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Este 11 de septiembre se cumplen 50 años del golpe de Estado que instauró la dictadura pinochetista que asoló Chile. Más de tres décadas después, sigue vigente la “constitución” de 1980 y se preserva una gran parte de la nefasta obra de la dictadura, en particular la devastadora política económica y la impunidad para los represores.
Ningún gobierno posterior, de distintos colores políticos declarados, las ha cuestionado. Ni la política económica, concretada esencialmente en la eliminación de las conquistas obreras y democráticas suponen para satisfacer las exigencias del capital, especialmente extranjero, que son aumentar la explotación laboral y saquear los recursos naturales del país.
Ni el elevadísimo grado de impunidad del Estado chileno durante la dictadura que, de acuerdo con lo que el propio Estado chileno reconoce, causó 40 018 víctimas, incluidas 3 065 personas asesinadas o desaparecidas. Y apenas en 858 casos se ha realizado juicio con condena, el 2,1% del total, uno de cada 47. Lo que significa, con todo, un 2,1% más que en el Estado español, donde la impunidad ha sido absoluta.
El motor de la historia es la lucha de clases, ¿cuál si no? Al respecto, cincuenta años después, ¿qué nos enseña el caso chileno? ¿Qué significó la dictadura? ¿Cómo se llega a 1973 y por qué triunfa el golpe? ¿Qué ocurre desde 1990 y, en particular, por qué arranca un estallido social en octubre de 2019?
¿Por qué triunfó el golpe? La derrota de la Revolución chilena
La actuación del imperialismo fue inequívoca desde el principio, como ilustra la sentencia de Nixon tras el triunfo de Allende en 1973, de “vamos a hacer aullar de dolor a la economía chilena”. El desarrollo de la Revolución chilena aceleró la respuesta, promoviendo el golpe que instauraría la dictadura, de cara a destruir por la fuerza el movimiento obrero y popular.
¿Revolución chilena? La clase trabajadora chilena había aupado a la presidencia a Allende, dirigente del Partido Socialista y líder del frente popular llamado Unidad Popular (UP), integrado también por el PC y otras organizaciones comparativamente menores. En un contexto de radicalización de las masas, el Programa de gobierno la UP, del 17 de diciembre de 1969, había atraído muchos votos, al plantear cosas como que “las fuerzas populares unidas buscan como objeto central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo”.
El gobierno, empujado por las masas, toma medidas progresivas como la nacionalización del cobre, en junio de 1971. En respuesta, se disparan los ataques de las clases dominantes (oligarquía terrateniente y burguesía, tuteladas por el imperialismo). Pero la clase trabajadora no se arredra y actúa en el terreno que le es propio. Por ejemplo, constituyendo los Cordones Industriales, órganos de representación de los trabajadores de las fábricas expropiadas de un barrio o zonas más amplias, que además se coordinan con otras organizaciones sociales. Y el control de una institución estatal, las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP), para combatir el boicot del capital a la distribución de los productos. Y movilizaciones tan masivas que llegan a congregar a un millón de personas en Santiago, cuando la población total del país no alcanzaba los diez millones.
La clase trabajadora utiliza todas las palancas, también la electoral: en las legislativas del 4 de marzo de 1973, la UP aumenta su apoyo electoral un 50%, pasando de menos de 1,1 millones de votos en 1970 a más de 1,6 (del 36,6% de los emitidos al 44,2%), mientras la derecha dura del Partido Nacional se hunde del 35,2% al 21,5% (el “centro” de la Democracia Cristiana (DC) sube apenas un punto, del 28,1% al 29,1%).
Sin embargo, el gobierno no deja de recular. Para constituirse en noviembre de 1970 había firmado un Pacto de Garantías Constitucionales con la DC, por el que se comprometía a respetar en todo momento la legalidad burguesa. Por eso, el Área de Propiedad Social, que se había fijado en 91 empresas, pero que alcanzaba ya más de 350, el gobierno pretende reducirla a 49. Lo mismo ocurre con la Ley de Armas, por la que se allanaron barrios obreros y fábricas expropiadas.
