La socimi Vitruvio, que compró a cambio de acciones en 2017 este bloque a la marquesa Olivia de Borbón y a su hija Cristina de Figueroa, se niega a renovar los contratos. El Sindicato de Inquilinas denuncia que pretende realizar alquileres temporales para obtener más rentabilidad en un mercado con los precios ya inflados. Las denuncias de este tipo proliferan en todo el territorio, porque la presión especulativa y el encarecimiento de tipos resultan brutales.
Como escribe para Publico.es Jairo Vargas, el barrio madrileño de Puerta del Ángel ha sumado un nuevo actor inmobiliario que amenaza con encarecer aún más los ya prohibitivos precios de los alquileres. La socimi Vitruvio, propietaria de un bloque de casi 40 viviendas en el número 14 del Paseo de la Ermita del Santo, ha comenzado a enviar los temidos burofaxes a algunos de los inquilinos en los que comunica que no tiene intención de renovar los contratos de arrendamiento que vayan expirando.
Según explican los afectados, la empresa empezó a comunicar su intención de extinguir los contratos el pasado julio, aunque ya ha informado a otros inquilinos cuyo contrato expira el año que viene. No hay nuevas ofertas a mayores precios ni otra posibilidad de continuar residiendo en las casas. Al menos 11 inquilinos de cuatro de estos pisos simplemente tienen que desalojar las viviendas y entregar las llaves después de varios años.
Se da la circunstancia de que este edificio era propiedad de la familia Borbón. Vitruvio Real Estate, dedicada a la inversión inmobiliaria residencial, comercial y de oficinas, compró el inmueble completo en 2017 por 7,6 millones de euros. Los anteriores propietarios eran Olivia de Borbón y Rueda, marquesa de Villamantilla de Perales, y su hija Cristina de Figueroa de Borbón, hija del duque de Tovar. Ambas cobraron en acciones de Vitruvio tres millones de euros de esta sonada operación inmobiliaria, con la que entraron a formar parte de la sociedad.
Bloque de “potencial elevado”
Vitruvio ya era consciente del atractivo de este bloque. En un documento interno a sus accionistas, la socimi ya daba cuenta de sus 3.905 metros cuadrados y cuatro locales comerciales, “arrendado prácticamente en su totalidad” con un rendimiento inicial neto del 4,3% en ese momento. “Se localiza en la zona conocida como Madrid Río, localización con potencial elevado debido a la profunda transformación que ha experimentado con el soterramiento de la M-30 y la construcción de zonas ajardinadas con unas vistas privilegiadas al centro de Madrid”, aseguraba Vitruvio a sus accionistas antes de ampliar su capital para acometer la operación.
Seis años después, ese “potencial elevado” se ha convertido en la pesadilla de los tradicionales vecinos del barrio, que ha sufrido un incremento de los precios del alquiler de cerca del 20% en el último año y de más del 50% desde 2014. Los apartamentos de una habitación o los estudios de Puerta del Ángel oscilan entre los 600 y los 900 euros, mientras que las viviendas familiares, de dos o más dormitorios, pueden superar los 2.000 euros al mes.
Frente a su inminente expulsión, varios de ellos se han organizado con ayuda del Sindicato de Inquilinas de Madrid y se han constituido con “bloque en lucha“. Como ya ha ocurrido en otros edificios de grandes propietarios en situaciones similares, se niegan a abandonar las viviendas y tratan de que la compañía se siente a negociar con ellos una renovación de contratos a precios asequibles.
Lucía Trentini, de 38 años, comparte con otros tres compañeros una de estas viviendas, por la que pagaban 900 euros al mes. “Cuando llegó el burofax intentamos ponernos en contacto con Vitruvio con la intención de renovar y negociar una subida, pero ha sido imposible”, explica por teléfono. Tras organizarse con junto al Sindicato de Inquilinas pudieron mantener un encuentro con representantes de la socimi, pero se negaron a ofrecer renovaciones, asegura.
Si nada cambia, se verá en la estresante situación de buscar una nueva vivienda en alquiler en un momento de precios récord. “Me dedico al teatro y a la música, es un empleo irregular y es muy difícil reunir los requisitos que te exigen para alquilar otra vivienda”, relata Trintini. “Nóminas que no tengo, hasta dos meses de fianza y unos precios imposibles que nos obligan a compartir piso con esta edad”, lamenta.
