Juanjo Llorente. Comunista.info
Agotando casi los plazos para un acuerdo de gobierno entre el PSOE y los partidos soberanistas catalanes, éste finalmente parece haberse producido, tras consensuar el contenido de una ley de amnistía y demás aspectos vinculados a la “des-penalización” del derecho de los pueblos a pronunciarse sobre su futuro.
Este acuerdo se ha planteado, como era previsible, rodeado de una fuerte presión de las instituciones reaccionarias del aparato de Estado, medios de comunicación, partidos y asociaciones ciudadanas vinculadas al franquismo. Una presión que en los últimos días ha combinado las iniciativas legislativas y parlamentarias con la presencia testimonial (a veces violenta) en las calles y frente a las sedes del PSOE, de manifestantes claramente posicionados con la ultraderecha, planteando entre otras cosas que el futuro presidente de gobierno es un “traidor” y que la amnistía supone acabar con la Constitución del 78.
Sin embargo, la amnistía para todos los demócratas y en particular para quienes el 1 de octubre de 2017 trataron de promover una consulta ciudadana soberanista, sigue siendo una cuestión central en torno a la que gira, no sólo la posibilidad de futuro gobierno de coalición amplia del PSOE, Sumar y las organizaciones nacionalistas; también el propio marco constitucional de monarquía parlamentaria otorgada por el franquismo y que se mantiene “bloqueado” a todos los efectos por la nula ruptura con este régimen.
Llegar a este acuerdo de gobierno en torno a una ley de amnistía supone, por tanto, ir más allá del actual entramado jurídico-político, reconocer a todos los efectos que no se puede construir un futuro de avances y de convivencia entre los pueblos del Estado aplicando las leyes represivas a quienes han actuado o se han movilizado por reivindicaciones democráticas. Supone dar un paso adelante hacia la democracia y las libertades formales. Por eso las fuerzas franquistas y reaccionarias del estado se han puesto en máxima alerta y continuarán, previsiblemente.
Los trabajadores de todos los pueblos del Estado defendemos la amnistía y las libertades
Al hablar ahora de amnistía y promover una ley se asume abordar una de las cuestiones que fue negada en la llamada “transición”: la posibilidad de que el pueblo catalán, y con él todos los pueblos que forman el Estado, puedan decidir su futuro liberándose de la carga de su pesada herencia franquista. Una herencia que sigue, en los hechos, controlando las instituciones del Estado y que se condensa en la persona e institución monárquica.
Instituciones, todas ellas, que no solo buscan preservar sus privilegios heredados de la dictadura, sino que, por encima de todo, dan cobertura a la libertad de los capitalistas, de la banca, de los monopolios, de explotar a la clase obrera y de hundir en la miseria a todos los sectores populares, por medio de la inflación, producto pura y simplemente de la especulación. Como se gritaba en las calles en los tiempos del 15-M “lo llaman democracia y no lo es”.
Conseguir la amnistía es un avance democrático, y no sólo para los miles de ciudadanos y ciudadanas catalanes (la inmensa mayoría, jóvenes) amenazados de juicio y condena. Y debe ser un paso, igualmente, para acabar con toda la legislación represiva empezando por la Ley Mordaza, que afecta entre otros a centenares de trabajadores represaliados.
Sobre las políticas y acuerdos de la coalición del futuro gobierno
Junto con la ley de amnistía, las conversaciones del PSOE con el resto de fuerzas comprometidas en la investidura de Pedro Sánchez también han cuajado en una serie de acuerdos y compromisos concretos de gobierno. En este sentido, hay que resaltar que por mucho que el acuerdo de gobierno disipe la posibilidad de un gobierno de los franquistas, no podemos adherimos a ciegas –como no lo hacen millones de trabajadores- a estas propuestas incluidas en los acuerdos para conformar el nuevo gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz.
La razón es clara: estos acuerdos (de máxima pluralidad y mínimo compromiso concreto) no resuelven las reivindicaciones pendientes de la clase trabajadora, tanto sociales como económicas, no garantizan a la población trabajadora llegar a fin de mes, ni a los jóvenes acceder a una vivienda (para ello sería necesario garantizar un aumento de salarios y pensiones según el IPC real), ni permiten salvar la sanidad pública, en grave peligro, la enseñanza, los servicios públicos, las pensiones…
Estos acuerdos tampoco ponen fin al despilfarro de los gastos militares. Ni abren la perspectiva de acabar con los privilegios y abusos de la Iglesia católica, implantando la separación real de la Iglesia y el Estado, una cuestión de rabiosa actualidad tras la publicación de datos que hablan de más de 400.000 niños objeto de abusos Y en este sentido es preocupante el silencio de todas las fuerzas políticas al respecto.
Cuando la investidura de Pedro Sánchez se produzca, comenzará una nueva etapa, en la que el factor decisivo va a ser la acción y organización de la clase trabajadora, la lucha de clases. Porque la formación del nuevo gobierno -cuya estabilidad, además, va a depender del beneplácito de algunas formaciones “nacionalistas” de derechas- no es, en sí, garantía suficiente.
En esta nueva etapa, la necesidad de que las organizaciones de trabajadores, jóvenes, pensionistas mantengan su independencia en relación al gobierno es clave, para que sea posible aplicar una máxima elemental: gobierne quien gobierne, las reivindicaciones y las conquistas se defienden.