Además de la negligencia criminal en la DANA del Gobierno del PP-Vox en la Generalitat Valenciana, al ejecutivo de Carlos Mazón también hay que imputarle otras medidas antisociales de gran impacto sobre la población, la afectada por las inundaciones en primer lugar. Se trata del decreto de regulación de la vivienda pública que entró en vigor el 10 de diciembre 2024 y que revierte la ley de función social de la vivienda de 2017 y que fue aprobado por la mayoría progresista del Botànic…
Jaime Fernández. Elplural.com
El Ejecutivo regional ha tomado una serie de decisiones que están “en las antípodas” de las lecciones que se tendrían que haber aprendido tras la DANA. Así lo explica la propia María José Salvador, en declaraciones a ElPlural.com. El pasado 10 de diciembre, el Consell aprobó un decreto de regulación de vivienda pública, que revirtió la ley de función social de la vivienda de 2017, aprobada precisamente por Salvador cuando era consellera de Vivienda en el primer Ejecutivo del Botànic, que presidía Ximo Puig. Esta ley contemplaba precisamente, medidas que anteponían el interés general en situaciones como la DANA, para garantizar el acceso a la vivienda protegida.
La ley del PP que liberaliza la vivienda pública: “No ocurría ni con Camps”.
La normativa aprobada en 2017 y revertida por el PP hace apenas 12 días, contemplaba la calificación permanente de la vivienda pública, con dos grandes objetivos: invertir en su construcción y evitar la descalificación. Además, en situaciones donde prima el interés público, como podría haber sido la DANA, la Generalitat podía requerir a los grandes tenedores que cediesen sus viviendas vacías para ponerlas en alquiler social. Para más inri, Salvador explica que existía un mecanismo sancionador para los propietarios que no ponían en alquiler social sus viviendas vacías que funcionaba en tiempos del Botànic: “En el momento en que ibas a sancionar, las ponían en alquiler”, explica.
El Ejecutivo de Mazón, con su nueva ley, “ha revertido la calificación permanente” del Consell de Puig, permitiendo su venta pasados los diez años. Esto no ocurría “ni en los tiempos del boom del PP“, dice Salvador, en referencia a la presidencia de Francisco Camps en pleno esplendor inmobiliario. Ahora, explica, “ni siquiera se establece un periodo mínimo” para la descalificación de las viviendas protegidas, lo que significa que la consellería puede dar luz verde para permitir las ventas a petición de los promotores. Además, estos las pueden vender al precio “que les parezca”.
La ley del Botànic, además, contemplaba que “por declaración de interés social”, la Generalitat podría disponer de viviendas vacías que fueran propiedad de grandes tenedores para ponerlas en alquiler público. Con la reversión de la normativa por parte del Ejecutivo de Mazón, esto no se ha aplicado para las personas que han perdido su casa a consecuencia de la DANA, algo que los socialistas presentaron como iniciativa parlamentaria. En concreto solicitaron “que se aplique el principio de interés general y se proceda a la cesión temporal forzosa de esas viviendas”, para ponerlas a disposición de los damnificados. Sin embargo, el PP no tomó en consideración esta moción.
Mazón hace campaña en el símbolo de “la ruina de la política del PP”.
Además de no ser fiel a sus propias decisiones en materia de vivienda, la campaña de Mazón “se apropia de las actuaciones del Botànic”. El vídeo muestra la “entrega de llaves” a los afectados en el edificio de Sociópolis, situado en la pedanía valenciana de La Torre. Este edificio se convirtió durante más de diez años en un símbolo de la crisis económica y de “la ruina de la política de vivienda del PP“. La etapa popular al frente de la Generalitat dejó “el esqueleto” del edificio sin terminar, en una obra cuyo promotor está encarcelado. Fue al final del primer consell del Botànic, en 2019, cuando la consellería de Salvador consideró finalizar la obra de este edificio de vivienda protegida, consiguiendo retomar en 2022 lo que comenzó el PP 19 años antes.
La maniobra de aprovecharse de iniciativas del anterior Consell se repite con la DANA, pero no es la primera vez. Tras el incendio del edificio de Campanar, en febrero de este año, el Ejecutivo aprobó la reubicación de los afectados en un edificio en Safranar. Este inmueble fue adquirido por la Administración a través del derecho de tanteo y retracto, un procedimiento al que el PP se opuso y votó en contra en Les Corts. A pesar de esto, Mazón no solo repite la misma jugada sino que lanza la campaña “absolutamente miserable” para tratar de lavar su imagen y la de su gestión tras la catástrofe de la DANA.
La ley de simplificación aprobada el día de la DANA que permite construir en zonas inundables.
La actuación del Gobierno de Mazón en materia de vivienda, además de poner trabas a la disposición de vivienda social para los que más la necesitan, va en “la dirección opuesta a la reconstrucción“. El 29 de octubre, las riadas dieron una lección del peligro que supone construir viviendas al borde de los barrancos. Una lección que algunos parecen no haber entendido. Muestra de ello es la ley de simplificación administrativa, que el mismo día de la DANA se debatió en Les Corts poniendo en peligro a los trabajadores parlamentarios, y que el Consell logró aprobar dos semanas después de las inundaciones.
La ley de simplificación de Mazón abre la puerta a que se construyan zonas residenciales y hoteles en zonas que supondrían un peligro para cerca de 600.000 personas, algo que denunció José Muñoz, síndic del PSPV en Les Corts: “El PP siempre prioriza el negocio inmobiliario frente a las vidas humanas“. La obligación de solicitar un informe de riesgo aprobado por la consellería de Medio Ambiente, queda eliminada en la nueva ley. En su intento de agilizar la construcción, el PP “está eliminando la responsabilidad de un departamento entero“, como denunció Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja.