Reformas integrales
Empezaron a sospechar que algo pasaba cuando llegaron las obras en varias viviendas que ya habían quedado vacías. “Instalaron cerraduras electrónicas, pusieron cámaras de seguridad y empezamos a ver a inquilinos nuevos, gente europea que parecían estudiantes Erasmus“, relata.
Gonzalo Ramos, de 31 años, también comparte piso en este bloque. “Aún no me ha llegado el burofax, porque mi contrato acaba dentro de dos años, pero llegará tarde o temprano. Por eso es importante que los vecinos estemos unidos”, comenta. Lleva un año en el piso, por el que pagan 1.150 euros al mes. Su llegada coincidió con las primeras reformas de viviendas. “Era como una cadena de montaje, los mismos materiales y los mismos muebles para las viviendas. Al final se van confirmando las sospechas”, relata.
Pronto vieron anuncios en portales inmobiliarios en los que aparecían las viviendas reformadas. “Las alquilaban por habitaciones y de manera temporal, en concepto coliving“, explican. “Algunos costaban 1.990 euros al mes enteros y otros 700 euros al mes por habitación”, recuerda Trentini.
Los activistas del Sindicato de Inquilinas siempre han apuntado a un principal culpable: Madlyn, una inmobiliaria que en los últimos años ha ido comprando bloques enteros en el barrio para reformar y amueblar las viviendas y ofrecerlas a precios mucho más altos. Según han constatado los activistas, esta empresa se ha hecho con al menos 30 bloques en la zona en poco tiempo, y otros actores como Vitruvio se suman al carro de la especulación que expulsa a vecinos de clase humilde y trabajadora.
“Este fenómeno se ha normalizado en esta zona, no hace falta buscar mucho para encontrar un bloque recién comprado por completo para especular y aumentar los precios”, comenta Eunate, una de las activistas. De hecho, el Sindicato de Inquilinos dio con los afectados de este bloque hace pocos meses, durante una de las brigadas inquilinas que comenzaron a recorrer varios distritos de Madrid para identificar casos de especulación de grandes propietarios y fondos de inversión. “No son casos individuales o aislados, es una tendencia a la orden del día”, añade.
Situación generalizada en España
Lo que ocurre en Madrid, sucede también en muchos otros lugares de nuestra geografía. Según señala Eduardo Madroñal de Diario16plus, en siete años, Blackstone, Cerberus y Lone Star se han apoderado a precio de derribo de la deuda inmobiliaria de la banca española, llegando a acaparar la mitad, unos 71.200 millones de euros. Santander, BBVA y CaixaBank han sido los bancos que más han vendido a dichos fondos.
Blackstone compró Quasar -sociedad del Santander para quitarse la deuda inmobiliaria del Popular poco después de comprarlo por un euro- es decir, 30.000 millones. Cerberus hizo lo mismo con la del BBVA, y alguna procedente del Sabadell. Lone Star se centró en la de CaixaBank, incluyendo la de la comprada Bankia -por otro euro- que sumaba 3.070 millones.
Es decir, los tres fondos estadounidenses -Blackstone, Cerberus y Lone Star- se han quedado con más de dos tercios de los pisos que la banca española acumulaba tras el crack inmobiliario. Y ya les están sacando la máxima rentabilidad al venderlos a precio de oro y al cobrar alquileres abusivos.
El resultado es que el 64% de esos pisos se los han apropiado sólo tres fondos de Estados Unidos, la “punta de lanza” de la ofensiva por la que Wall Street se ha convertido en el gran casero español. Son ellos quienes acaparan el mercado inmobiliario. El año pasado el 91% de las operaciones estuvieron controladas por fondos extranjeros. Y son quienes inflan el precio de las viviendas y los alquileres.
Los llamados “activos tóxicos” de la banca se vendieron con pérdidas. ¿Quién pagó la digestión de este exceso de ladrillo? No fueron los bancos, fuimos nosotros. El Estado les rescató con nuestro dinero. Adquirió las viviendas y asumió las pérdidas, generando un incremento de la deuda pública de 35.000 millones de euros.
El Estado puso en venta esas viviendas -a precio de saldo- en cantidades que sólo podían adquirir los grandes fondos extranjeros; en lugar de convertirlas en viviendas sociales. Y así tener un parque para resolver la falta de viviendas a precios asequibles.
Cuando se habla del problema de la vivienda hay que señalar a los responsables. Al copar el mercado inmobiliario español, el capital extranjero, especialmente el estadounidense, es el máximo responsable del alza de los precios de venta y de alquiler de la vivienda que está asfixiando a muchas familias.
