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El pasado 23 de julio, la movilización de una parte importante del electorado cerró al paso a una victoria del bloque de los franquistas (con sus versiones de derecha y ultraderecha), al privarles de la mayoría que esperaban.
Tras la pantomima del intento de investidura de Feijoo –decidida por el Rey- ahora tocaría a Pedro Sánchez intentar la formación de gobierno. Somos partidarios de la formación de un gobierno que se apoye en la movilización popular para dar satisfacción a las reivindicaciones de la clase trabajadora y de los distintos pueblos del Estado español.
En su camino para conseguir unamayoría que le permita formar gobierno, Pedro Sánchez ha llegado a un acuerdo con Yolanda Díaz. Aunque este acuerdo no es suficiente para que se forme gobierno, porque aún no hay una mayoría suficiente y no está garantizado que no se vaya a una repetición de elecciones.
En todo caso, hay que señalar la intervención de Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE, donde por primera vez habla abiertamente de la amnistía, una cuestión que difícilmente va a ser digerida por el aparato de Estado y su representación política.
La cuestión que hay que plantearse es si el contenido de este acuerdo PSOE-Sumar puede dar satisfacción a las principales reivindicaciones.
El acuerdo incluye numerosas generalidades, y pocos elementos concretos. Tal vez el más importante sea el compromiso de reducir paulatinamente la jornada laboral máxima a 37,5 horas a lo largo de la legislatura. Aunque, como señalan varios analistas, según el texto esta reducción debe llevarse a cabo por medio del diálogo social, y parece difícil que pueda contar con el apoyo de la patronal,que ya se ha pronunciado en contra
La laicidad no figura en el acuerdo
Como señala la Francisco Delgado, expresidente de la organización Europa Laica, en el acuerdo “se abandona todo atisbo de poder construir un Estado laico. Incluso de dar pequeños pasos a favor de la laicidad institucional”. Y añade que “en las 230 medidas y 48 páginas del documento dado a conocer NO aparece nada. Salvo la palabra “laicismo” una sola vez y vergonzosamente para ratificar lo que ya dice la confesional y privatizadora LOMLOE, ‘que la nota de religión no contará para la evaluación final del alumnado que de religión’. Tema ya establecido”.
Y sin embargo, la cuestión de la separación de la Iglesia y el Estado y de las subvenciones a la Iglesia Católica es de rabiosa actualidad, tras publicarse el informe del Defensor del Pueblo que estima que 440.000 niños han sufrido abusos en organizaciones católicas. A la vez que la Iglesia Católica recibe del Estado una financiación anual de cerca de 12.000 millones de euros (250 euros por habitante y año), entre financiación directa y exenciones de impuestos. Casi 5.000 van a subvenciones a la escuela concertada católica, precisamente el lugar donde se producen la mayor parte de los abusos. La Iglesia tiene que indemnizar, contrariamente a lo que pretende el Defensor del Pueblo. Y al escándalo de los abuso a menores hay que sumar otros como la inmatriculación (una palabra para disimular el robo) de entre 30.000 y 100.000 inmuebles (según distintas fuentes).
Las exenciones de impuestos, la obligatoriedad de que el Estado pague profesores de religión que designan los obispos, la recaudación para la Conferencia Episcopal a través del IRPF, todo eso surge de los acuerdos firmados con la Iglesia, el 3 de enero de 1979, sólo cinco días después de que la Constitución entrara en vigor. Concordato que el acuerdo no se propone tocar.
La guerra y los gastos militares
En cuanto a la guerra de Ucrania, el texto del acuerdo dice que “defenderemos el apoyo y la solidaridad integral con Ucrania en respuesta a la injustificada agresión rusa y el fortalecimiento de la vía diplomática para lograr una paz justa y duradera alineada con las aspiraciones del pueblo ucraniano”. Es decir, seguir entregando armas a Ucrania, lo que sólo sirve para prolongar una carnicería.
En vano buscaremos una sola línea sobre el incremento de los presupuestos militares, que absorbe cada vez más recursos públicos necesarios para mantener la enseñanza, la sanidad, los servicios públicos. Recordemos que sólo este verano, el gobierno en funciones ha aprobado 12.000 millones de gasto militar.
La inflación que devora los salarios
En vano buscaremos en el acuerdo una medida efectiva de control de los precios de los artículos de primera necesidad. El acuerdo dice que “seguiremos adoptando medidas eficaces para combatir el impacto que la guerra en Ucrania, el encarecimiento de los alimentos y la subida de los tipos de interés tienen sobre la renta disponible de la ciudadanía mediante ayudas directas focalizadas para las familias más vulnerables”. Habría que decir que se ignora cuáles son esa “medidas eficaces” que ya se están adoptando y que según el acuerdo van a seguir.
