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Los grupos de derechos de vivienda y los partidos de izquierda en Portugal han estado pidiendo al gobierno que instituya límites de alquiler y financie viviendas sociales. También se han opuesto al programa de vivienda introducido por el gobierno.
El 1 de abril, se organizaron grandes manifestaciones en todo Portugal exigiendo políticas para abordar la crisis de la vivienda. Se celebraron mítines en las ciudades de Lisboa, Oporto, Viseu, Aveiro, Coimbra y Braga bajo la bandera de la coalición “Home to Live In”. Activistas de varios grupos, incluidos Habita, Stop Evictions, el Partido Comunista Portugués (PCP) y el Bloque de Izquierda (BE) participaron en las acciones.
El primer ministro portugués, Antonio Costa, lanzó #MaisHabitação (Más viviendas) el 31 de marzo, un programa para promover alquileres asequibles, fortalecer la confianza en el mercado de alquiler y utilizar unidades ya existentes para fines de vivienda. Sin embargo, los activistas del derecho a la vivienda denunciaron el programa como un caballo de Troya que utilizará el presupuesto público para subsidiar los ingresos especulativos. Los activistas han exigido un techo en los alquileres y los precios de las propiedades, más fondos para viviendas sociales, un aumento de los salarios y el fin de los desalojos.
El colectivo Stop Evictions ha dicho que más de 20.000 personas han participado en movilizaciones en todo el país, con la participación de alrededor de 100 organizaciones. También denunciaron la intimidación policial contra los manifestantes en Lisboa.
Las ciudades de todo Portugal se enfrentan a una aguda crisis de vivienda marcada por el aumento de los alquileres y los precios de las propiedades, incluso cuando cientos de miles de casas permanecen desocupadas. Según el registro del Instituto Nacional de Estadística de Portugal, hay alrededor de 723.215 casas vacías en el país. A principios de febrero de este año, el gobierno portugués dio a conocer su plan, que incluye suspender las nuevas licencias para Airbnbs en el país y poner fin a las visas doradas para compradores internacionales de viviendas. Los partidos de izquierda y los grupos de derechos de vivienda han criticado al gobierno por guardar silencio sobre demandas como instituir un límite de alquiler, expropiar casas desocupadas, gravar y controlar a los tiburones de alquileres y la especulación en bienes raíces, y aumentar las inversiones en viviendas sociales.
El 1 de abril, mientras se dirigía a la movilización por la vivienda en Lisboa, Catarina Martins de BE dijo que “el gobierno intentó vaciar la manifestación con el paquete Más Vivienda, pero la gente se dio cuenta de que este paquete es insuficiente. No queremos más exenciones fiscales, queremos deshacernos de las existentes, queremos que se regulen los precios y que la gente tenga un salario para pagar el alquiler. La gente no tiene que tener ayuda para pagar el alquiler, porque cuando la ayuda termina, la gente no puede pagar su casa”.
“Debe haber techos en los alquileres, es necesario que las casas que están vacías estén disponibles para las personas y sobre todo es necesario que las casas tengan precios que la gente pueda pagar. Considerando el precio de la vivienda en Portugal como uno de los mayores problemas del país” y que Lisboa “es una de las ciudades más caras del mundo teniendo en cuenta los salarios”, agregó.
El sábado, Paulo Raimundo, del Partido Comunista Portugués (PCP), declaró que “el problema de la vivienda es un problema central y las medidas que el gobierno ha avanzado no tienen implicaciones en la vida de las personas”.
En estos días, la clase obrera portuguesa también ha estado organizando protestas tituladas Vida Justa para exigir un aumento de los salarios y las pensiones, así como una mejor seguridad laboral.
