Nosotros, trabajadoras y trabajadores del sector educativo en situación de jubilación, apoyamos la Huelga Educativa unitaria en defensa de la enseñanza pública, que tendrá lugar el próximo 23 de mayo, convocada por la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública, integrada por las entidades de la Comunidad Educativa valenciana.
Las personas abajo firmantes compartimos el diagnóstico, las reivindicaciones y las propuestas que se hacen desde esta Plataforma unitaria, participaremos en las acciones convocadas y hacemos un llamamiento al conjunto del personal que trabaja en ella y a la sociedad valenciana a hacerlo activamente, al considerar que estamos en un momento importante para el futuro del sistema educativo valenciano ante las políticas que lleva adelante el gobierno valenciano.
Ahora es el momento de la unidad y la movilización para frenarlas, evitar el arrinconamiento del valenciano a la enseñanza y la segregación escolar, mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de la educación valenciana y avanzar hacia una educación pública de calidad.
Finalmente, nos ponemos a disposición de las entidades convocantes para trabajar con el objetivo de extender la convocatoria a todos los ámbitos en los que estamos presentes.
Manifiesto en Defensa de la Enseñanza Pública el 23 de mayo
La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública -integrada por FAMPA-Valencia, STEPV-Intersindical Valenciana, Federación de Educación CCOO PV, UGT Enseñanza Servicios Públicos PV (UGTSP-PV), Escola Valenciana, CAVE-COVA, CGT Enseñanza, , SEPC Valencia, BEA, Sindicato de Estudiantes, Asociación de Directores de Primaria-PV, Asociación de Directores de Secundaria, Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica PV, ADIDE-PV, FAMPA-Enric Valor, FAMPA Penyagolosa y Valencia Laica- hemos convocado a toda la comunidad educativa a hacer una huelga el 23 de mayo para, entre otras cosas, detener las nuevas leyes educativas regresivas PP-VOX, como las malas llamadas de “libertad educativa” y “concordia”, que atentan contra los derechos de la comunidad educativa y que pervierten el significado de la palabra “libertad”. No podemos permitir todos los ataques que la educación pública está sufriendo.
El día 23 os animamos a hacer huelga:
Para mejorar las condiciones laborales.
Exigimos los recursos necesarios para una verdadera inclusión educativa, para la mejora de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza como, entre otros, incrementos retributivos, reducción de horas lectivas para docentes mayores de 55 años, supresión de la burocracia, aumento de las plantillas y una bajada generalizada de ratios. Así como medidas para atender la salud laboral del profesorado encaminadas a una mejor organización del trabajo docente que ponga fin a las masificaciones, las agresiones y la conflictividad a la que no se da ninguna solución. Reclamamos una negociación seria para corregir estas situaciones de gran perjuicio para los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la educación que también repercute en nuestro alumnado.
Por la NO paralización del Edificant.
Las chiquillas y chiquillos están sufriendo riesgos en nuestros centros escolares, ya que, incluso las obras más urgentes se están dilatando en el tiempo. Como consecuencia: se ha comprometido la integridad estructural de los edificios y la seguridad y bienestar de toda la comunidad educativa: goteras, rotura y oxidación de vallas exteriores, falta de instalación de aires acondicionados y adecuación de los edificios a las condiciones de la emergencia climática, desperfectos en los suelos de los patios que ocasionan accidentes, techos que caen a trozos… Los espacios educativos están en peligro. Igualmente, necesitamos ampliar la red de centros públicos, desde 0-3 años hasta las enseñanzas postobligatorias (escuelas de idiomas, centros de enseñanzas artísticas, escuelas de adultos, etc.), pasando por los colegios de infantil y primaria y los institutos. Exigimos que se deje de atacar la igualdad de condiciones en la educación pública, y reclamamos un incremento de la inversión para proteger y garantizar una educación de calidad.
Para decir SÍ al valenciano.