Según el texto “se establecerá un sistema de seguimiento, información y evaluación de los precios de los alimentos básicos que contribuya a disponer de una cesta de la compra básica a precios asequibles, variada y de calidad, que permita el acceso de todas las familias a bienes esenciales y, a la vez, contribuya al objetivo de contención de la inflación”. Está bien hacer un “seguimiento, información y evaluación de los precios”, pero falta la medida clave: un control de los mismos, que es posible interviniendo sobre las redes de distribución especulativas.
Evidentemente, no hay ninguna medida para evitar el monopolio abusivo de las eléctricas y energéticas.
Pensiones
Sobre esta cuestión, se nota en el acuerdo la presión de un movimiento independiente de pensionistas, que todas las maniobras no han conseguido enterrar. De hecho, es un aparatado que incluye varias medidas concretas, como la subida de las pensiones según el IPC. “Seguiremos garantizando la sostenibilidad de las pensiones y su actualización conforme al IPC, para asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas” (aunque ello exigiría modificar la reforma de Escrivá, quedeja en manos de la AIreF la revisión de esta cuestión. Y la AIReF acaba de cuestionar el informe del ministerio sobre sostenibilidad del sistema). Y no figura ningún compromiso de realizar la auditoría de la caja de la Seguridad Social, a pesar de que lo exige la ley.
Las libertades
La legislatura anterior terminó sin cumplirse un compromiso establecido en la coalición de gobierno: la derogación de la infame ley mordaza. El nuevo acuerdo devalúa ese compromiso: “Reformaremos, y derogaremos, aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión (la «ley mordaza» y el Código Penal)”. Por tanto, ya serían sólo algunos aspectos de esa legislación represiva. Pero, además, se añade un peligro: “Esta nueva legislación (…) en particular regulará, entre otros, el derecho de reunión y manifestación, la identificación y registro corporal, la utilización de técnicas preventivas y disuasorias, así como la identificación de los agentes.” Pero el derecho de reunión pacífica en local cerrado no está sometido a autorización ni comunicación previas, ni limitado ahora por ninguna ley.
El futuro de la industria
Mientras el país vive una situación de acelerada desertificación industrial, se echa en falta en el acuerdo alguna medida concreta para hacerle frente. Por el contrario, todo parece indicar que se va a seguir con más de lo mismo: “la política económica se orientará a garantizar la necesaria transición ecológica –con la consiguiente reducción de emisiones de CO2 (…) Culminaremos el proceso de modernización de nuestro tejido productivo asociado al despliegue de los fondos Next Generation”
Política de vivienda
El acuerdo propone la creación de un parque de vivienda pública, que “se constituirá mediante mecanismos de compra o alquiler de viviendas existentes, con viviendas de nueva construcción y movilizando la vivienda vacía (…) se contará también con la vivienda que actualmente es propiedad de la Sareb”. Ahora bien, ¿cómo se va poder contar con el millón de viviendas vacías? El acuerdo sólo dice que “impulsaremos un registro de viviendas vacías”.
En cuanto a la subida desorbitada de las hipotecas, que arruina a quienes tienen una vigente y disuade a los posibles compradores de viviendas, poco más que medidas sin efecto alguno: “adoptaremos, fruto del diálogo con las entidades financieras, mejoras aplicables a los préstamos hipotecarios, dirigidas a facilitar la amortización anticipada de los créditos, la reestructuración de los préstamos hipotecarios o la solicitud de la dación en pago (…) Haremos el mercado hipotecario más competitivo eliminando los obstáculos a la portabilidad real de hipotecas entre entidades, reforzando la supervisión tanto financiera como de competencia e impulsando la transparencia”.
La posición de la clase trabajadora y los pueblos
Hay que señalar que el acuerdo es, en algunos aspectos, contradictorio con las propuestas o consejos del capital financiero y de las instituciones internacionales como la OCDE que exigen recortes (en particular, en las pensiones). Un acuerdo que no responde a la mayoría social, que no contenta a la patronal… Todo parece indicar que, si se forma, será un gobierno de crisis
Frente al programa expresado en el acuerdo PSOE-Sumar, (y más aun teniendo en cuenta que la acción del gobierno deberá contar con el beneplácito de dos fuerzas de la derecha económica, el PNV y Junts) una conclusión es clara: sólo la organización independiente y la movilización de los trabajadores y los pueblos puede garantizar la satisfacción de las principales reivindicaciones de los trabajadores, los pensionistas, la juventud, las mujeres.
Gobierne quien gobierne, las reivindicaciones y las conquistas se defienden.
