Álvaro Sánchez Castrillo. Memoriarepresionfranquista.com
Luis Torres Calvo fue asesinado en el verano de 1936 en Ágreda, un pequeño municipio soriano ubicado a escasos quince kilómetros de su Torrellas (Zaragoza) natal. Era jornalero. Y le mataron tan sólo por su vinculación al PSOE y la UGT, como a tantos otros agricultores tras aquel nefasto golpe de Estado. Su cuerpo estuvo, durante décadas, tirado en un rincón del cementerio de la localidad. Un lugar indigno del que la familia pudo rescatar, tras un esfuerzo ímprobo, los restos del jornalero. Ahora, él descansa junto a su hija y su mujer. Y su nieta, Anabel Lapuente, no ceja en su empeño de rescatar a todos aquellos que, como su abuelo, fueron condenados al olvido. Una batalla que seguirá dando pese a los ataques ultras. «No nos callarán más», asegura con firmeza.
Desde el cambio de ciclo que trajeron consigo las elecciones autonómicas del 28M, la derecha dejó claro que la memoria sería –otra vez más– pieza de caza mayor de eso que han llamado guerra cultural. Una ofensiva que no ha tardado en dar comienzo en aquellos territorios controlados por PP y Vox. En Aragón, conservadores y ultras ya han culminado la derogación de la normativa memorialista autonómica, un andamiaje legislativo regional que en Castilla y León y Comunitat Valenciana prevén sustituir por leyes de concordia que evitan expresiones como «golpe de Estado» –en referencia al del 18 de julio de 1936– y que pretenden instaurar un silencio sepulcral alrededor de las víctimas y sus victimarios. Una amenaza de retroceso que también se cierne sobre Extremadura, Cantabria o Baleares.
Los colectivos memorialistas, sin embargo, se preparan ya para plantar cara a la deriva reaccionaria en todos estos territorios. No están dispuestos a que se imponga otro manto de silencio como el que lo cubrió todo hace más de medio siglo. Ellas y ellos, que llevan décadas haciendo en solitario una labor de la que durante tanto tiempo se desentendieron sin ningún pudor las instituciones, piensan dar la batalla hasta las últimas consecuencias. «Los que dominaron nuestro pasado están dominando también el presente y no se puede permitir», sostiene Lapuente. De fuerzas, asegura en conversación con infoLibre, van sobrados. «No nos van a flaquear. Como si tenemos que arañar nosotros la tierra con nuestras manos hasta sacarlos», completa.
Lapuente ejerce como presidenta de la Plataforma de Acción por la Memoria de Aragón (PAMA), que agrupa a cerca de una veintena de colectivos memorialistas de la que es una de las comunidades con mayor número de fosas comunes de todo el país. No es la única región en la que las asociaciones han comenzado a organizarse –y coordinarse– bajo un mismo paraguas. A comienzos de diciembre, se constituyó en el archipiélago balear la Plataforma per la Memòria Democràtica. Y la pasada semana nació en territorio valenciano la Comisión Cívica por la Memoria y la Dignidad, cuya presentación se llevó a cabo en el llamado Paredón de España de Paterna, donde se calcula que fueron asesinadas más de dos millares de personas.
Matías Alonso, portavoz del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valencia (GRMHV), explica que esta entidad es una respuesta al intento de las derechas de dar con esta nueva legislación autonómica una «pátina de normalidad» al franquismo. «Con la llamada ley de concordia, mezclan todo tipo de víctimas –desde las del terrorismo a las de 1931– con la intención de diluir a todo este colectivo que es objeto de la acción memorialista, víctimas del franquismo que nunca han tenido reconocimiento y reparación», asevera al otro lado del teléfono, al tiempo que muestra su preocupación por cómo pueda afectar un texto de estas características a la retirada de vestigios de la dictadura o a los contenidos memorialistas en los institutos.
La idea es que la Comisión Cívica por la Memoria y la Dignidad desborde el tejido memorialista. Que al barco se vayan subiendo «otros sectores y entidades», de forma que «quede claro» que existe «una oposición firme y amplia contra los retrocesos». «Queremos que la propia sociedad civil nos acompañe», dice Alonso. Un respaldo de sindicatos, grupos políticos, asociaciones de vecinos u organizaciones de todo tipo que ya han ido recabando las plataformas balear o aragonesa. Y también la Coordinadora Memorialista de Extremadura, a cuyo manifiesto contra las intenciones ultras se sumaron historiadores, antropólogos, arqueólogos, intelectuales, periodistas o artistas. Entre los nombres más reconocidos, Paul Preston, Ian Gibson, Luis Landero o Enrique Villarreal, El Drogas.
