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Nota de prensa
Vecinas y vecinos de barrios y pueblos de Madrid solicitan por carta al Presidente del Gobierno la derogación del Art. 135.3
La plataforma Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid ha escrito una carta al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, solicitando la derogación del artículo 135.3 de la Constitución y que el artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud, pase a formar parte del Título I / De los Derechos y Deberes Fundamentales, para que dicha tutela sea efectiva, demandable y no meramente declarativa.
Por eso la Plataforma viene reclamando desde su constitución la mejora de la Sanidad Pública en general, y especialmente en su ámbito de localización, la Comunidad de Madrid, donde ha convocado las tres últimas multitudinarias manifestaciones en defensa de la misma.
Considera que el artículo 135.3 de la Constitución dificulta la mayor inversión en la Sanidad Pública ya que en él se señala que … «Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta».
Adicionalmente, también hay que destacar que “varias entidades como la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda y la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, consideran que parte de la misma es deuda ilegítima por lo que se podría destinar a paliar los innumerables recortes que se han realizado en los últimos años”, en todos los servicios públicos”.
La Plataforma confía en que esta carta abra el debate en el propio Consejo de Ministras y Ministros y que dé como resultado su traslado al Parlamento para abrir el debate de tan necesaria reforma constitucional.
Carta enviada al Presidente del Gobierno, Sánchez
Sr. Presidente:
Nos dirigimos a usted desde el espacio Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, espacio que agrupa a los colectivos vecinales que impulsaron las grandes manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública de los años 2022 y 2023, organizados en asociaciones y plataformas de la práctica totalidad de la geografía de esta comunidad autónoma.
Llevamos años luchando y movilizándonos por la Sanidad Pública, servicio esencial que, como bien sabe, está sufriendo un deterioro galopante en todas las comunidades, pero con un plus destructivo en la de Madrid. Los dos ejes fundamentales que provocan este deterioro paulatino son: la privatización y los recortes económicos aplicados a los servicios públicos y, por ende, a la Sanidad Pública, derivados de la deuda acumulada en la crisis financiera del 2008.
El recorte económico repercute en la calidad del empleo de las y los profesionales sanitarios, así como en su número y en los medios a su disposición. Fruto de esta situación, el número de estas y estos profesionales que, después de recibir una excelente formación financiada con los impuestos de todos, se ven obligados a marchar a países de nuestro entorno en busca de un empleo digno, va en aumento.
Entendemos que no es preciso mencionarle las nocivas consecuencias que esto está teniendo para la ciudadanía, en forma de listas de espera, ausencia de facultativos en las urgencias extrahospitalarias, saturación de las hospitalarias, centros de salud sin pediatra, centros de salud con mínimo personal. ..
El 27 de septiembre de 2011 se publicó en el BOE la reforma del artículo 135 de la Constitución española. Concretamente, en su punto 3 se lee: «Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y SU PAGO GOZARÁ DE PRIORIDAD ABSOLUTA». Es decir, en nombre de la «estabilidad presupuestaria» y la «consolidación fiscal», se subordina, literalmente, cualquier gasto social, incluida la Sanidad Pública, al pago de la deuda y sus intereses.
Quienes llevaron a cabo esta reforma en 2011 argumentaron que era un imperativo producto de la crisis económica que sufrimos en aquellos años. El tiempo ha demostrado que aquellas políticas de recortes que derivaron de esa reforma fueron un fracaso. Usted mismo ya señaló en noviembre de 2014 que «aquella reforma fue un error».
La Sanidad Pública necesita un plan de choque, que entre otras medidas que haremos llegar a la ministra de Sanidad, debería contemplar un presupuesto finalista, es decir, dotaciones presupuestarias para cubrir los déficits que se han generado en las distintas comunidades autónomas, por el abandono progresivo de lo público en manos de las empresas privadas y fondos buitre que estrangulan la sanidad y todos los servicios públicos. Si no se destinan a cubrir esos déficits, no se reciben.
Consideramos que el bienestar de las personas y el derecho a la protección de la salud que recoge el artículo 43 de la Constitución, es uno de los más importantes y es responsabilidad del Estado, por tanto, de su gobierno y suya, tomar las medidas para evitar las consecuencias negativas que tiene en la población el deterioro de la Sanidad Pública.
Hay entidades muy solventes, como la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) y la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, que hablan de que una parte de la deuda a la que hemos de hacer frente y cuyo pago es prioritario por mandato del artículo 135, es DEUDA ILEGÍTIMA y creemos que este aspecto debe ser contemplado por su gobierno. El dinero destinado a pagar esa deuda ilegítima se podría destinar a mejorar los servicios públicos y conseguir una Sanidad Pública de Calidad y Universal.
Por todo lo anterior, le pedimos que usted y su gobierno tomen en consideración abrir el debate en el Congreso de los Diputados para la derogación del artículo 135.3 de la Constitución y que, en la misma reforma, el precepto que establece el artículo 43, el derecho a la salud, pase a formar parte del Título 1 (De los derechos y deberes fundamentales), concretamente en la Sección 1ª de su Capítulo Segundo. Esto último, sería un gran paso de credibilidad hacia el blindaje constitucional de la salud.
Quedamos a su entera disposición y a la de los miembros de su Gabinete y del Gobierno para abordar y ahondar en cualquier cuestión relativa a las peticiones y propuestas realizadas.
