Mundo Obrero
El PCE de exterior secunda las movilizaciones obreras contra la reforma francesa de las pensiones, al tiempo que en España aplaude la bastante más regresiva del gobierno de coalición PSOE-UP.
La clase trabajadora francesa está dispuesta a frenar como sea la reforma de las pensiones que el ultraliberal de Emmanuel Macron quiere imponer. Según la Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los sindicatos que integran Intersindical, este miércoles 1,7 millones de personas salieron a las calles, 450.000 de las cuales en París.
En Marsella, se movilizaron 160.000 personas, también según la CGT, que informó sobre muchas otras manifestaciones, como en Toulouse (90.000 personas), Burdeos (50.000), Le Havre (30.000), Limoges (25.000), Lyon (22 mil) o Caen (20 mil). En ellas, las personas que asistieron a la protesta condenaron la insistencia del gobierno francés y del presidente de la República, Emmanuel Macron, en sacar adelante la reforma de las pensiones, ignorando la amplia oposición popular expresada en las calles desde el 19 de enero y en reiteradas encuestas.
Como en las jornadas de lucha del 19 y 31 de enero, 7, 11 y 16 de febrero, y 7 y 11 de marzo, los manifestantes desplegaron múltiples pancartas y carteles de protesta, especialmente contra la exigencia de ampliar la edad de jubilación. Según recoge la prensa francesa, el ambiente en las calles, este miércoles, era más tenso, teniendo en cuenta que se acerca una posible aprobación del proyecto, también porque implica un aumento del periodo de cotización y la eliminación de regímenes especiales, así como recortes sociales.
El trámite
Mientras se desarrollaban las protestas en todo el país, en la capital una comisión mixta de siete senadores y siete diputados llegó a un acuerdo sobre el texto a votar este jueves, primero en el Senado, dominado por los conservadores, y luego en la Asamblea Nacional, donde Macron ya no tiene mayoría absoluta. Una posibilidad muy discutida en los últimos días es la de que el Gobierno pueda recurrir al artículo 49.3 de la Constitución (que le permite aprobar proyectos sin votación parlamentaria), en caso de que perciba que la reforma no se va a aprobar en la Asamblea.
Phillipe Martínez, secretario general de la CGT, y otros dirigentes sindicales exhortaron al ejecutivo a escuchar las demandas de los sindicatos y de la mayoría de la población, subrayando que el uso del artículo 49.3 aumentará el malestar. Pese a reconocer que este artículo está en la Constitución, Martínez dijo que utilizarlo sería imponer la reforma por la fuerza, una «maniobra de alejamiento de las actitudes democráticas».
