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Llamamiento al Parlamento Europeo, al Consejo de la Unión Europea, al Parlamento italiano de Libertad y Justicia, a la Red Italiana de Paz y Desarme, a la ANPI y al ARCI
En los últimos años, se ha reforzado un proceso de militarización de la Unión Europea, con opciones que han llevado a la creación de un Fondo Europeo de Defensa y un Instrumento de «Paz» que en realidad es funcional para el envío de armamento y la cooperación militar, sin la participación del Parlamento y de los ciudadanos europeos en una cuestión tan delicada que toca los cimientos del propio Tratado de Lisboa.
Por primera vez desde su fundación como camino hacia la paz, la UE ha destinado miles de millones de euros –disfrazados de líneas de financiación industrial y con mecanismos opacos de toma de decisiones y control desde proyectos preparatorios– para apoyar a la industria militar, sin un debate serio sobre su política exterior y de defensa.
Y con el riesgo, en parte ya realizado, tanto de desviar recursos hacia intervenciones sociales y cooperativas más útiles como de alimentar una peligrosa carrera armamentista.
La reciente propuesta de la Comisión Europea de permitir que los Estados miembros utilicen el Fondo de Cohesión de la UE y el PNR para apoyar a las empresas de defensa en la producción de municiones y misiles para Ucrania muestra la voluntad de convertir la tragedia de la guerra en Europa en una oportunidad de beneficio para las multinacionales de armamento y, al mismo tiempo, con una base jurídica más que dudosa, propone cuestionar el significado original del Fondo de Recuperación, diseñado específicamente para tres acciones principales: la transición verde, la transición digital y la resiliencia tras la pandemia.
La Ley de Apoyo a la Producción de Municiones (ASAP), en palabras del Comisario Europeo Thierry Breton, es un plan “destinado a apoyar directamente, con fondos de la UE, el desarrollo de la industria de defensa, para Ucrania y para nuestra seguridad”, que se acelerará hasta el punto de pedir excepciones para que las fábricas de armas y municiones puedan operar día y noche, siete días a la semana. Entrando en “modo economía de guerra”.
Esta nueva medida –no muy diferente de la que ya tiene ante sí el Parlamento Europeo, relativa a la contratación pública coordinada para la defensa– es fundamental para la aplicación de estrategias de defensa, elaboradas sin la participación del Parlamento Europeo y con una intervención al menos dudosa de los parlamentos nacionales.
Incluso después de Lisboa, los Tratados reservan un régimen especial para las políticas de defensa que excluye el papel decisorio del Parlamento Europeo, impide el uso de instrumentos legislativos, no garantiza el pleno respeto de los derechos fundamentales y limita el papel del Tribunal de Justicia.
El texto se presenta como una propuesta para la política industrial y el mercado interior, mientras que de hecho persigue objetivos relacionados con la seguridad de la UE, para los cuales el Tratado no permite la adopción de medidas legislativas.
Ante el desafío planteado por la guerra en Ucrania, la respuesta del Parlamento Europeo y de la Comisión debe tener en cuenta los riesgos que puede producir la escalada militar y las consecuencias que la elección del apoyo militar, en lugar de la elección de la negociación, puede suponer para el futuro de Europa.
El camino debe ser el de democratizar la política europea de defensa, con el deseo de condicionarla al respeto del Estado de Derecho, no el de explotar las políticas europeas y los recursos de los contribuyentes de la Unión.
Consideramos injustificado que la medida en cuestión prevea la posibilidad de no aplicar las normas ambientales, de salud humana y de seguridad en el trabajo.
Pedimos que el Parlamento Europeo, que lo debatirá en Bruselas el 31 de mayo, no acepte cuestionar las medidas de solidaridad ya decididas a través del PNRR, afirmando que, en el ámbito de la defensa, los nuevos fondos solo pueden utilizarse con el papel decisivo del Parlamento, respetando los valores y los derechos fundamentales de la Unión Europea y la Carta de las Naciones Unidas.
No debemos repetir los errores cometidos con los otros fondos vinculados a la industria militar, para los que el Parlamento Europeo ha renunciado en la práctica a sus prerrogativas de control con total transparencia.
Por lo tanto, pedimos que las armas controvertidas –que son objeto de convenios internacionales que prohíben su desarrollo, producción, almacenamiento, uso, transferencia y suministro– se consideren incompatibles con la sostenibilidad social en el contexto de las iniciativas de la Unión sobre políticas financieras sostenibles.
Pedimos que el sector esté sujeto a un estricto control reglamentario por parte de los Estados miembros con respecto a la transferencia y exportación de artículos militares y de doble uso.
Pedimos la creación de un comité de enlace entre el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, en el marco de sus competencias de conformidad con el art. 12 TUE para supervisar la aplicación de estas disposiciones.
Pedimos que se garantice que la industria armamentística no pueda ejercer una influencia indebida –como ya ha ocurrido desde la creación de los programas precursores del Fondo Europeo de Defensa– en las agendas políticas nacionales en el ámbito de la defensa y la seguridad y que, a riesgo de un progresivo deslizamiento hacia una “Europa de las Patrias”, la industria armamentística no se convierta en un monstruoso “motor de crecimiento”. declinación cínica de los conceptos de “recuperación” y “resiliencia”.
