El Gobierno exhumará con privilegios al fascista Primo de Rivera

Como señala entre otras la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), el anuncio del gobierno PSOE-UP de una inmediata exhumación del Valle de los caídos del dirigente falangista José Antonio Primo de Rivera resulta ampliamente criticable.

No es admisible, desde una perspectiva democrática, que el Gobierno realice esta exhumación de Primo de Rivera, al tiempo que continua dejando de lado o ignorando a las 33.833 personas que también fueron enterradas en ese mismo mausoleo construido por Franco, un tercio de las cuales al menos de forma anónima y sin conocimiento de sus descendientes.

Las declaraciones literales del ministro Félix Bolaños cuando anunciaba el traslado del cuerpo del fundador de Falange fueron literalmente: «Voy a respetar el estado de las conversaciones y las peticiones de la familia». Pero nada similar puede decirse sobre conversaciones mantenidas con las familias de los y las luchadoras por la libertad también enterradas allí. Familiares a quienes se sigue negando crear una oficina del Estado que las atienda, que las escuche, que las cuide y garantice sus derechos, tal como dice pretender hacer la vigente Ley de Memoria «Democrática» .

Tampoco resulta aceptable que la familia de Primo de Rivera no haya necesitado la convocatoria de una subvención como ocurre con todos los demás. Ni que el Parlamento no haya discutido si esta persona se merecía o no un enterramiento «especial», e incluso si correspondía respetar la fecha de nacimiento de este fundador del partido fascista español para llevar a cabo el traslado de restos.

El gobierno vuelve a actuar casi como si de un «funeral de estado» se tratara. De modo similar a como se hizo en 2019 con el dictador Francisco Franco, donde hubo representación del Gobierno, no se dejó trabajar libremente a la presa, se retransmitió en directo, convirtiéndolo en un espectáculo de propaganda para la familia del dictador, sus restos fueron trasladados en un helicóptero de autoridades del Estado y fueron depositados en un panteón público que el Estado obliga a pagar a sus víctimas con sus impuestos.

Por otra parte, como recuerda igualmente la Asociación ARMH, además de esta exhumación inminente del lunes 24 de abril, también hay que recordar a  los monjes que todavía residen en el Valle de los Caídos. Lo llevan haciendo de manera ilegal desde hace más de dos años, fecha en que venció el acuerdo con el gobierno de la dictadura firmado en 1957 y vigente hasta hace bien poco, incluso bajo el reino felipista otorgado. Pero este acuerdo no se denunció por el régimen del 78 y ahora se cumplen dos años de prevaricación de patrimonio nacional por mantener a los monjes viviendo en el Valle de los Caídos, sin un marco legal y sin atreverse a firmar un acuerdo que renueve o no su permanencia. Otro ejemplo más de la permisividad bochornosa del gobierno y de los aparatos del estado.

Y hablando de incumplimientos, habrá que ver del mismo modo si se cumplen las declaraciones de Bolaños de que no se hará exaltación del franquismo durante el traslado de Primo de Rivera, lo que puede resultar difícil de conseguir considerando que todavía se siguen sin retirar el escudo personal del dictador Francisco Franco ubicado en la valla de acceso al recinto, así como en cada uno de los bancos de la basílica y en los platos y servilletas de la hospedería gestionada por los monjes.  

Incluso el cambio de nombre de «Valle de los Caídos» por «Cuelgamuros» amenaza con ser meramente «cosmético», mientras se siga permitiendo mantener la narrativa del monumento, que sigue prácticamente intacta desde 1975, y no se incorporen otros elementos, ya que en las entradas a las criptas donde se encuentran los miles de restos humanos todavía figura la inscripción “Caídos por Dios y por España”, sólo por citar algunos ejemplos.