Es una posición reformista, siempre imposible y por tanto reaccionaria, pero que, en el contexto revolucionario, adquiere otro carácter, contrarrevolucionario. Como había ocurrido en la Revolución china en 1927 en la Revolución española en los años treinta, etc.
Los Cordones Industriales alertan de la situación, promoviendo la movilización frente al plan del nuevo ministro de Economía, Millas, del PC, anunciado el 24 de enero de 1973:
los trabajadores del Cordón Industrial Vicuña Mackenna llaman a la clase obrera a movilizarse combativamente en defensa del Área Social y de las empresas requisadas o intervenidas durante el Paro patronal de Octubre, amenazadas por un proyecto de ley que no representa la opinión ni el sentir de la mayoría de los trabajadores (periódico Tarea Urgente).
De nuevo alertan tras el trancazo, fallido intento de golpe el 29 de junio del mismo 1973. Y de nuevo el 5 de septiembre, apenas a seis días del fatídico golpe, en una dramática carta que comienza así:
Ha llegado el momento en que la clase obrera organizada en la Coordinadora Provincial de Cordones Industriales, el Comando Provincial de Abastecimiento Directo y el Frente Único de Trabajadores en conflicto ha considerado de urgencia dirigirse a usted, alarmados por el desencadenamiento de una serie de acontecimientos que creemos nos llevará no sólo a la liquidación del proceso revolucionario chileno, sino, a corto plazo, a un régimen fascista del corte más implacable y criminal.
Y concluye, tras exponer 16 exigencias, afirmando:
(…) será responsabilidad histórica de este Gobierno, llevado al poder y mantenido con tanto sacrificio por los trabajadores, pobladores, campesinos, estudiantes, intelectuales, profesionales, a la destrucción y descabezamiento, quizás a qué plazo, y a qué costa sangriento, de no sólo el proceso revolucionario chileno, sino también el de todos los pueblos latinoamericanos que están luchando por el Socialismo.
Le hacemos este llamado urgente, compañero Presidente, porque creemos que ésta es la última posibilidad de evitar en conjunto, la pérdida de las vidas de miles y miles de lo mejor de la clase obrera chilena y latinoamericana.
En conclusión, el triunfo del golpe sólo puede explicarse considerando la responsabilidad histórica de las direcciones partidarias que optaron por la defensa de un Estado burgués, desde cuyo seno se preparaba el golpe, contra el proceso revolucionario en curso. Nos suena, claro, a la aciaga fórmula del PCE contra el proceso revolucionario aquí, en los años treinta: “primero la guerra, luego la revolución”.
Balance de la dictadura: el mito de un milagro económico
La dictadura, impuesta para evitar el riesgo cierto de decantación revolucionaria, rápidamente comienza una política económica muy agresiva contra la clase trabajadora. Un ejemplo muy claro es la destrucción de la seguridad social, en cuyo lugar el capital, gracias a la actuación criminal de la dictadura, impone un sistema de capitalización individual y gestión privada, que pone el 10% de la masa salarial en la especulación y cuya consecuencia es que hoy no existe salario diferido, porque las pensiones no proveen un medio de vida (en promedio la pensión no alcanza el 33% del último salario para los trabajadores ni el 25% para las trabajadoras; aún menor por la mayor esperanza de vida que se utiliza como referencia para el cálculo).
La maquinaria propagandística del capital promueve que la dictadura logró un milagro económico. Es fácil rebatirlo con las propias estadísticas, manipuladas, de la dictadura. Ni por el lado del crecimiento económico, ni por el lado de la estabilidad monetaria, ni tampoco por una mejor inserción en el mercado mundial. Lo que sí ocurrió fue un enorme aumento de la concentración del capital -con un peso determinante del extranjero-, una profundización en la subordinación externa de la economía chilena y, especialmente, una gigantesca concentración del ingreso y la riqueza, que implica privaciones drásticas para la mayoría de la población.
