Antonio Paez. Izquierdadiario.es
Con una correlación de fuerzas a su favor, la derecha va por todo en el consejo constitucional. Republicanos y Chile Vamos se apresuran a instalar sus enmiendas que buscan restringir la actividad de los sindicatos y sus representantes. Mientras los empresarios aplauden, la burocracia sindical espera gestos de buena voluntad del verdugo.
Agosto será el mes clave para el debate de las enmiendas constitucionales. Si bien los diversos partidos ya se encuentran armando la mesa para la negociación, ahora más que nunca la derecha ha sacado sus dientes para barrer con los pocos derechos que poseen las organizaciones de la clase trabajadora.
Los republicanos insisten en volver a la idea corporativa de que los sindicatos no pueden hacer política para lo que han presentado una enmienda que dice:
“Las agrupaciones sociales y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley.”
Esta enmienda quiere eliminar la idea de la solidaridad entre las luchas ya que para la derecha la alianza de la clase trabajadora con los sectores populares, estudiantes o pueblos originarios, representa una grave amenaza.
Por lo mismo, a renglón seguido agregan: “Son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores, nacionales y regionales, de los partidos políticos. La ley establecerá las sanciones que corresponda aplicar a los dirigentes gremiales que intervengan en actividades político-partidistas y a los dirigentes de los partidos políticos, que interfieran en el funcionamiento de las organizaciones gremiales”.
Republicanos, ese partido que dice defender la “libertad”, pretende hacer caer el peso represivo del Estado, y por la vía de los hechos, acabar con la autonomía sindical ya que elegir militantes de partidos políticos sería inconstitucional, lo de los «cargos directivos» es solo una forma elegante de esconderlo.
Además de los sindicatos en general, Republicanos plantea ir al choque contra el gremio docente, uno de los más organizados y movilizados a nivel nacional. En una de sus enmiendas señalan que: “El Estado deberá garantizar la continuidad del servicio educativo en sus establecimientos educacionales”. Es decir, será tarea del Estado velar porque no vuelvan a existir los paros de profesores o estudiantes, nuevamente buscan atacar los derechos conquistados de la clase trabajadora.
Otro artículo polémico es el intento de circunscribir el derecho a huelga sólo a la negociación colectiva, una aspiración que por años ha reclamado el empresariado y que ni Guzman en la constitución de 1980 se atrevió a explicitar. En su enmienda pretenden limitar el artículo 26 del anteproyecto dejándolo de la siguiente manera: “La libertad sindical. Esta comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga ejercida dentro del marco de la negociación colectiva”.
Mientras, la propuesta impulsada por otros sectores de la derecha (UDI, RN y Evopoli) señala que “La libertad sindical es una garantía que comprende el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva”. Es decir que de conjunto, la derecha busca cercenar el derecho a huelga.
También los consejeros de Chile Vamos agregan que el ejercicio de la huelga debe ser “pacífica”, algo que ya habían intentado instalar durante el debate de la reforma laboral impulsada por Bachelet.
Otro artilugio para atentar contra la autonomía sindical por parte de Republicanos es atacar a los propios dirigentes señalando que “Los dirigentes sindicales deberán observar un desempeño honesto y transparente en el uso y administración de los recursos de la organización sindical, y rendirán cuenta periódica a los trabajadores afiliados en la forma que determine la ley.” Un total absurdo, considerando que muchas de estas cosas ya son parte de los estatutos de las propias organizaciones pero que además, es algo que solo se le pide a los sindicatos y no a los gremios empresariales como la CPC, SNA, CChC o la Sofofa, que han avalado delitos de «cuello y corbata» y que incluso intentaron llevar al Tribunal Constitucional para que no se aplicaran sanciones más duras.
También buscan sancionar constitucionalmente, y en esto coinciden Republicanos y Chile Vamos, la imposibilidad de hacer huelga para los funcionarios del Estado y Municipales y/o trabajadores de fundaciones o servicios ligados al Estado. La enmienda señala que: “No podrán declararse en huelga […] los funcionarios del Estado y de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo [quienes] atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional.”
Estas enmiendas pretenden hacer retroceder, por la vía constitucional, los derechos de la clase trabajadora y sus organizaciones, conquistados luego de largas y enormes batallas.
No obstante, desde el oficialismo, y en particular el Partido Comunista, han limitado su exigencia a que la derecha respete los bordes del anteproyecto como señaló en una reciente entrevista radial, la consejera Karen Araya “Hoy día, vemos, que las enmiendas, van en la línea de retroceder, pero lo más preocupante es que ni siquiera logran respetar los 12 bordes del acuerdo” y refuerza la idea de que están “abiertos al diálogo” mientras hace un llamado a “las organizaciones sociales y a la ciudadanía a pronunciarse por una Constitución que garantice más derechos para el pueblo”.
Pero, ¿de qué sirve pronunciarse si ya sabemos que a la derecha no le interesan las demandas del pueblo trabajador y que tampoco vamos a convencer al ejercito del derechista Kast de hacer algo diferente a lo que están haciendo ya que defienden intereses de clase opuestos a los nuestros?
Y es que esto no es un problema de voluntad o buenos argumentos, es un problema de lucha y movilización; esa misma lucha y organización que el PC se niega a impulsar porque prefiere buscar acuerdos con el “progresismo” como señaló el dirigente de la Central Única de Trabajadores, Erik Campos, que apuesta por una “movilización unitaria del progresismo y los trabajadores para frenar la ofensiva empresarial”.
Pero, ¿acaso la CUT se la jugó por organizar la convocatoria del No+AFP para rechazar el proyecto de pensiones que está negociando la ministra Jeannette Jara que perpetuará las AFP y el modelo regresivo de capitalización individual? ¿Acaso vienen jugando algún rol en el paro de profesores convocado para este miércoles? ¿Acaso la CUT viene organizando alguna otra lucha? Las palabras de Campos, en verdad, son los típicos llamados que ha realizado la burocracia sindical que son «para la galería» y no asustan a nadie.
La clase trabajadora no tiene nada que esperar del Consejo Constitucional que prepara la nueva Constitución. En ese espacio se está cocinando un nuevo ataque contra sus derechos. Los sindicatos tienen la obligación de llevar estos debates a la base de sus organizaciones, de volver a poner en el centro los efectos nocivos que tendrá el nuevo texto constitucional. Tienen la obligación de preparar una amplia campaña en rechazo a lo que resulte del proceso.
Además, contra los dichos de Campos, las soluciones de las demandas populares como salud, educación, pensiones o vivienda, no vendrán de la mano del «progresismo» neoliberal, ni del «socialismo democrático», ni del gobierno de Boric. Solo organizándonos de forma independiente del gobierno y a través de un plan de lucha que avance hacia el paro nacional podremos defender nuestros derechos históricos y conquistar otros nuevos.
