Análisis rápido de los resultados de las elecciones gallegas del 18 de febrero de 2024, apuntando la necesidad de contrastar con datos las interesadas valoraciones formuladas por diversas fuerzas políticas, en función de intereses y propósitos implícitos, pero convergentes en el mantenimiento del régimen político del 78 bajo el que se desenvuelven…
Juanjo Llorente. Comunista.info
Independientemente del escaso «valor democrático» de las elecciones representativas, aunque solo fuera por el sistema empleado para computar los apoyos y rechazos a los partidos institucionales con capacidad para presentarse, conviene analizar en términos generales los resultados, aunque solo sea para evitar caer en visiones interesadas, maniqueas de lo sucedido el domingo 18F en Galicia.
La primera cifra especialmente significativa de los resultados, la tenemos en el incremento con respecto a las elecciones autonómicas de 2020, de 169.040 votantes a partidos y en una disminución muy importante de la abstención (pasando de 1.376.535 electores en 2020 a tan solo 725.229 en 2024).
Las recientes elecciones autonómicas, en consecuencia, muestran una importante movilización del electorado, lo que no puede atribuirse solo a los efectos de la (bronca) campaña electoral, incluyendo los importantes despliegues realizados por los medios de comunicación, la protesta agraria, la amnistía, o los dislates de Sumar y Podemos. También la situación política y social existente, marcada por la precarización de las condiciones de vida, la guerra y las amenazas futuras han jugado su papel.
Esta mayor movilización del electorado, por otra parte, tampoco puede entenderse, como por ejemplo plantean los camaradas del PC Gallego, como un «fin de ciclo» de la política española y de la «crisis del régimen», como un refrendo del vigente sistema constitucional, tradicionalmente bipartidista (PP-PSOE).
Volviendo a los datos generales, resulta que la opción política que más nuevos apoyos ha conseguido con respecto a las autonómicas de 2020 es el Bloque Nacionalista Gallego (155.734 votos más), al que difícilmente se puede tildar de «constitucionalista» e incluso de «monárquico». Y en segundo lugar, el PP también ha conseguido más votos que en 2020 (72.729 más), especialmente concentrados en las zonas rurales y de menor densidad poblacional, un apoyo dinamizado -seguramente- por la combinación de esfuerzo organizativo partidista y malestar generalizado de la población.
Precisamente, ante estos resultados electorales, las direcciones de los dos partidos mayoritarios, se han apresurado a tratar de «maquillarlos» presentándolos falsamente, en el caso del PP, como prueba de que es el único partido que consigue contener la «ruptura de España». En cambio, desde el PSOE se subraya que el hundimiento vino porque una parte de su electorado optó por el BNG (el PSOE ha perdido 46.059 votos con respecto a 2020), eludiendo así sus responsabilidades políticas por este deslinde del voto, inseparable de la gestión que se viene haciendo desde el Gobierno de Pedro Sánchez, tal como revelan -por contraste- las declaraciones partidistas señalando que la política española no ha tenido influjo en las elecciones; que a pesar de la debacle socialista la izquierda ha conseguido sumar un escaño más que en 2020 y que en definitiva todo sigue igual.
Finalmente, también hay que destacar los malísimos resultados cosechados por VOX, Sumar y Podemos. Un apoyo muy escaso que redunda en destacar que la orientación de voto del electorado en su conjunto, particularmente movilizado y sensibilizado (170.000 votantes a partidos más que en 2020), ha sido instrumental, pragmática (al margen de la filia o fobia del electorado a los partidos presentados), orientada al «voto útil» si así se quiere llamar.
Desde el punto de vista de la clase trabajadora y los pueblos del estado, sin embargo, estas elecciones constituyen un indicador más de la crisis de representación política actual como resultado de dos principales factores. Por un lado, la incapacidad del régimen constitucional del 78 para brindar una salida democrática a los intereses y demandas de los trabajadores y los pueblos del estado español, lo que también se trasluce en la creciente deslegitimación social de las instituciones y de los partidos institucionalizados. Por otro lado, la también creciente frustración con respecto a las condiciones de vida de una mayoría, puesto que el actual gobierno del estado mantiene la deriva atlantista y europeísta que ya le hizo perder las elecciones generales del 23 de junio.
En este sentido, desde las perspectiva de construcción de una alternativa de la clase trabajadora, tienen razón los camaradas del PC gallego cuando plantean que la actual línea seguida por la dirección del PCE de limitar toda propuesta política a la participación en el gobierno resulta liquidadora, así como en la necesidad de aumentar la presencia del partido en la lucha diaria de la clase obrera -gallega y del resto del estado- contra el capital y sus representantes políticos (gobierne quien gobierne…). Una lucha que siempre debe mantenerse en el terreno de la independencia de clase y manteniendo la perspectiva de ruptura con el régimen heredado del franquismo.
