Carta semanal nº 994. Posicuarta.org
En la preparación de la marcha republicana del 16 de junio, por cuyo pleno éxito trabajamos, un compañero nos interroga sobre la posición del POSI en la lucha por la República.
El POSI, desde su fundación, ha inscrito en su programa la lucha por la República. De hecho, cuando fue fundado, en 1980, le fue negada la legalización por incluir en su programa la República. Incluso pretendieron prohibir la celebración de nuestro congreso fundacional. Eran tiempos en que todos los grandes partidos de la clase trabajadora defendían que la Monarquía establecida en 1978 era la democracia. Entonces, algunas de las formaciones que hoy dicen propugnar la República, defendían con todas sus fuerzas el régimen monárquico e, incluso, sus servicios de orden intentaban, en las manifestaciones, arrancar las banderas republicanas a quienes las exhibían, acusándoles de “provocadores”. El POSI ganó, entonces, su legalización, con una campaña política que finalmente obligó a los tribunales a dictar sentencia favorable a nuestra legalidad.
Para algunos, la defensa de la república se basa en un embellecimiento de la II República, que no compartimos. Si la II República fue destruida por el golpe militar fue, en buena medida, como consecuencia de sus propios errores. Y si el golpe militar triunfó finalmente tras tres años de guerra fue por la defensa del orden republicano que los principales partidos y organizaciones levantaron frente a la revolución obrera. A continuación explicamos, brevemente, algunos de los elementos que definen nuestro combate por la República.
República para acabar con el aparato de Estado heredado del franquismo
En la llamada “transición”, los dirigentes de las principales organizaciones obreras, junto con la mayoría de los “nacionalistas”, impusieron a un movimiento que quería acabar con todo el franquismo e imponer su programa social y democrático, la aceptación de la monarquía, encarnada en el heredero designado por Franco que, pocos días antes de la muerte del dictador, aún presidía junto a él un acto de apoyo a las últimas condenas de muerte del franquismo.
Con el rey, se impuso el mantenimiento de todo el aparato de Estado del franquismo, que él presidía, sin depuración alguna. El mantenimiento del aparato judicial completo. Incluso los jueces del infame Tribunal de Orden Público que desde 1963 se había especializado en la persecución a sindicalistas y opositores políticos fueron mantenidos y el TOP reconvertido en Audiencia Nacional. El ejército del 18 de julio fue mantenido tal cual, y se les negó la readmisión a los militares antifranquistas de la Unión Militar Democrática. Hoy, a quienes ponen en duda el carácter franquista de este ejército, hemos de recordarles cómo más de mil militares firman un manifiesto de ensalzamiento a Franco (eso sí, firman cuando pasan a la reserva y ya no pueden ser sancionados. Hasta entonces han cobrado sus sueldos y disfrutado de sus prebendas asegurando ser “demócratas”). Guardia civil y policía fueron bautizadas como “democráticas” y aplaudidas por algunos dirigentes cuando llegan a reprimir. Incluso la Brigada de Investigación Político-Social (la policía política) se convirtió en “Brigada de Investigación”. Esas fuerzas policiales mantuvieron, especialmente en su lucha contra ETA, todas las viejas artes y el recurso generalizado a la tortura. Fue el caso de las detenciones de decenas de independentistas o “indeseables” para “proteger” los Juegos Olímpicos de Barcelona. Hoy, los sindicatos ultrarreaccionarios Jupol y Jusapol son mayoritarios en ambos cuerpos policiales. Y las zonas de residencias militares son terreno abonado de Vox.
La persecución judicial contra cientos de sindicalistas en aplicación del infame artículo 315.3, la persecución contra Podemos, contra Alberto Rodríguez, contra Mónica Oltra, contra los republicanos catalanes, la maniobra contra Pedro Sánchez, y su oposición a la ley de Amnistía – mientras se suceden las absoluciones a los corruptos del PP y se permiten privilegios a los pocos que son condenados– demuestran que este aparato judicial –y todo el aparato de Estado– es un obstáculo formidable contra todo progreso democrático y social.
