Miguel Moreno Medieta. Cincodias.elpais.com
Como señala Álvaro Minguito, en elsaltodiario.com, en julio de 2022 el Gobierno dio el primer paso para la llegada de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP) y se aprobó, a finales de ese año, un Real Decreto por el que se reformaba el reglamento de planes y fondos de pensiones para impulsar los planes de pensiones de empleo. En el momento actual, nos encontramos en la fase donde los grandes bancos y aseguradoras españolas se han presentado al concurso público para hacerse con la gestión de dichos FPEPP. Aunque se llama fondo público, en realidad la gestión correrá a cargo de entidades gestoras privadas.
Lo que implica consecuencias bastante negativas de esta financiarización de todo, incluidos derechos humanos básicos. A la financiarización de la energía, alimentos, agua, o acceso a la vivienda, se une ahora, si bien con cierto retraso a países de nuestro entorno, la financiarización de las pensiones públicas. Los argumentos, los de siempre, el fundamentalismo de mercado. No les basta con el monumental fracaso de la desregulación de los mercados derivados de materias primas energéticas y agrícolas. No les basta con el monumental fracaso del diseño del mercado eléctrico, donde la excepcionalidad ibérica nos ha salvado de las garras y consecuencias del mismo. No les basta con el fracaso del fundamentalismo del mercado aplicado a la vivienda que aúna todos los males posibles: subidas de los precios de los alquileres desorbitadas, y gentrificación del centro de las ciudades.
Terminado el plazo de las financieras para concursar
Los grandes bancos y aseguradoras españolas afilan sus armas para hacerse con la gestión de los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP). CaixaBank, BBVA, Santander, Ibercaja y Mapfre son algunas de las entidades que se han presentado al concurso público con el que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere seleccionar a cinco gestoras para que administren 15 de estos vehículos de inversión, que canalizarán parte del ahorro complementario a las pensiones de jubilación.
El plazo para la presentación de ofertas terminó el viernes 23 de junio y son varias las entidades concursantes. Se trata sobre todo de los líderes en la gestión de planes de pensiones privados, como VidaCaixa (filial de CaixaBank), BBVA o Ibercaja. Y entidades como Mapfre, que han apostado con fuerza por el desarrollo de su negocio de gestión de activos. Grupos como Banco Sabadell o Mutua Madrileña no se sabe si al final entraron en el concurso.
El pliego de condiciones para la gestión de los nuevos FPEPP exige a las licitadoras que detallen cómo administrarían tres fondos, cada una. Uno de bonos, uno mixto, y otro donde predomine la inversión en Bolsa. Con los tres vehículos, las entidades deberán comprometerse a alcanzar un patrimonio gestionado de 500 millones de euros en tres años. Si no llegasen, se resolvería el contrato y se buscaría otra gestora.
Si se cumplen los planes diseñados por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dentro de tres años habría más de 2.500 millones de euros en esta nueva fórmula de ahorro previsión.
Costes mínimos
En el pliego de condiciones, uno de los aspectos que tienen más relevancia es el de las comisiones. En concreto, un tercio de la puntuación atiende a este criterio. La comisión anual máxima que puede cobrar la gestora adjudicataria por administrar estos fondos es de un 0,299% anual, pero algunas entidades están llegando a presentar ofertas de solo el 0,1%.
En términos absolutos, ese importe implica que la firma cobrará tan solo 500.000 euros al año si alcanza la cifra de los 500 millones de euros gestionados. En los planes de pensiones individuales, la comisión de gestión suele ser 10 veces mayor, del 1% anual.
Este alto nivel de comisiones es uno de los principales motivos por lo que Escrivá ha querido priorizar los planes de pensiones de empleo, frente a los individuales. En los primeros, es la empresa quien los promueve y contribuye a ellos en beneficio de sus trabajadores. Esta característica ha hecho que se hayan desarrollado solo en grandes empresas, multinacionales y algunas administraciones públicas. En los planes individuales hay acumulados 82.500 millones de euros y en los planes de empleo solo 35.000 millones de euros.
Para fomentar los planes colectivos, la medida más potente impulsada por el Gobierno ha sido reducir el tope de aportación a los individuales, que se ha quedado en 1.500 euros al año. Mientras, en los planes de empleo el máximo está en 8.500 euros.
El dinero que se mete en estos vehículos se puede deducir de la base imponible del Impuesto de la Renta. Alguien que gane 35.000 euros al año y mete 8.000 euros a un plan de pensiones solo tiene que tributar por 27.000 euros. Eso sí, cuando rescate el plan en el momento de la jubilación le tocará tributar ese ingreso como si se tratara de una renta del trabajo. Se trata pues de un diferimiento fiscal.
Rentabilidad
Otro de los aspectos que va a tener en cuenta el ministerio es el retorno que han tenido las gestoras candidatas en los últimos cinco años con los planes de empleo que ya administraban. Se exige que acrediten que han conseguido unos rendimientos para sus clientes superiores a la media del sector.
Una de las firmas participantes subraya que aquellas que pueden acreditar mejores rendimientos están pudiendo competir con una comisión de gestión un poco más alta. “Quienes se postulan con un 0,1% es porque tienen rendimientos algo peores”, argumenta.
El nuevo modelo de ahorro para la jubilación
- Control público. Los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP) no recibirán dinero por parte del Estado. Eso sí, el ministerio de Seguridad Social sí tendrá la potestad de elegir a las gestoras que van a administrar estos vehículos y a definir sus características esenciales (comisiones máximas, tipo de activo en que invierten…). Además, cada tres años se revisará el concurso. Por otra parte, las funciones tradicionales de las comisiones de control de los planes de empleo (encargadas de velar por el interés de los partícipes) están atribuidas a un organismo en el que tendrán mayoría los funcionarios del ministerio. En los planes colectivos normales, la comisión de control está compuesta por representantes de los trabajadores y de la empresa promotora del plan.
- Planes simplificados. El dinero que entre en los FPEPP provendrá de planes de pensiones simplificados, una versión más sencilla de los planes de pensiones de empleo. VidaCaixa, Sabadell o Santander ya han firmado acuerdos con asociaciones de trabajadores autónomos para crear estos planes, que luego se adscribirán a los FPEPP que se vayan constituyendo. También entrarán en este nuevo sistema los planes de pensiones asociados, vinculados con ciertos colectivos profesionales, aunque han tenido escaso desarrollo.
- Autónomos y pymes. Una prioridad del Gobierno es que los planes colectivos se extiendan entre autónomos y empleados de pymes, que han tenido muy vedado el acceso a este tipo de producto.
El concurso está abierto solo a aquellas firmas que administran un patrimonio mínimo de 250 millones de euros al cierre de 2022, y que llevaran más de cinco años en este negocio. En un principio se habló de poner el tope en 1.000 millones, pero se acabó rebajando. Se elegirán, finalmente, cinco gestoras.
