La DANA en València “multiplica por mil la crisis de la vivienda”. Algunos datos y alternativas

La DANA ha dejado a miles de familias sin hogar. Ante la inacción de las instituciones, fueron principalmente las redes familiares las que proporcionaron alojamiento alternativo a estas personas y familias. Seguidamente incluimos un breve informe publicado en El Salto y las alternativas propuestas desde varias entidades del movimiento por el derecho a techo…

Los datos disponibles

Como señala Martín Cúneo, la dana del 29 de octubre afectó a 79 municipios del sur de València y, con diferentes niveles de gravedad, a 1,8 millones de personas. De las 130.000 viviendas ubicadas en las zonas inundadas, el Consorcio de Compensación de Seguros contabiliza 48.003 casas dañadas, una cifra que solo contempla las viviendas aseguradas. El número final puede ser mucho mayor. 

No hay datos de cuántas familias han tenido que abandonar sus hogares en unos barrios en donde una de cada tres viviendas fue levantada en terreno inundable ni de cuántas se han visto forzadas a quedarse y vivir en condiciones insalubres. Tampoco hay cifras de cuántas familias que residen en bajos ya están pensando en no volver y buscar un sitio donde vivir sin miedo a futuras inundaciones. Solo se sabe que son miles y que no lo van a tener fácil.

Entre los pocos datos disponibles, unas 500 familias han tenido que ser desalojadas por problemas estructurales. Pero representan solo un pequeña parte de las miles de familias que se han visto forzadas a abandonar unos hogares devastados, convertidos en invivibles, sin fecha clara de regreso. En medio de una crisis habitacional generalizada, el aumento de la demanda de vivienda tras la riada ha tensionado aún más un mercado en el que encontrar un piso asequible ya se había convertido en una misión imposible.

La Generalitat ha lanzado un ayuda de 800 euros para pagar el alquiler a las familias afectadas, cantidad insuficiente considerando los precios actuales de los alquileres.

La atención en polideportivos, instalaciones municipales, hostales, pensiones y otros recursos puestos a disposición de la población por los ayuntamientos y la Generalitat ha sido anecdótica. En Chiva, una de las localidades más afectadas, apenas 52 personas se han alojado en hoteles, según publicaba La Vanguardia, y el Ayuntamiento ha pedido, sin resultado hasta ahora, que los vecinos pongan en alquiler sus viviendas vacías para poder ofrecerlas a aquellas familias que lo han perdido todo.

Ante la peor crisis de vivienda desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, han sido las redes vecinales y familiares las que han dado soluciones temporales a las familias afectadas. La actuación de la Generalitat se ha limitado a abrir instalaciones en algunos polideportivos y centros municipales, ofrecer hostales provisionales, apelar a la solidaridad de los caseros y poner sobre la mesa 314 pisos públicos, todo lo que ha podido rascar ante la peor crisis de vivienda de los últimos 15 años.

Alternativas de la PAH y Sindicat de Habitatge

Esta falta de margen de actuación solo es explicable, sostiene un portavoz de la PAH valenciana, por décadas de políticas de vivienda que han llevado a que el País Valencià esté a la cola de parque público —con un 0,7%— en un país que está a la cola de Europa en vivienda protegida —un 2% frente a un 9,6% de media europea—.

Y si no hay parque público no es porque no se haya invertido ni construido vivienda pública, sino porque, al igual que en el resto de España, tras algunos años de protección, la vivienda pública se ha vendido en el mercado. Entre 1991 y 2023, se construyeron en la comunidad valenciana nada menos que 190.560 viviendas de protección oficial, según un reciente informe de Comisiones Obreras, una cifra que palidece frente a las 15.000 que cuenta la Generalitat en la actualidad.

A medida que crecían los precios del alquiler y que acceder a una hipoteca se convertía en una misión más difícil, la lista de espera para acceder a un piso protegido no ha dejado de crecer: en 2023, la lista de demandantes de vivienda protegida ascendía a más de 15.000 personas, el 33% más que dos años antes, cuando se creó el listado.