De ahí la necesidad de la República para acabar con ese aparato de Estado.
El contenido democrático y social de la lucha por la República
No son pocos quienes objetan que nada se arreglaría por el mero hecho de cambiar un rey por un presidente electo. Tienen razón. Pero ese no es el contenido de la lucha por la República ni en la conciencia de las amplias masas ni en nuestro combate.
En 1930, Trotsky escribía, a propósito de la situación en España: “La divisa de república es también, ni que decir tiene, la divisa del proletariado. Pero para él no se trata simplemente de reemplazar al rey por un presidente, sino de un baldeo radical de toda la sociedad, destinado a limpiar a ésta de las inmundicias del feudalismo”.
Y, a continuación, Trotsky exponía el contenido que, para la clase trabajadora y el campesinado, tenía la lucha por la República: reforma agraria, expropiación de los latifundios, libertad para los pueblos, separación de la Iglesia y el Estado, “Un programa radical de legislación social”, junto con “reivindicaciones de carácter transitorio: nacionalización de los ferrocarriles, los cuales son todos en España de propiedad privada; nacionalización de las riquezas del subsuelo; nacionalización de los bancos; control obrero de la industria; en fin, reglamentación de la economía por el Estado.”.
La cuestión no es muy diferente ahora. República, en la conciencia de las masas y en el combate de los militantes de la IV Internacional, es reforma agraria, es separación completa de la Iglesia y el Estado, es defensa de la Escuela Pública, de la Sanidad Pública, de los servicios públicos, del sistema público de pensiones, es nacionalización de la banca, de las empresas energéticas y de las grandes empresas, es defensa de la industria y la agricultura, es expropiación de los fondos buitre y los demás grandes propietarios para garantizar el derecho a la vivienda, es igualdad real y completa entre hombre y mujeres. Es anulación de todas las leyes represivas y que limitan el derecho de huelga. Es ejercicio efectivo del derecho de los pueblos a decidir su futuro sin limitación alguna. Es ruptura con la OTAN y eliminación de las bases militares norteamericanas.
También la lucha de los trabajadores por la República tiene un importante significado para los campesinos, enfrentados al Pacto Verde igual que los trabajadores del automóvil. Defender la soberanía de los pueblos de Europa pisoteados por ese Pacto Verde e intervenidos por los Fondos Europeos, en beneficio exclusivo del gran capital, de los latifundistas, principales beneficiarios de la PAC. Los campesinos, como los autónomos y pequeños comerciantes e industriales, son sangrados por los bancos y las multinacionales. Los trabajadores han de tejer alianzas con ellos, en defensa de las libertades y derechos.
Y aquí aparece una contradicción evidente: las directivas de la Comisión Europea, (que no rinde cuentas a nadie como por ejemplo en la aplicación de los Fondos Europeos), intentan de hecho anular el papel de las instituciones nacionales, en particular el Congreso de los Diputados. O sea, intentan negar toda soberanía popular.
República es afirmar la soberanía popular contra instituciones, directivas y demás medidas que solo obedecen a los intereses del capital financiero.
En este sentido, el combate por la República tiene un importante contenido democrático y social. Da un objetivo político a las luchas por las reivindicaciones de los trabajadores, la juventud, los pensionistas y los pueblos que chocan con la sumisión de las principales organizaciones al marco de la Constitución Monárquica de 1978 y de las instituciones de la Monarquía
La marcha republicana del 16 de julio
La convocatoria de una movilización de ámbito estatal por la República podría ser un paso adelante en la construcción de un movimiento de ruptura con la Monarquía. No es de extrañar que muchas organizaciones le hayan dado la espalda, como es el caso de Sumar, Compromís, los Comunes, organizaciones sometidas al marco de las instituciones de la Monarquía. En el caso de las organizaciones nacionalistas, su decisión de no participar las mantiene en el callejón sin salida cuya máxima expresión fue el Procés, ya que las reivindicaciones de los pueblos no pueden alcanzar su objetivo sin buscar la alianza con la clase trabajadora de todo el Estado.
