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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a ocho de las principales cadenas de distribución ante el Ministerio de Consumo por las subidas que vienen aplicando en los precios de un alto porcentaje de alimentos con el IVA rebajado. La asociación pide al departamento que dirige Alberto Garzón que abra una investigación para determinar en qué productos se han producido incrementos en los márgenes de beneficio, algo expresamente prohibido en el artículo 72 del real decreto ley-de diciembre de 2022 por el que se aprobó la rebaja fiscal.
El secretario general de FACUA, Rubén Sánchez, ha dado a conocer estas nuevas denuncias: “el 49% de los precios de los alimentos afectados por la rebaja del IVA han subido con respecto al día en que entró en vigor la medida ante la absoluta pasividad del Gobierno“. Así lo pone de manifiesto el último análisis mensual realizado por la asociación a comienzos de septiembre, cuyos detalles dará a conocer en los próximos días. Las cadenas denunciadas son Alcampo, Aldi, Dia, Carrefour, Eroski, Hipercor, Lidl y Mercadona.
Las denuncias han sido remitidas ahora a Consumo una vez que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha manifestado que no tiene “ninguna competencia” para sancionar estas prácticas. El ministerio de Garzón sí las tiene, al igual que las autoridades de protección al consumidor autonómicas. Se las otorga el artículo 47 del real decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la ley general para la defensa de los consumidores. En él se definen las “infracciones en materia de defensa de los consumidores”. Y en la letra f de su apartado 1 indica que lo son “el incumplimiento de las normas reguladoras de precios (…) o cualquier otro tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un incremento de los precios o márgenes comerciales”.
¿Por qué FACUA había presentado hasta ahora sus denuncias ante la CNMC? Porque si bien el real decreto ley de la rebaja del IVA no aclaraba qué organismo se encargaría de sancionar a las empresas que incurrieran en esos incrementos de márgenes, la vicepresidenta Nadia Calviño anunció el pasado diciembre que “la CNMC tendrá una indicación muy clara de vigilarlo y habrá sanciones si no se cumple”. Ante esto, desde enero la asociación ha venido interponiendo denuncias en Competencia por las subidas detectadas en las cadenas objeto de sus análisis mensuales, en los que monitoriza la evolución de alrededor de 1.000 precios.
La respuesta de la CNMC
Pero Competencia acaba de dar respuesta por fin a las denuncias de FACUA, tras la queja presentada por la asociación ante el Defensor del Pueblo por el silencio del organismo. Una respuesta en la que contradice la versión de Calviño. “El Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, referenciado por FACUA, no confiere a la CNMC ninguna competencia para sancionar un eventual incumplimiento de lo dispuesto en su artículo 72”, señala la Comisión, que advierte de que sus investigaciones sobre los precios de los alimentos con el IVA rebajado se han enmarcado exclusivamente en las funciones que tiene atribuidas por la Ley de Defensa de la Competencia.
En su apartado 3, el artículo 72 del citado real decreto-ley establece que “la reducción del tipo impositivo beneficiará íntegramente al consumidor, sin que, por tanto, el importe de la reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial con el consiguiente aumento de los precios en la cadena de producción, distribución o consumo de los productos“.
A continuación, la norma señala que “la efectividad de esta medida se verificará mediante un sistema de seguimiento de la evolución de los precios”. Aunque no determinaba qué organismo se haría cargo del mismo, el pasado diciembre el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció que se encargaría su departamento: “lo haremos también a través del Observatorio de la Cadena Alimentaria, no aparece mencionado en el decreto pero así lo haremos”.
La promesa incumplida de Planas
Sin embargo, como Agricultura no publicaba ningún dato obtenido en esos supuestos seguimientos, FACUA le solicitó a través del Portal de Transparencia el número de controles realizados, sus fechas, el número de establecimientos y productos que abarcan los mismos, así como sobre sus conclusiones. En su respuesta, que se produjo en junio, señaló que, en contra de lo que había anunciado Planas, no estaba realizando ningún seguimiento de precios. “Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General [de la Industria Alimentaria] ha resuelto conceder el acceso a la información solicitada, con los detalles que se explican a continuación (…). El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no tiene atribuidas competencias en materia fiscal”.
Con respecto a las competencias para aplicar sanciones, el real decreto-ley no se las atribuye a la CNMC, a pesar de que Calviño anunció que sí. Y es que su artículo 72 únicamente dice que se desarrollará ese seguimiento de la evolucion de los precios “independientemente de las actuaciones que corresponda realizar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en el ámbito de sus competencias”. Y entre esas competencias de la CNMC, el organismo ha aclarado en su respuesta a FACUA que no está la aplicación de multas por vulnerar normas que establezcan limitaciones a los precios si no implican un incumplimieno de la Ley de Defensa de la Competencia.
Ante esto y una vez analizada la legislación de comercio, competencia y consumo, FACUA concluye que el único organismo con capacidad sancionadora ante la vulneración de la prohibición de aumentar márgenes en alimentos con el IVA rebajado está en el Ministerio de Consumo.
La patata caliente que todos se lanzan
“Lamentablemente, a día de hoy Consumo rechaza que las competencias sean suyas y asegura que es Agricultura el que las tiene. A su vez, desde Agricultura dicen que están en manos de Hacienda. Y desde Hacienda aseguran que el tema lo llevan Asuntos Económicos y la CNMC”, critica el secretario general de FACUA. Así lo recoge este jueves un reportaje publicado por el diario El Mundo a raíz de la respuesta de Competencia a FACUA.
Este jueves 14 de septiembre, en declaraciones a los medios de comunicación, Garzón ha dicho que “desgraciadamente”, el Ministerio de Consumo no es competente para aplicar sanciones a las empresas que vulneren las limitaciones en materia de precios establecidas en la legislación.
“Es de una gravísima irresponsabilidad que nadie en el Gobierno quiera actuar para sancionar a las empresas que se saltan la prohibición de subir márgenes mientras la economía de las familias está cada vez más deteriorada“, advierte Sánchez. “Esperamos que el ministro Garzón dé respuesta a nuestra denuncia. La ley deja muy claro que su ministerio sí tiene competencias para sancionar los aumentos ilegales de precios y márgenes“.
