Sombras y luces de la futura Ley de la Vivienda. Valoraciones de urgencia de la Plataforma antideshaucios (PAH) y del movimiento por una vivienda digna 

En un comunicado remitido a los medios este sábado 15 de abril, la PAH señala que, a falta de conocer con detalle el texto pactado por el Gobierno con Esquerra Republicana y EH Bildu y el Gobierno de España sobre la futura Ley para el Derecho a la Vivienda, lo que YA puede decirse del texto es que no pone fin a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, pese a tratarse de una de las reclamaciones básicas de los movimientos sociales.

Tan solo se han producido pequeños avances, como la prohibición de los desahucios con fecha abierta; la rebaja de la definición “grandes propietarios” a quienes tienen 5 viviendas en vez de 10 y el blindaje de las competencias de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, que podrán seguir desarrollando o no, discrecionalmente, medidas que ya han demostrado su eficacia a la hora de detener desahucios y corresponsabilizar a bancos y fondos buitre gracias al alquiler social.

Valoración de la PAH

En cambio, entre los aspectos criticables de la nueva ley, hay que mencionar que no se suprimen los desalojos: únicamente se alargará su plazo hasta los 2 años. Y además, los grandes tenedores como bancos y fondos buitre podrán seguir desahuciando sin ningún tipo de obligación o penalización.

Asimismo, resulta discutible que la nueva ley contemple el uso de los fondos del Plan Estatal de Vivienda para pagar los realojos de las familias desahuciadas o incluso alquileres sociales “bonificados”, lo que a la práctica consistirá en otro nuevo traspaso de dinero público a manos de grandes tenedores como bancos y fondos buitre en vez de obligarlos a corresponsabilizarse de la actual emergencia habitacional y a movilizar sus viviendas vacías.

Igualmente, es de lamentar que las familias hipotecadas se hayan quedado fuera de este acuerdo y de la futura ley en general. El Euríbor ha cerrado el mes de marzo en un 3,67%, lo que implica subidas de hasta 300€ mensuales. Sin embargo, hasta ahora, el gobierno solo ha tomado medidas cosméticas, como el mal llamado escudo social, o bien la reedición del código de buenas prácticas bancarias cuya adhesión por parte de los bancos ni siquiera es obligatoria y cuyos supuestos de aplicación son irreales.

Otro hecho preocupante es la falta de mecanismos para movilizar las viviendas vacías, y que siga sin abordarse la situación de la inmobiliaria pública existente, la Sareb, que el Gobierno ha dejado en manos de los fondos buitre y cuyo patrimonio está siendo vendido en vez de poner todas esas viviendas a disposición de las Comunidades Autónomas y aumentar así el parque público de vivienda.

En definitiva, si bien parece que se estén dando pasos para aprobar una ley más que necesaria para las familias trabajadoras, la realidad es que las medidas anunciadas por la nueva ley son manifiestamente insuficientes.

Otras críticas

Por su parte, la periodista Karla Pisano, ha recogido el sentir de otras organizaciones y plataformas reivindicativas, que señalan que el contenido y la puesta en escena de esta nueva futura ley de vivienda resultan electoralistas.

Comenzando por los plazos tan reducidos para la puesta de acuerdo y la aprobación parlamentaria, así como la falta de consistencia del texto: su redacción es vaga, abierta a interpretación; y muchas de las medidas que ya se anuncian a bombo y platillo ya existían, de alguna manera, y tan sólo se trataba de extenderlas en el tiempo o el territorio (las prórrogas de los alquileres, la declaración de zonas tensionadas), como prueba igualmente que algunas llevan años en las leyes autonómicas y nunca han tenido el más mínimo efecto (ejem. Los protocolos frente a desahucios).

La falta de consistencia se extiende también a la falta de un régimen sancionador propio, que es el eterno problema en la vivienda: se le presuponen unos derechos al inquilino, pero no hay medios para hacerlos cumplir y los propietarios salen completamente impunes.

Además, casi todo lo importante queda a la libre elección de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, lo que supone dejar en manos de cada una de estas administraciones, gobernadas por uno u otro color político, la decisión de legislar o no contra de grandes propietarios como bancos y fondos buitre.

Falta rigor y honestidad en esta recta final de la legislatura. En lugar de los habituales auto-elogios, debería explicarse claramente que la nueva ley acordada no limita ni reduce el precio del alquiler: sólo establecen un límite a su subida; que se ha acabado por ceder ante los propietarios, los cuales recibirán bonificaciones fiscales; o que, entre otras muchas cosas, la definición de gran propietario a partir de 5 viviendas sólo se aplicará en zonas tensionadas y si la administración local lo decide.

En definitiva, como señala con contundencia Karla: “El circo electoralista ha comenzado, y aunque algunos partidos reserven asientos al proletariado en el gallinero, éste no puede esperar ver más que acróbatas y payasos“.

En este mismo sentido, vale la pena leer el artículo de Jaime Palomera (sinpermiso.info), que analiza en profundidad el acuerdo forjado en torno a la nueva ley de vivienda, concluyendo que presenta 5 grandes “vías de agua”.