Seguramente el próximo 7 de marzo se llevará al parlamento la propuesta de ley de amnistía negociada por Pedro Sánchez con Junts y otras fuerzas políticas. Aunque desconocemos el contenido estricto de la misma, su final aprobación o no tendrá consecuencias, no sólo para la estabilidad y futuro desempeño del gobierno PSOE-Sumar, también para quienes defendemos la amnistía para todas las causas por motivaciones políticas y sociales, desde una posición de independencia de clase. Seguidamente se incluye la iniciativa impulsada en Catalunya por la campaña “Protestar no es terrorismo” contra la criminalización de las encausadas durante el “Tsunami Democràtic”, en la que participa un amplio espectro de organizaciones y personalidades de la “sociedad civil”.
Campaña. Novact.org
Centenares de organizaciones, entidades y personas reconocidas del mundo social y cultural se unen contra la acusación de terrorismo a Tsunami Democrático y reivindican el derecho a la protesta. Más de 150 organizaciones, entidades, sindicatos, salas de conciertos, de teatro, festivales y más de 200 personalidades firman un manifiesto conjunto y hacen una fotografía unitaria y transversal para denunciar la acusación de terrorismo a decenas de personas por las movilizaciones pacíficas de Tsunami Democràtic.
Jordi Évole, Mònica Terribas, Jordi Basté, Laura Rosel, Ana Polo y Gemma Garcia se han encargado de la lectura del manifiesto unitario #ProtestarNoEsTerrorismo acompañadas por cientos de personas y organizaciones. El acto ha tenido lugar esta mañana en la Plaza del Rey de la ciudad de Barcelona.
El manifiesto, que se abre al público a través de la web www.protestarnoesterrorisme.cat, denuncia que la decisión de la Audiencia Nacional de acusar de terrorismo a 11 personas por haber participado en las manifestaciones pacíficas de Tsunami Democrático es una utilización política uno de los delitos más graves del Código Penal y tiene la voluntad de alterar el proceso legislativo de la Ley de Amnistía.
El texto, firmado por organizaciones que representan un amplio espectro de los movimientos sociales y personalidades como Andreu Buenafuente, María Hervás, Carlos Cuevas, Carlos Bardem, Laia Manzanares, Luis Llach, Ismael Serrano, Teatre Lliure o Primavera Sound, entre otros muchos, destaca que esta causa se enmarca en un contexto global en el que el uso político de la acusación de terrorismo contra movimientos sociales y disidentes políticos de todo el mundo se encuentra en auge.
El acto de esta mañana es una declaración de intenciones contundente de la sociedad civil que alerta del peligroso precedente que se puede generar si la causa de Tsunami Democrático sigue adelante, poniendo en peligro los principios democráticos y el estado de derecho.
La jornada, presentada por Aziz Faye del colectivo Top Manta, ha finalizado con una fotografía transversal de una mayoría social que comparte la determinación de que “la sociedad civil seguiremos ejerciendo nuestros derechos en las calles”.
MANIFIESTO
En los últimos años hemos visto como desde la política y la justicia se ha llevado a cabo una clara criminalización de la protesta, con graves repercusiones para las personas que ejercen el derecho de reunión y manifestación; vulnerando reiteradamente la libertad de expresión a cantantes, actores y actrices; obstaculizando el ejercicio del derecho a la información por parte de profesionales de la información; censurando obras de teatro; persiguiendo al independentismo, al feminismo, a la lucha por el derecho a la vivienda, al antirracismo, al ecologismo y atacando el derecho de huelga y la libertad sindical.
Hoy vivimos una nueva escalada contra el Derecho a la Protesta. Delante de la persecución e investigación por terrorismo de 11 personas, dentro de la causa de ‘Tsunami Democràtic,’ como sociedad civil manifestamos que:
La investigación que está realizando la Audiencia Nacional / Tribunal Supremo contra ‘Tsunami Democràtic’ supone un ataque directo al ejercicio de derechos fundamentales, en particular al derecho de manifestación, a la libertad de expresión y a la libertad de información.
Un nuevo ejemplo de la aplicación extensiva del Código Penal, que conlleva la criminalización de la protesta.
Miles de personas salieron legitima y democráticamente a la calle para expresar su rechazo a una sentencia que condenaba a los líderes políticos y sociales a un encarcelamiento injusto, contra el cual también se pronunciaron tanto el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas como el Consejo de Europa, así como varias organizaciones internacionales de derechos humanos.
Las movilizaciones ciudadanas, vehiculadas por medio de ‘Tsunami Democràtic’, pedían dialogo bajo el lema “sit and talk”; y se enmarcaban en la acción no violenta, que forma parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta, protegido por el derecho internacional de los derechos humanos, que es también un derecho interno.
La decisión de la Audiencia Nacional de investigar por terrorismo a representantes políticos, periodistas y miembros de la sociedad civil, en el contexto actual, muestra una clara intención de desgastar al gobierno estatal y a la mayoría parlamentaria, durante la tramitación de la Ley de Amnistia. Esto supone una injerencia del poder judicial sobre el legislativo, que debilita la democracia y la voluntad de la ciudadanía que se expresó, con su voto, el pasado 23 de julio.
Investigar por terrorismo a un movimiento pacífico con el único objetivo de criminalizar la protesta, limitar los derechos fundamentales y silenciar la disidencia política, es una actuación de carácter autoritario que restringe el espacio de la sociedad civil y pone en peligro los principios democráticos y del estado de derecho.
Esta criminalización tiene un efecto disuasorio dirigido a toda la sociedad, porque en definitiva persigue el mecanismo mediante el cual todo tipo de colectivos y organizaciones, ya sean de carácter sindical, ecologista, independentista, antirracista o de cualquier otro tipo de lucha social, defienden sus derechos y libertades.
Como personas y organizaciones que trabajamos a favor de una sociedad más justa y que consideramos el derecho a la protesta como un mecanismo esencial para conseguir cambios sociales, exigimos que se tomen las medidas necesarias para frenar la utilización de la justicia en una nueva persecución política contra las movilizaciones sociales y el ejercicio de derechos fundamentales, y que finalmente se retiren las imputaciones de terrorismo.
Protestar no es terrorismo