Es decir, no hubo milagro, sí una intensificación de la condición subdesarrollada de la economía chilena. Tampoco tuvo nada de real aquello del milagro económico español en los sesenta.
La estafa de las “transiciones a la democracia”
Y como en el caso español, antes de la finalización formal de la dictadura y en respuesta sobre todo a las grandes movilizaciones que se extienden especialmente entre 1983 y 1986, las cúpulas partidarias ya habían aceptado el marco institucional de la dictadura. Como aquí, el PC plantea una “reconciliación nacional” que, de hecho, avala la impunidad. En los procesos sociales no pueden separarse los distintos aspectos como si fueran autónomos: el mantenimiento de la política económica de la dictadura y la impunidad son un paquete completo, dos caras de una misma moneda.
La supuesta “transición a la democracia”, cuyo alcance ya está preestablecido, como aquí, radica en ese paquete completo: ajuste permanente para la clase trabajadora e impunidad para la dictadura, en el marco de la preservación del trasfondo de su institucionalidad, aunque con otras formas.
En Chile, como aquí y en cualquier otro sitio, los gobiernos autoproclamados progresistas, pero que se subordinan a las exigencias del capital financier, no ofrecen ninguna salida a los problemas. Fue el caso de los gobiernos bajo la presidencia Lagos y Bachelet, dirigentes del PS, o el actual presidido por Boric y con un lugar destacado en él del PC. Por eso ni se ha derogado el nefasto sistema de las AFP, ni se impide que Chile se incorpore a un nuevo Acuerdo de Libre Comercio (el TPP-11), ni se levanta el Estado de emergencia en las zonas del país donde más se expresa la resistencia mapuche.
Pero los pueblos no están derechizados, como a menudo formulan las direcciones y sus corifeos, para excusarse. Los pueblos tienen instinto de supervivencia y, pese a que se acuñó la expresión “Chile despertó” para el estallido social que arranca en octubre de 2019, la resistencia nunca dejó de expresarse. En particular por los sectores menos controlados por esas direcciones, como la juventud y sus grandes movilizaciones de 2006 y 2011. O, muy especialmente, la movilización en defensa de un verdadero sistema de pensiones que convocó en 2016 la Coordinadora No+AFP, secundada en la calle por dos millones de personas, el 10% de la población del país.
No tenemos espacio aquí para desarrollar in extenso el recorrido reciente, desde el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019 con el que el gobierno derechista anterior trató de contener la movilización, aunque al precio de abrir un proceso constituyente. Frustrado después por razones ligadas no sólo a cómo hace el capital su política, especialmente mediática, sino también por la forma de gestionar el proceso desde las direcciones de las organizaciones de izquierda.
Hoy está en curso un proceso por el que se trata de imponer una suerte de “constitución pinochetista sin Pinochet” que se votará el próximo 17 de diciembre y que, a fecha de hoy, todo apunta a que sea rechazada (aunque no se sabe todavía cuál será la posición del gobierno y las organizaciones que lo integran).
Conclusión: la crisis de la humanidad es la crisis histórica de la dirección del proletariado.
De la experiencia chilena pueden sacarse tres conclusiones, refrendadas por los paralelismos con la española. En primer lugar, que la clase capitalista siempre recurrirá a todos los medios, literalmente, para mantener la dominación que le provee sus privilegios.
En segundo lugar, que la voluntad de la clase trabajadora de pelear por sus legítimas aspiraciones está fuera de toda duda, pese a todas las traiciones, la represión, las derrotas efectivas, etc.
Y en tercer lugar que, por tanto, el reto es levantar su organización política verdaderamente fiel a sus intereses, lo que exige un auténtico funcionamiento democrático. Al logro de esta tarea, con el objetivo de la emancipación de la humanidad de toda forma de opresión, consagra la IV Internacional su existencia y todos sus esfuerzos.