La urgente necesidad de pisos públicos se podría solucionar fácilmente, sostienen desde la PAH y el Sindicat de Habitatge del País Valencià, con la movilización del medio millón de viviendas vacías —una de cada cuatro— que hay en la comunidad, 172.575 solo en la provincia de València. De hecho, el Gobierno del Botanic dejó como legado una herramienta que podría haber resultado útil ante esta emergencia: el decreto 130/2021 para la movilización de viviendas vacías y deshabitadas.

Sin embargo, el Gobierno de Mazón ha dejado el decreto en un cajón y no ha desarrollado la normativa ni impulsado el registro por lo que difícilmente puede servir para dar una solución rápida al problema de vivienda dejado por las inundaciones. “¿Cuántas viviendas tienen los grandes fondos, la banca rescatada, los fondos de inversión, las Socimis? ¿Cuántas tienen identificadas? No tienen el registro actualizado. Y hay un decreto que les permitía hacerlo”, critica este activista de la PAH.

Tres días antes de la dana, la Cadena Ser informaba de que solo 313 del medio millón de viviendas deshabitadas de la comunidad pagaron el año pasado el impuesto a pisos vacíos, un gravamen aprobado en 2020, que tampoco ha sido desarrollado y hubiera permitido aumentar la oferta de viviendas. Ahora, con la crisis agudizada por la dana, y los precios de los alquileres a niveles nunca vistos, el margen de actuación es casi nulo, mucho menos a corto plazo. La ampliación del parque público no ha sido una prioridad de Gobierno de Mazón. Es más, una de sus primeras medidas fue boicotearlo, con la paralización de la compra de 500 viviendas de la Sareb para alquiler social.

Desde la PAH siguen pidiendo el alquiler social obligatorio, que todas las viviendas del banco malo en el territorio —unas 3.300— pasen a formar parte del parque público —hasta ahora se han ofrecido apenas unas 100— y que se ponga a funcionar la ley de viviendas vacías para movilizar pisos hacia las familias damnificadas. También demandan una Comisión de Atención de Emergencias de Vivienda por efectos de la dana, donde se coordinen la Generalitat, los ayuntamientos, movimientos sociales y ONG. Esta plataforma también demanda que los más de 4.000 pisos turísticos ilegales sean puestos a disposición de las necesidades de la población en esta situación de emergencia. “Estamos en una momento en el que se junta la crisis estructural con la crisis coyuntural, una situación de desmadre absoluto”, resume.

Por su parte, desde el Sindicat de Habitatge del País Valencià se plantea una amplia desconfianza de la eficacia de las ayudas públicas y de que lleguen a quienes más lo necesitan, en especial a los migrantes que no estén empadronados. 

La prisa que se dieron las administraciones en recuperar la comunicación entre los barrios afectados, con gran presencia de clase trabajadora, y la ciudad de València para que pudieran volver al trabajo, contrasta según el Sindicat con la falta de interés mostrado en el realojamiento o las situaciones personales y necesidades urgentes de cada familia. Tanto el Gobierno central como el autonómico son “igualmente culpables”, por lo que exigen una “dimisión en bloque de todos los responsables”. 

Para atajar esta crisis habitacional agudizada por la dana, desde este sindicato demandan igualmente que la patronal inmobiliaria, la Generalitat y el Estado español proporcionen viviendas “gratuitas y de calidad” para todas las familias que lo necesiten “durante el tiempo que haga falta”. Y para alcanzar este objetivo, se inclinan por empezar por los pisos turísticos, los de la banca y los de los fondos de inversión. También apuntan a la necesidad de que las ayudas cubran la totalidad del alquiler y de las cuotas de la hipoteca a las familias que han tenido que abandonar sus hogares, y no se limiten a ayudas parciales y condicionadas que cubren solo una parte del pago de la vivienda.

