La inminente encarcelación de un joven de 26 años que fue detenido y condenado por participar en una protesta en Madrid contra la sentencia del Procés en 2019 muestra, negro sobre blanco, la connivencia del gobierno “progresista” con la alianza entre la Judicatura, las fuerzas represivas y los defensores del Régimen del 78.
Victoria Vázquez. Izquierdadiario.es
Dani Gallardo fue detenido en una protesta contra la sentencia del Procés el 16 de octubre de 2019, y condenado a una pena de 4 años de cárcel por desorden público y atentado contra la autoridad. Tras pasar 13 meses en prisión preventiva, entre 2019 y 2020, pudo salir en libertad provisional hasta ahora, porque la Audiencia de Madrid le acaba de notificar que tiene tres días para ingresar de forma voluntaria en prisión para cumplir el resto de su condena. Si no lo hace, será puesto en busca y captura.
Dani Gallardo tiene 26 años y se convertirá en el primer condenado por las protestas del Procés en entrar en prisión. El joven fue detenido junto a otras 80 personas el 16 de octubre de 2019 por participar en una protesta en Madrid contra la condena a los líderes políticos y sociales del referéndum del 1-O en Catalunya.
Tras su detención, Dani ingresó en prisión provisional acusado de desorden público y atentado contra la autoridad. Pasó 13 meses de prisión preventiva en la cárcel de Alcalá-Meco entre 2019 y 2020. Durante el juicio, Dani negó los hechos de los que lo acusaban, pero los magistrados de la Audiencia de Madrid no le creyeron a él sino a los policías que lo detuvieron. En diciembre de 2020, dictaron sentencia condenatoria: a cuatro años y seis meses de prisión. El joven recurrió, primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y más tarde ante el Tribunal Supremo, pero solo consiguió que el alto tribunal le rebajara la pena en seis meses al considerar que el delito de desórdenes públicos no debía ser en su modalidad agravada. Finalmente, hace pocos días se le ha notificado que tiene tres días para entrar voluntariamente a prisión o si no se emitirá una orden de busca y captura.
Dani fue condenado gracias a los testimonios de la policía, considerados por los tribunales como pruebas altamente creíbles, a pesar de que el parte de lesiones presentado por el agente se hubiera realizado una hora antes de la detención, o que las fotos de los supuestos daños a su casco fueran tomadas horas más tarde en la comisaría. Mientras, todos los testigos de la defensa fueron desestimados por considerarse como poco fiables.
La credibilidad otorgada a los testigos policiales confirma de nuevo que la palabra de un policía vale más que la de un manifestante, dejando claro una vez más que la ley no es igual para todos. Una vez más, la alianza entre la Judicatura, las fuerzas represivas y los defensores del Régimen del 78, sale a relucir para perseguir a cualquiera que cuestione esta democracia heredera del franquismo.
El caso de Dani es paradigmático por ser el primer condenado por participar en protestas contra la sentencia del Procés en entrar a prisión. Pero desde luego no fue el único represaliado. Las protestas del Procés se saldaron con más de 3000 encausados. Y fue el Gobierno “más progresista de la historia”, y su ministro de interior Marlaska, quienes ordenaron reprimir las movilizaciones en todo el Estado, con prisión preventiva efectiva para toda y todos los detenidos.
¿Y qué hay de la ley de amnistía? Se especula con que la ley, que se sigue negociando entre el PSOE y Junts, podría amnistiarle. De hecho, el recurso presentado por la defensa de Dani pidió que se suspendiera su encarcelamiento por la tramitación de la ley. Pero este recurso se ha desestimado al no estar aprobada una ley que bien podría no amnistiar a casos como el suyo. En las negociaciones que Junts mantiene con el PSOE, poco importan los miles de activistas represaliados que fueron parte del movimiento democrático catalán.
El Gobierno “progresista”, que ha revalidado su legislatura con la nueva alianza entre el PSOE y Sumar, vuelve a mandar un mensaje muy claro: quien se solidarice con el pueblo catalán también lo pagará con represión, como ya hicieron en 2019. Vienen a cerrar el gran cuestionamiento del régimen del 78 que fue el Procés, a ponerle un candado que dure otros cuarenta años, reprimiendo y amedrentando a quien haga falta. Desde izquierda Diario y la CRT vaya toda nuestra solidaridad con Dani y todos los y las represaliadas por luchar. Es necesario poner en pie un gran movimiento de lucha contra la represión en todo el Estado.
