Justo un día después de haber aprobado en el Congreso la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda, durante la visita a Barcelona de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, activistas de la PAH entraron en su hotel y leyeron públicamente (la ministra se negó a recibirles) la siguiente carta, dirigida a ella, al gobierno y al Partido Socialista en general
Carta abierta a la Ministra Raquel Sánchez, al gobierno y al PSOE
Ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados la primera ley que habla explícitamente del Derecho a la Vivienda en el Estado español. A pesar de que la Constitución y su artículo 47 -el que reconoce el derecho a la vivienda como tal- se aprobaron hace casi 45 años.
En este vacío de más de cuatro décadas hemos visto las consecuencias de considerar la vivienda como un bien de mercado en lugar de como un derecho: casi un millón de desahucios producidos por sendas burbujas de hipoteca y alquiler que han empobrecido -y empobrecen- a la mayor parte de la ciudadanía.
A raíz de esta insostenible situación, hace 14 años algunas de nosotras dijimos “basta” y así se fundó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca precisamente aquí, en la ciudad de Barcelona.
Los movimientos sociales hemos luchado por una Ley de Vivienda con uñas y dientes y siempre nos hemos topado con la oposición de un partido -el Socialista- que no ha querido oír ni hablar de alquileres sociales, de ponerle topes a los alquileres, de incorporar las viviendas de la Sareb para aumentar el parque público ni mucho menos limitar los beneficios de la banca.
Que nadie se equivoque: esta ley no va a evitar los desahucios ni va a bajar los alquileres. Todas las que estamos aquí -muchas de ellas pendientes de un desalojo- por desgracia lo sabemos muy bien.
La nueva ley deja aún muchos temas sin resolver. Por enumerar algunos:
- no prohíbe los desahucios sin alternativa habitacional, ni garantiza realojos dignos;
- el “tope” del alquiler incluido en la ley no va a impedir que de facto se sigan incrementando las rentas; no pone coto a los alquileres turísticos y de temporada;
- y tampoco prevé ninguna medida de emergencia para aquellas familias que necesitan un hogar, renunciando expresamente a la posibilidad de implementar el llamado alquiler social, que evitaría que Cerberus o Blackstone pudieran desahuciar a familias vulnerables y que además les obligaría a movilizar los miles de pisos vacíos que tienen por todo el territorio.
Y otra cosa más que la ley no aborda: el problema de la hipoteca. En la nueva ley no hay ni una sola medida dirigida a aquellas familias que han hipotecado varios años de su sueldo para pagar el techo bajo el que viven y que ahora ven dispararse su cuota en hasta 300 euros mensuales por culpa de la subida de los tipos de interés, todo ello a la vez que la banca anuncia beneficios millonarios.
A la ministra y al gobierno queremos decirle que ésta no es nuestra Ley. Que ustedes, al contrario de lo que llevan días afirmando, no han escuchado a la ciudadanía; en los más de dos años que ha durado la tramitación de esta ley el presidente Sánchez no se ha reunido con las entidades que tratamos el problema de la vivienda cada día.
Sin embargo, eso sí, sí que ha tenido tiempo para numerosos encuentros con los jefes de BlackRock y Blackstone, los fondos buitre más grandes del mundo.
Otro ejemplo: precisamente usted, ministra, hace un par de días dijo en televisión “Que nadie se preocupe por las rentabilidades del sector inmobiliario, que las tendrá”. ¿Cómo es posible que usted o el PSOE puedan pensar que es compatible tratar la vivienda como un derecho básico y a la vez sacarle rentabilidad? ¿Cómo es posible que los socialistas hablen de garantizar el derecho a la vivienda mientras tienen a Joan Clos presidiendo ASVAL?
La vivienda no puede ser un bien de mercado: los alquileres disparados y las más de 700.000 familias desahuciadas desde 2008 lo demuestran. Ustedes lo saben, lo que pasa es que han preferido defender los intereses de los de siempre.
Por último: a pesar de los avances que el movimiento ha conseguido con esta ley, el problema de la vivienda ni de lejos se ha solucionado. Necesitamos vivienda ahora, no tenerla nos enferma, y no podemos esperar 20 años hasta alcanzar un parque público medianamente decente.
Por todo ello seguiremos luchando: paralizaremos desahucios; aprovecharemos cualquier ventaja en la nueva ley, por pequeña que sea, para proponer nuevas medidas y, por supuesto, seguiremos reclamando aquellos pisos que permanecen vacíos esperando una nueva burbuja.
Mientras se siga desahuciando, nosotras no descansaremos ni ustedes tampoco. Porque incluso un niño entiende que las casas son para vivir, no para especular“.
¡ La vivienda es un derecho, no un privilegio !