Los colectivos, además, tienen previsto dar también la batalla contra el olvido en el plano internacional, donde España ya ha recibido varios varapalos por el abandono al que se han visto sometidas durante décadas las víctimas del franquismo. Varios representantes del tejido memorialista se desplazarán la próxima semana, de la mano de Podemos, a Bruselas para trasladar a la Comisión Europea sus demandas y expresar su preocupación por la derogación de las leyes de memoria autonómicas. Está previsto que se reúnan con los equipos de Justicia –el área que lidera Didier Reynders– y Valores –el departamento que capitanea Věra Jourová–. Y también con eurodiputados del Intergrupo de Memoria del Parlamento Europeo y de la Comisión de Libertades Civiles.
«La intención es denunciar la supresión de derechos a víctimas de violaciones de derechos humanos a nivel europeo, a ver si llega lo que está pasando en España al Comité de Derechos Humanos. Aunque solo sea para establecer contacto con otras entidades de memoria de otras comunidades que como la nuestra están amenazadas, ya habrá valido la pena. Puede ser un comienzo para accionar procesos comunes», sostiene María Antonia Oliver, de la Plataforma per la Memòria Democràtica.
Contraataque en los tribunales
Al igual que los colectivos de víctimas, también el Gobierno ha comenzado a preparar el terreno para tratar de frenar la ofensiva ultra anti-memoria en los territorios que controlan. El Ministerio de Política Territorial y Memoria, que encabeza Ángel Víctor Torres, ya ha encargado un informe jurídico para llevar ante el Tribunal Constitucional los retrocesos en materia memorialista impulsados por PP y Vox. El plan inicial era intentar abrir una vía de comunicación con el Gobierno de Aragón, que por el momento es el único territorio donde se ha culminado la derogación, para intentar buscar un acuerdo antes de llevar el asunto a la corte de garantías. Pero el Ejecutivo autonómico ya ha dicho que no piensa dar «un paso atrás».
En cuanto a Comunitat Valenciana y Castilla y León, lo que hay por el momento son dos proposiciones de Ley de Concordia cuya tramitación parlamentaria ni siquiera ha comenzado. La primera de ellas apenas cuenta con cinco artículos, frente a los sesenta y cinco que conforman la actual ley de memoria autonómica. La segunda, evita mencionar la palabra «dictadura» y prohíbe, entre otras cosas, difundir públicamente la identidad de las víctimas rescatadas del olvido. Si ambas son aprobadas, el Gobierno lanzará también un ataque contra ellas en el Constitucional. «Lo que pretenden es blanquear la dictadura, no se pueden igualar cuatro décadas de ausencia de libertades con un periodo de democracia que decidimos en las urnas», ha señalado Torres en rueda de prensa.
El tejido memorialista balear también se plantea acudir a los tribunales si las derechas también borran de un plumazo la ley autonómica, tal y como prometieron PP y Vox en su acuerdo tras los comicios autonómicos. Hace un par de semanas, la Asociación de Memoria de Mallorca remitió un escrito a la Consejería de Presidencia en el que pedía cualquier información relativa a la posible derogación de la norma memorialista regional –desde informes jurídicos hasta calendario–. Y en caso de que el proyecto legislativo se hubiera iniciado ya, exigía su «paralización urgente». «Es un preaviso antes de emprender acciones a nivel administrativo y, sobre todo, judicial», explica Oliver, presidenta de la asociación.
La intención de la asociación es «acudir a los tribunales». Entienden que si el Ejecutivo balear se suma a la ofensiva, los derechos de las víctimas del franquismo y de sus familiares se verían vulnerados. «Y como parte afectada, acudiríamos, como quiere hacer ahora el Gobierno, ante el Tribunal Constitucional», sentencia Oliver. Una corte de garantías en la que la derecha también está dando la batalla contra la Ley de Memoria Democrática. Por el momento, el máximo intérprete de la Carta Magna tiene sobre la mesa dos recursos contra la norma estatal, uno de Vox y el otro del PP.
