Defendamos los derechos de migración y asilo que la UE cuestiona

Cartel convocatoria de Valencia para el 26 noviembre

En Junio de este año se firmó un Acuerdo por parte de la Comisión de la UE del que nacen 5 Reglamentos. Disposiciones que, una vez consensuadas, pasarán a debate ante el Parlamento, Consejo y Comisión Europeos y compondrán el llamado PEMA (Plan Europeo de Migración y Asilo). Un plan que recogerá otras leyes, reglamentos y decretos para dar cobertura de legalidad a graves vulneraciones en DD.HH. La pretensión por parte de la U.E es conseguir esto pronto, durante la euro-presidencia de Pedro Sánchez.

Si se aprueban estas normativas, el derecho de asilo dejará de ser universal, alterándose lo establecido en 1951 en la Convención de Ginebra, tras la muerte de 100 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora, nunca se había cuestionado la Convención de Ginebra, ni la Declaración Universal de los DD.HH. (art.14), ni tampoco la C.E (art 13.4), de una manera tan flagrante y unilateral.

Ante esta situación, se están creando grupos estatales y por territorios. La primera acción coordinada será el 26 de Noviembre, domingo, a las 19h, en Valencia, y el 27 en Barcelona, con motivo del VIII Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo.

Necesitamos ir todas a una de nuevo. Siempre se han vulnerado todos los derechos, pero si esas vulneraciones consiguen el respaldo de la legalidad, habrá un cambio de paradigma donde primará el sufrimiento y muerte.

Os esperamos.

Manifiesto por un Mediterráneo y un Sur Global donde se respete la vida: por los derechos de migración y asilo

MANIFIESTO DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL VIII FORO REGIONAL DE LA UNIÓN POR EL MEDITERRÁNEO

23 de noviembre de 2023

Miles de personas se ven obligadas a migrar, abandonando sus hogares y su entorno, en búsqueda de protección y oportunidades. Las causas que hay detrás son diversas y profundas: el extractivismo colonial y la agenda neoliberal que ha ejercido históricamente la UE y otras potencias mundiales, los conflictos existentes en sus países de origen, los efectos del cambio climático y la degradación medioambiental, las vulneraciones de derechos humanos y el auge de los autoritarismos, son algunas de las principales.

Actualmente, el mar Mediterráneo y la ruta a Canarias se han convertido en una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Según datos de Caminando Fronteras, entre 2018 y 2022, en la frontera occidental euroafricana se contabilizaron 11.522 víctimas, de las cuales 7.865 fueron a través de la ruta a Canarias. Desde que las llegadas de personas a la UE del año 2015 pusieran de manifiesto las deficiencias de las políticas migratorias y de asilo europeas, los Estados miembros, incapaces de ponerse de acuerdo en un sistema de responsabilidad compartida y solidaridad intraeuropea,  apostaron por la externalización del control de las “fronteras exteriores” de la UE con un foco particular en el Norte de África, Oriente Medio y Sahel. Por este motivo, la llamada Política Europea de Vecindad Sur conlleva graves consecuencias: impide la migración hacia la UE a cambio de inversión extranjera directa o concesión de visados o, lo que es aún más alarmante, la concesión de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). Este modelo de gestión migratoria que, en 2015, se “justificó” en el marco de la crisis, ha pasado a formalizarse y ser parte estructural del sistema europeo común de asilo y migración.

Actualmente, está en proceso de negociación el Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, un conjunto de propuestas legislativas que lejos de poner en el centro los derechos y la protección de las personas migrantes y refugiadas, consensuar una acción coordinada y un reparto equitativo de responsabilidades, se decanta por reforzar las fronteras, criminalizar la movilidad humana, aumentar los retornos y definir un catálogo de peligrosas y difusas excepciones legales que ponen en riesgo el derecho de asilo; y podrían constituir una violación de los derechos humanos.

Este Pacto consolida la mencionada externalización de las fronteras, bajo la delegación en empresas privadas y terceros países. Esta estrategia pone aún más en riesgo las vidas de las personas que intentan llegar a Europa por el Mediterráneo y por otras rutas, obligándolas a emprender viajes cada vez más peligrosos. Las personas que logran llegar a la UE, encuentran obstáculos para acceder a sus derechos y se ven inmersas en trámites burocráticos sin garantías suficientes frente a la expulsión. Y quienes consiguen permanecer, lo hacen frecuentemente en situaciones de irregularidad administrativa, marginalizadas de la sociedad y “sin derecho a tener derechos”. Como sucede en el resto de Estados miembros, en el Estado Español residen más de 500.000 personas extranjeras que no ven reconocidos sus derechos y son invisibilizadas y discriminadas. Ante esta vulneración, más de 900 colectivos y organizaciones han conseguido el apoyo de 700.000 personas a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que, de encontrar aprobación mediante Real Decreto, pondría fin a esta situación que sufren centenares de miles de vecinos y vecinas que no tienen acceso a derechos, trabajando y sobreviviendo de la economía informal, siendo muchos de ellos menores de edad y mujeres.