SOS Vivienda

Finalmente, la plataforma SOS Vivienda propone el siguiente catálogo de medidas necesarias:

1. Declaración de Emergencia Habitacional

• Reconocer oficialmente las zonas afectadas como áreas de emergencia habitacional para priorizar ayudas y recursos.

2. Plan de Rehabilitación y Reconstrucción

• Implementar un programa urgente de rehabilitación de viviendas dañadas, incluyendo reformas en propiedades adquiridas bajo programas de avales o financiación. Posteriormente, las ayudas de avales y financiación deducirán la parte que corresponda por subvenciones relacionadas con la catástrofe.
• Incorporar a los avales y al Cheque Vivienda DANA la posibilidad de financiar la compra de obra nueva o la reforma de viviendas existentes, apoyando tanto a familias como a promotores individuales.

3. Soluciones Temporales y Viviendas Modulares

• Habilitar albergues comunitarios transitorios y casas móviles o modulares en terrenos de fácil acceso, incluyendo espacios rústicos públicos con autorizaciones especiales dada la urgencia.

4. Financiación y Avales

• Garantizar financiación pública mediante avales ICO o facilitados por la Generalitat, en el marco de convenios con entidades bancarias y bajo vigilancia para asegurar su cumplimiento.
• Priorizar la participación de entidades con capitalización pública significativa, como CaixaBank, para financiar la primera vivienda.
• Financiar el 100% del costo de rehabilitación, compra y alquiler con opción a compra, priorizando en las zonas afectadas.

5. Incentivos Fiscales

• Reducir al 1% el ITP y el IVA para la adquisición de viviendas protegidas, obra nueva o reformas en áreas afectadas.
• Bonificar el IBI durante 5 años para propietarios que reconstruyan o alquilen viviendas.

6. Viviendas de Precio Tasado (VPT)

• Promover las Viviendas de Protección Tasada (VPT), en compra o alquiler siempre con opción de compra, como una solución prioritaria.
• Utilizar terrenos disponibles para construir nuevas VPT o rehabilitar existentes, dinamizando la oferta en zonas afectadas.

7. Programas de Ayuda Directa

• Crear un Cheque Vivienda DANA como un instrumento integral y universal para garantizar el derecho constitucional a la vivienda.

• Será válido para todo el mundo para la adquisición de la primera vivienda habitual.
• Incluirá ayudas especiales y complementarias para los colectivos más vulnerables.
• Permitirá opciones como:

• Reforma de vivienda.
• Alquiler directo con opción de compra.
• Compra directa de vivienda.
• Reserva de obra nueva.
• Su objetivo es ofrecer una solución personalizada que abarque todas las opciones según las circunstancias individuales, promoviendo un acceso real y efectivo a la vivienda.

8. Incentivos al Alquiler

• Establecer desgravaciones fiscales del 100% en IRPF e IBI para propietarios que alquilen a familias vulnerables, especialmente aquellas con hijos o en situaciones especiales de vulnerabilidad.
• Facilitar seguros de impago para inquilinos en situación de vulnerabilidad, asegurando a los propietarios el cobro de las rentas.
• Otorgar ayudas complementarias al alquiler dirigidas a inquilinos especialmente vulnerables, con el objetivo de garantizar su acceso a una vivienda digna y reducir el riesgo de exclusión social.

9. Desarrollo Público-Privado y en Régimen de Comunidad

• Desarrollar un plan público-privado urgente para financiar promociones en solares urbanos o suelos a desarrollar. Estas promociones podrán ser:

• Directamente privadas o públicas.
• Promovidas por los propios adquirientes en régimen de comunidad.
• Gestionadas por entidades sin ánimo de lucro, ayuntamientos, la Generalitat, o sus empresas y entes públicos.
• Las viviendas podrán ser reservadas con antelación por los demandantes mediante el Cheque Vivienda, garantizando su acceso y promoviendo una oferta inmediata.

10. Participación Ciudadana y Transparencia

• Establecer comisiones abiertas de emergencia habitacional en municipios afectados, con participación de ciudadanos, expertos y colectivos profesionales.