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La derrota de los franquistas el jueves 17 de agosto en el Congreso de los Diputados abre, sin duda alguna, nuevas perspectivas. La dirección del PSOE consiguió un acuerdo, tras una intensa negociación, con todas las organizaciones que se reclaman de la soberanía de Cataluña y el País Vasco, e incluso, de su independencia. Hasta Junts de Puigdemont, que se presentaba casi como un partido antisistema, ha aceptado un acuerdo que, en última instancia, significa “participar en la gobernabilidad del Estado”
Se abre un futuro de inestabilidad y crisis
Acuerdo que, no obstante –si se prolonga en un acuerdo de investidura–, abre la vía a una situación de extrema inestabilidad parlamentaria. Porque tiene un precio que es muy difícil de aceptar por parte de las instituciones centrales de este Estado, que –no olvidemos– son instituciones heredadas del franquismo y modeladas para impedir todo avance en derechos sociales y en la satisfacción de los derechos de los pueblos. Instituciones que han actuado para intentar impedir este acurdo (ahí está el insólito pronunciamiento de sala de vacaciones del Tribunal Constitucional contra el recurso de Puigdemont, primera vez en 10 años que un asunto de este calibre es resuelto de urgencia en lugar de abocarse al pleno del Tribunal). Y que van a seguir actuando, en contra de los derechos democráticos más elementales, o sea, del derecho de autodeterminación y los derechos de los trabajadores.
La paradoja que determina la inestabilidad política es el hecho de que ha sido el voto de los pueblos catalán y vasco el que ha inclinado la balanza contra la victoria que acariciaban los franquistas del PP y Vox. La lucha de los pueblos por sus derechos se manifestó en el escaso número de escaños catalanes y vascos que consiguieron los partidos franquistas y, de manera deformada, en el voto a partidos “nacionalistas” que dicen representar el combate por los derechos de esos pueblos. Y, sin embargo, el régimen de la Monarquía establecido en la constitución del 1978 no puede responder a las aspiraciones de esos pueblos.
Los parlamentos autonómicos, creados como instituciones de la Monarquía contra los derechos de los pueblos y elementos de división de los trabajadores y de enfrentamiento entre los pueblos, contribuyen a agudizar la crisis en tanto son utilizados por los franquistas para combatir a un gobierno “progresista” -que consideran ilegítimo-, tal como ha insinuado Feijóo y hemos visto hacer a Isabel Díaz Ayuso esta legislatura.
Este Estado sigue siendo presidido por el monarca Borbón, heredero de la dinastía que impuso el decreto de Nueva Planta que acabó con las instituciones de Cataluña, Aragón, Valencia y Mallorca, heredero de la Restauración canovista que acabó con la Primera República y que también liquidó la foralidad en los territorios vascos -instituciones y derechos recuperados parcialmentecon la II República-, y heredero del régimen del dictador Franco que arrasó a sangre y fuego los derechos nacionales. Un Estado centralista, una cárcel de pueblos en beneficio combinado de las prerrogativas propias del ejército, el aparato policial y represivo, la judicatura, la iglesia católica y también de los intereses del capital, de todas las fracciones de la gran burguesía que necesitan de este Estado y de sus instituciones para asegurar la explotación de la claseobrera, los pingües beneficios que esto reporta y que intenta cotidianamente anular los derechos que la clase trabajadora conquistara después de la muerte de Franco. Un gobierno que respete el marco de esas instituciones no podrá dar satisfacción a las demandas de los pueblos catalán, vasco, gallego, etc. Y cualquier paso, por tímido que sea, que vaya a dar para intentarlo se va a tener que enfrentar al bloqueo de esas instituciones, con el poder judicial a la cabeza acompañado de las policías y con los militares de momento en la sombra.
El mantenimiento de una buena parte de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy nos recuerda que las instituciones del Estado no son neutras y combaten día a día contra toda concesión, al margen incluso de la voluntad del gobierno. Estos últimos años lo han demostrado de nuevo, el gobierno de coalición ha cedido en buena medida a las exigencias del capital, de la patronal, de la CEOE, apoyadas por las instituciones del régimen, incluidas las autonómicas:
Como Sísifo con su piedra, los partidos que se reclaman de los trabajadores y de los pueblos se enfrentan, una y otra vez, a la incompatibilidad entre la Monarquía y las instituciones de la misma, y las conquistas sociales y reivindicaciones democráticas y nacionales.
Es por ello que los Acuerdos que llevaron a la formación de la presidencia del Congreso con Armengol a lacabeza, sin que sea nada definitivo, reflejan una situación de crisis del régimen, y son resentidos por las instituciones franquistas y por sus portavoces como una fisura, una grieta por la cual pueden colarse las reivindicaciones de la mayoría.