Los acuerdos bilaterales con países terceros, de carácter informal y sin control democrático de nuestras instituciones, ya han demostrado que son contrarios al derecho a la libre movilidad de las personas y sin garantías de respeto de los derechos humanos. En este sentido, nos preocupa profundamente que, tras la escalada de violencia y los ataques indiscriminados a la población civil de Gaza, la Unión Europea esté acelerando las negociaciones de un acuerdo para externalizar el control migratorio a través de Egipto, en relación a la potencial llegada de personas migrantes y refugiadas de la región a Europa (como ya ha sucedido en los pasados meses con países como Túnez).

Durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea resulta urgente promover un cambio de rumbo en las políticas migratorias y de asilo que garanticen la protección y el respeto de los derechos humanos, y no criminalicen a las personas migrantes y refugiadas. En España se cuenta con una significativa experiencia de varias décadas implementando mecanismos de acogida (no sólo para solicitantes de asilo), fruto de una sociedad que mantiene actitudes solidarias pese a las derivas reaccionarias que cada vez encuentran más espacio en las instituciones españolas y europeas. Reconocer, exportar, complementar y actualizar esta práctica, bajo un acuerdo que alcance a toda Europa y tenga a los municipios de acogida como aliados, es posible no solo para dejar un legado de dignidad en las páginas de su historia sino para atajar una de las raíces de la cuestión; una política exterior económica colonial y racializadora que necesita ser transformada.

Las más de 28.000 personas muertas (OIM) en el Mediterráneo desde 2014 nos interpelan a cuestionar las políticas migratorias y de asilo europeas que, desde su enfoque securitario, racial y criminalizador, generan más violencia e inseguridad.

Por todo lo expuesto, interpelamos a las autoridades españolas que en el marco de las negociaciones a nivel de la UE promuevan:

  • Realizar un cambio de enfoque de las políticas de migración y de asilo europeas, no centradas en la securización y criminalización y sí en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.
  • Detener la deriva de las negociaciones del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, poniendo en el centro a las personas migrantes y refugiadas y sus derechos. Debe ser un Pacto que garantice el acceso a la protección, el respeto del principio de no devolución, y haga efectiva la solidaridad y responsabilidad obligatoria compartida entre todos los Estados miembro. 
  • Las políticas de gestión de la movilidad humana no pueden ni deben estar vinculadas a intereses privados de inversión económica ni el negocio de las fronteras en el sur del Mediterráneo. La sociedad civil en estos territorios tiene que ser agente clave del modelo de desarrollo que quieren promover desde sus propias autonomías y sin imposición de los criterios europeos sean estatales o privados.
  • Se precisa que la Unión Europea promueva y garantice la protección especialmente de las defensoras de derechos humanos de personas migradas y refugiadas, y que deje de criminalizar su trabajo y compromiso.
  • Garantizar el salvamento y rescate en el mar Mediterráneo, además de asegurar un mecanismo europeo de desembarco seguro y predecible. La protección de organizaciones humanitarias de rescate de personas en el mar Mediterráneo debe de ser una prioridad para la Unión Europea.
  • Poner fin a la externalización de responsabilidades en el control de la llamada “frontera externa” de la Unión Europea. Los acuerdos con terceros países deberían estar exentos de condicionalidades migratorias. Es necesario desvincular la AOD de cualquier objetivo de condicionalidad migratoria. La UE y los Estados miembros deben informar sobre la aplicación de los acuerdos formales, informales y financieros con terceros países que puedan tener un impacto en los derechos de las personas migrantes y refugiadas y la sociedad civil que defiende estos derechos en terceros países. Finalmente, pedimos que se revisen urgentemente las operaciones de Frontex en relación con el cumplimiento de los derechos fundamentales, así como el establecimiento de mecanismos eficaces de rendición de cuentas.
  • Garantizar la ampliación de vías legales y seguras para que las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas no se vean obligadas a arriesgar la vida en viajes peligrosos a través del Mediterráneo en búsqueda de protección y oportunidades. En concreto: asegurar los medios para que se pueda solicitar asilo en embajadas y consulados europeos en el exterior, la expedición de visados humanitarios, flexibilizar más los requisitos para la reagrupación familiar, aumentar los compromisos de reasentamiento, así como facilitar el acceso a programas de movilidad laboral o formativa en la Unión Europea.
  • Se precisa repensar la Política Europea de Vecindad Sur como un espacio de encuentro multinivel y multisectorial entre Estados, sociedad civil, organizaciones de personas migrantes y refugiadas y defensoras de derechos, donde se puede promover la construcción de un diálogo descolonizador y garante de los derechos humanos, donde las relaciones de los sures y nortes del Mediterráneo sean en condiciones de igualdad y reconocimiento de la diversidad y modos de vida y sin imposiciones.

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