Para nosotros, la «libertad educativa» es la que se caracteriza por la ausencia de dominación de una lengua sobre la otra y la proposición de ley que propone PP-VOX agrava aún más la situación de bilingüismo asimétrico que sufrimos en nuestro territorio. Hoy por hoy, y después de más de 40 años de aplicación de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, continuamos observando casos de un inaceptable maltrato de los derechos de las personas al conocimiento y el aprendizaje en nuestra lengua. La capacitación para «utilizar, oralmente y por escrito, el valenciano en igualdad con el castellano cualquiera que haya sido la lengua habitual al iniciar los estudios» es un derecho que debe estar garantizado a todo el alumnado tal y como prescribe la LUEV. Para corregir este bilingüismo asimétrico, son necesarias actuaciones de compensación por la lengua propia y oficial que se encuentra en situación de minorización tanto a nivel de planificación educativa como a nivel de usos y la administración educativa no puede eludir su responsabilidad.
Por decir NO al distrito único segregador.
Consideramos que eliminar las zonas escolares en la admisión de los alumnos va en contra de la libertad de elección de las familias y solo favorece la selección de los alumnos y de las familia de determinados centros educativos concertados. Una medida que para la Plataforma es altamente segregadora y que provoca que el alumnado se concentre en unos centros educativos en detrimento de los otros que pueden perder matrícula, y por tanto, aulas y maestros. La educación pública está ya sufriendo los recortes. El distrito único ha sido la medida que ha servido como antesala a la privatización de la educación, fundamentada en términos mercantiles, de oferta y demanda y a los recortes de unidades y profesorado en la pública. Advertimos que cuando se aplican medidas como la zona única y no hay reserva de plazas, el sistema educativo acaba segregando la infancia en función de las posibilidades económicas, creando los centros de tipo A y los centros de tipo B; se refuerzan también los centros guetos y eso es incumplir un principio básico como es la igualdad de oportunidades. Asimismo, la zona única provoca desplazamientos innecesarios en vehículos privados del alumnado ocasionando caos y contaminación en nuestros pueblos y ciudades, mientras que las zonas escolares favorecen que las chicas y los chicos se escolaricen en su barrio: un espacio enmarcado en su entorno más cercano y en la comunidad en la que viven, criterio principal de las familias a la hora de elegir escuela.
Por decir no a los recortes.
Los recortes en la educación pública son una realidad incontestable. Recortan en las escuelas oficiales de idiomas y recortan en infantil y primaria. Ya conocemos las propuestas para el curso que viene de grupos en estas enseñanzas y el saldo es totalmente negativo para la enseñanza pública. Se confirma que quieren recortar en la escuela pública para trasvasarla a la privada. Esto no es nuevo, ya lo hemos vivido en los últimos gobiernos del PP. Anuncian la gratuidad en la educación infantil 0-3 años, donde más enseñanza privada hay pero recortan unidades públicas en el arreglo escolar con la excusa de que ha bajado la natalidad, pero esconden que la natalidad está bajando desde hace años y no han parado de aumentar las unidades públicas en infantil desde que el Botànic implantó las aulas de 2 de años en los centros públicos. Pero con la llegada del PP y VOX al gobierno se ha frenado en seco este incremento en la pública. En las EOI no hay ninguna justificación para recortar la brutalidad de grupos y profesorado que piensan recortar para derivar a ese alumnado a las academias privadas, si es que se lo pueden pagar. Y si no, no tendrán servicio.
Para reivindicar la enseñanza de los valores éticos y democráticos.
Paramos también para detener el recorte de la asignatura de Educación en Valores a 4º de la ESO, que quedará reducida a una única hora semanal el próximo curso. La enseñanza pública debe garantizar un espacio para la reflexión pausada y crítica sobre los valores éticos y democráticos y los retos de futuro que afronta el alumnado y la sociedad en conjunto. La medida es antipedagógica y no permite el desarrollo de un pensamiento libre y filosófico. Para hacer frente a la nefasta “ley de concordia” que, además de suponer una desregulación real de aspectos importantes ahí definidos en la Ley 14/2017 de Memoria Democrática, blanquea el franquismo, olvida y distorsiona los hechos ocurridos en la historia de nuestro país que deben ser transmitidos en las aulas, para el conocimiento de nuestro alumnado y la comprensión de la actual sociedad en la que convive. Quieren un alumnado dócil y sin criterio.
