Sindicalistas por la Auditoria de las cuentas de la Seguridad Social. Firmas.

Foto de pancarta CATP sindicalistas por la auditoria pública a la Seguridad Social

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE) registró en el Congreso, el pasado miércoles 21 de febrero, las más de 20.000 firmas recogidas presencialmente por toda España para exigir una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social. Firmas que se añaden a las 300.000 ya registradas el 20 de octubre de 2021 para denunciar el desvió sistemático que se ha venido haciendo de las cotizaciones sociales a la financiación de gastos ajenos. Desvío que puede oscilar entre los 200.000 y los 600.000 millones de euros. Seguidamente incluimos la campaña del CATP de sindicalistas por la Auditoría que trata de hacer llegar a los sindicatos y organizaciones de clase la necesidad de una mayor implicación…

Comité por la alianza de los Trabajadores y Pueblos (CATP)

Campaña de recogida de firmas

Los abajo firmantes somos sindicalistas defensores de la Seguridad Social y exigimos la realización de la auditoria de sus cuentas. Exigimos el cumplimiento de la ley.

La defensa de la sostenibilidad del sistema de pensiones se ha convertido en una constante de los últimos años de lucha de los pensionistas. Frente a las reivindicaciones de mantener la edad de jubilación, de subir las pensiones mínimas, de jubilación parcial anticipada en la Industria, de jubilaciones anticipadas a trabajadores con 40 años cotizados o en sectores con condiciones penosas, de eliminar la brecha de género, se respondía siempre con especialistas de la patronal y el sector financiero, que pretendían demostrar la imposibilidad de mantenimiento del sistema y la necesidad de reformas e incluso de iniciar una fase privatizadora introduciendo a los bancos en la Seguridad Social con la panacea de las pensiones privadas.

Un sistema de reparto como el nuestro principalmente se financia con salario diferido: es decir, que los nuevos recursos solo pueden venir de aumento salariales y de las reservas constituidas con superávits de años anteriores. Respecto a los salarios, defendemos que no habrá pensiones dignas sin salarios dignos, y respecto a las reservas, solo tenemos la constatación de que no existen, las cotizaciones se destinaron a financiar gastos ajenos.

Un informe sindical para el Pacto de Toledo de 2016 dice que las cotizaciones sociales que excedieron después de pagar las pensiones cada año, es decir, los superáits del sistema de Seguridad Social, durante décadas, no se destinaron a dotar al Fondo de Reserva y que si éstas se hubieran dotado “hoy se dispondría de un Fondo de Reserva de 519.104 millones de euros”. En 2023 Escrivá en un análisis parcial cifra en 140.000 millones el importe del desvío de cotizaciones que debieron ingresar en las reservas. El Tribunal de Cuentas cifra el saqueo -sólo entre 1989 y 2018- en 103.690 millones y plantea, sin éxito, “que el Estado debe resarcir a la Seguridad Social”.

Estos hechos, que desmontaron las urgencias de las reformas y las mentiras sobre la insostenibilidad, condujeron a la exigencia democrática de la trasparencia de las cuentas públicas, de conocer la magnitud del saqueo mediante una auditoria pública y el resarcimiento a la Seguridad Social.

Con potentes movilizaciones a favor de la auditoria y apoyados por miles de trabajadores, artistas, sindicalistas, congresos sindicales, cientos de Ayuntamientos, los pensionistas obligaron al gobierno a aceptar la realización con plazos precisos de una auditoria pública de las cuentas de la Seguridad Social . (Ley 21/2021, Disposición Adicional Sexta). Pero el gobierno ha incumplido todos los plazos, se niega a cumplir con la ley. La aplicación de la ley es inexcusable. Es necesario, por tanto, organizar la exigencia de su cumplimiento ante el gobierno y el parlamento.

La exigencia de auditoría, la lucha por preservar el sistema público de pensiones, debe incluir ineludiblemente la defensa de la caja única de la Seguridad Social. El acuerdo alcanzado con el PNV para transferirle competencias de Seguridad Social vulnera los derechos de toda la clase obrera, pues supondría la ruptura de la solidaridad del régimen de reparto en que se fundamenta nuestra Seguridad Social y la caja única del sistema, que no es propiedad de ningún gobierno ni de ningún partido. Los derechos de la Seguridad Social no pueden variar en función del territorio, la caja única garantiza que los trabajadores cotizantes recibirán las mismas prestaciones a iguales condiciones independientemente de Comunidad Autónoma en la que residan.

Es necesario y urgente organizar la resistencia de los trabajadores activos y sindicalistas y sindicatos por la realización de la auditoría difundiendo y ampliando los apoyos a esta iniciativa, y preparando las condiciones de un encuentro de los firmantes con delegaciones a los parlamentarios que ponga en el centro la defensa del futuro de nuestra Seguridad Social.

Para firmar: remite un email con tus datos a: [email protected]

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