, salieron a las calles de Roma junto con la CGIL.
El sábado 24 de junio, más de 60 asociaciones y campañas (incluidas las organizaciones de personal sanitario y de enfermos) junto con la CGIL toman las calles de Roma.
Desde las 10.00 salieron de Piazza della Repubblica hasta Piazza del Popolo –para la defensa y el renacimiento de la salud pública y el Servicio Nacional de Salud (para información: www.collettiva.it). Hace poco más de un año, muchas campañas, asociaciones y la CGIL firmaron un «pacto de consulta» que –junto con otras siglas– además de la manifestación del 24 de junio ha puesto en marcha una gran manifestación nacional para el 30 de septiembre: «Juntos por la constitución» para reclamar los derechos del trabajo, la paz, el medio ambiente, el bienestar, contra los proyectos de autonomía diferenciada y transformación presidencial de nuestro orden constitucional.
La manifestación del 24 se enfrenta a una verdadera emergencia nacional: la de la salud pública. Hemos experimentado años de desfinanciación del sistema de salud pública (menos 37 mil millones de euros entre 2010 y 2019) y privatizaciones crecientes. Lo privado se expande dramáticamente. Para decirlo con un lema: cuando todo es privado, seremos privados de todo.
A esto hay que añadir la dramática escasez de personal y las desigualdades en salud entre el norte y el sur del país. En Campania se vive tres años menos que en Trentino y diez años menos con buena salud. El proyecto de autonomía diferenciada corre el riesgo de acentuar dramáticamente este proceso, con 20 servicios de salud diferentes dependiendo de la riqueza y la inversión de las regiones en estructuras y personal. Un Servicio Nacional de Salud con geometría variable, a la carta, que hace vano el artículo 32 de la Constitución sobre el derecho a la salud para todos los ciudadanos.
La desfinanciación de la salud pública continuará en los próximos años. El Def (Documento Económico y Financiero) del gobierno de Meloni prevé pasar del actual 7% del PIB en 2022 al 6,6% en 2023 al 6,3% en 2024 y al 6,2% en 2025. En términos absolutos, el gasto sanitario público caerá en 2024 hasta los 132.737 millones (-2,4% respecto a 2023): en 4 años la reducción del gasto sanitario sobre el PIB será del 11,4%. Esto ante las crecientes necesidades de salud debido al envejecimiento de la población y la creciente necesidad de servicios e intervenciones relacionadas con la medicina preventiva y territorial. El colapso de muchas salas de emergencia de hospitales se debe precisamente a la grave falta de instalaciones en el área. En otros países la situación es radicalmente mejor: en Alemania y Gran Bretaña el gasto sanitario como porcentaje del PIB supera el 7%, en Francia el 8%.
El PNR no resuelve los problemas: no aborda la cuestión del personal y las estructuras territoriales, como las casas comunitarias, son cajas vacías, que corren el riesgo de llenarse con prácticas privadas de médicos, dentistas, pediatras, psicólogos. Casi 10 millones de italianos abandonan el tratamiento porque no tienen ingresos suficientes y aquellos que están en condiciones de hacer un análisis o un examen urgente todavía se ven obligados a recurrir a una estructura privada, para no entrar en las listas de espera de meses en instalaciones públicas.
Tomemos el caso de Roma. En 20 años, los trabajadores de la salud precarios han crecido un 87% y el personal estable ha disminuido un 12%, las camas han disminuido un 24% y los que no son autosuficientes tienen una esperanza de años de vida un 25% menor. Y lo que sucede en Roma, sucede en muchas otras ciudades italianas, especialmente en el sur, donde las tasas de emigración de salud (traslado a otros hospitales en el centro-norte para recibir tratamiento) son muy altas.
Es una emergencia nacional, pero las regiones más ricas tenderán a aumentar sus diferencias con el resto del país. Las desigualdades crecerán aún más. A partir del evento puede comenzar una gran movilización generalizada, una campaña nacional que involucre a asociaciones de usuarios, sindicatos, campañas de salud pública.
La Constitución material y formal del país es atacada contra el derecho a la salud, pero también contra la educación, el medio ambiente, el trabajo y la paz donde el cumplimiento del arte. 11, del repudio de la guerra, con la participación –a través del suministro de armas– en la guerra en Ucrania.
Esta alianza entre CGIL y el mundo asociativo es, por lo tanto, fundamental. Una alianza que aúna la representación del trabajo con la representación social de muchas cuestiones que implican la ciudadanía activa, el respeto a los derechos, la participación protagónica de millones de ciudadanos. Juntos por la Constitución, para defenderla de los ataques del centro-derecha, pero también para implementarla y relanzarla –75 años después de su promulgación– en nombre de la justicia, la solidaridad y la paz. No para unos pocos, sino para todos.