Observemos algunos detalles
En primer lugar, la definición como lenguas cooficiales del catalán, el euskera y el gallego, hastaahora consideradas, de hecho, como “lenguas regionales”. Este es un derecho elemental. La formación de una comisión sobre el caso de espionaje Pegasus, que tiene como víctimas no sólo a dirigentes independentistas sino al propio Pedro Sánchez, y que amenaza con exponer los manejos de las “cloacas (franquistas) del Estado”.
Otra comisión de investigación sobre los atentados del 17 de agosto 2017 en la Rambla de Barcelona. A seis años vista la encuesta está “paralizada” y las víctimas abandonadas a su suerte, mientras se confirma que el principal urdidor de los atentados estaba en nómina de los servicios secretos.
Y la cuestión sin duda más trascendente, la “desjudicialización” del Procès, o sea el abandono de todas las persecuciones judiciales contra los 4200 catalanes posibles acusados de los cuales se calcula que unos 700 podrían ser juzgados. En este lote se incluye a los organizaron el referéndum del 1 de octubre 2017 y a los centenares de ciudadanos, la mayoría jóvenes, que participaron y/o fueron detenidos en las multitudinarias manifestaciones de la semana del 14 de octubre del 2019 en respuesta a la sentencia que condenaba a unos 100 años a nueve dirigentes catalanes. Fueron manifestaciones del pueblo entero contra las instituciones que vienen de la dictadura y el régimen monárquico que las perpetúa.
Los portavoces franquistas han puesto el grito en el cielo, pues esto significa una amnistía, y, por tanto, el reconocimiento de que el Estado es represor. Como decía el editorial de ABC del 19 de agosto, sería “admitir que vivimos en una sociedad no democrática” y se “desautoriza todo el ordenamiento jurídico, sus jueces y tribunales”
Y esta es una de las claves de la cuestión. Detrás de una amnistía, aunque se presente como gracia o indulto, puede estar en juego, de hecho, toda la transición monárquica.
No juzgamos las intenciones de unos u otros, sino los hechos.
Como partidarios que somos de la amnistía, porque corresponde a las necesidades de los trabajadores y los pueblos, a la necesidad de acabar con la opresión y restablecer relaciones de fraternidad entre los pueblos, el hecho de que esta cuestión se esté debatiendo ya es un punto positivo. Lo cual no prejuzga que al final haya amnistía y que el gobierno en funciones o el nuevo gobierno –si Sánchez consigue formarlo– no encuentre alguna argucia legal.
En todo caso, hoy, la lucha por la amnistía es algo público, y al alcance de la mayoría.
Hacia la investidura
Lograr por parte de Pedro Sánchez un acuerdo de investidura exige un ejercicio de equilibrismo de gran amplitud:
¿Cómo conciliar la defensa de la Unidad del Estado, y de la Monarquía, y responder a la vez a las exigencias de los trabajadores y los pueblos? Es evidente, y los portavoces más preclaros del capital así lo comprenden, que el gobierno del PSOE con Sumar es el único que puede intentar conciliar esta contradicción, mantener la Monarquía y apaciguar a los trabajadores y los pueblos. Pero, por muchos malabarismos políticos que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz puedan hacer, esta contradicción sólo tiene una salida democrática: la República, república del pueblo y basada en la libertad de los pueblos
Y esto es lo que se sitúa hoy como el debate público, por tanto como la bandera que puede forjar la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos.
Y esto es lo que todos temen, de un lado los franquistas, las instituciones del Estado, el rey que según el artículo 99 de la constitución debe “decidir” quién puede intentar formar gobierno (después de consultar la semana próxima a todos los grupos parlamentarios).
El proceso político abierto está impregnado de una extrema incertidumbre: la paradoja de que, viviendo en un Régimen que no es estrictamente parlamentario, lo que ocurre hoy en el Parlamento es esencial para salvar al régimen, porque el parlamento, pese a todas las dificultades que la situación actual presenta, no deja de ser una instancia cuyo objetivo es el consenso entre los representantes de las instituciones franquistas (PP, VOX) los representantes de los trabajadores y los pueblos. Y estos representantes se encuentran en situación en que la mayoría social está lejos de darles un apoyo incondicional; aunque la situación es vivida como de alivio, porque la derecha no ha ganado, pero al mismo tiempo es de profunda desconfianza hacia los que se dicen sus representantes.
Rechazando las voces que dicen “cuanto peor mejor” combatimos en el terreno de la lucha de clases, terreno natural para la clase trabajadora, para que partiendo de la defensa irrestricta de las reivindicaciones de la mayoría (desde la anulación completa de las reformas laborales la exigencia de Auditoría de la Seguridad social, la abolición de la ley mordaza, contra el aumento del presupuesto militar y política belicista del gobierno…), junto con todos los que están convencidos que toda derrota de los franquistas por parcial que sea sólo puede redundar en beneficio de la mayoría.
Un camino que exigiría la formación de un gobierno que responda a las reivindicaciones y no ceda ante los poderes fácticos, como ha hecho durante estos años el gobierno de coalición.
