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La clase trabajadora afronta el 1 de mayo de 2023 en una situación muy difícil. La inflación provocada por la guerra y la actuación de los especuladores devora el poder de compra de sus salarios y pensiones, mientras servicios públicos esenciales para su supervivencia están siendo desmantelados, como sucede con la sanidad.
Bienes de primera necesidad, como los alimentos, los combustibles, la electricidad, experimentan subidas muy importantes, que las actuaciones del gobierno apenas han conseguido limitar. Las compañías energéticas y los monopolios de la distribución de alimentos se hacen de oro, mientras una parte cada vez mayor de la población trabajadora no llega a fin de mes.
Por tanto, la defensa y recuperación del poder de compra de los salarios y las pensiones debe ser un objetivo común de todas las organizaciones sindicales. Pero, ¿cómo es posible arrancar las necesarias subidas de salarios sin derogar completamente las reformas laborales que dan a los patronos un inmenso poder?
Hay que acabar con las leyes que reprimen la movilización social y laboral. Hay que derogar en su totalidad la Ley Mordaza.
¿Cómo es posible abordar la defensa de las pensiones sin acabar con el mito de que el sistema público de pensiones es insostenible? El ministro Escrivá acaba de reconocer que se han sacado de la caja de la Seguridad Social más de 140.000 millones de euros en pocos años para gastos “impropios”, para pagar cosas que no son pensiones de jubilación, de incapacidad, de viudedad, de orfandad.
Es imprescindible que se haga la auditoría de la caja de la Seguridad Social, un mandato parlamentario inscrito en la ley 21/2021, que el gobierno se niega a cumplir. La confesión de Escrivá –contradictoria, por demás, con su política- es un reconocimiento de la legitimidad de la lucha de los pensionistas por la auditoría, defendida también por múltiples instancias sindicales.
La sanidad pública, única garantía del derecho a la salud para la población trabajadora, está siendo destruida en cada una de las 17 autonomías. En todas ellas, se suceden las movilizaciones del personal de la sanidad y de la población.
Hace falta un presupuesto de urgencia para corregir los recortes que se produjeron, sobre todo, entre 2010 y 2018 y para recuperar la sanidad. Es intolerable que no haya fondos para la sanidad, mientras se dedican miles de millones a aumento de gastos militares. ¡Gastos militares, para escuelas y hospitales!
Los trabajadores no quieren la guerra. Es insoportable la política beligerante del gobierno.
¡Ni un euro para la guerra! ¡Basta de enviar armas! ¡Abajo los presupuestos militares!
La guerra y las sanciones están provocando la ruina de la industria europea, poniendo en peligro cientos de miles de puestos de trabajo. Es preciso organizar la acción común en defensa de la producción y de los puestos de trabajo.
Ante esta situación, es necesario que las organizaciones den un paso adelante, y organicen la movilización unida, por los salarios, las pensiones, la sanidad y todos los servicios públicos, invitando a unirse a todas las organizaciones.
