CCOO, UGT, CGT, SAT, CNT, USTEA, CO.BAS, Confederación Intersindical y otros sindicatos de Canarias, Euskadi, Catalunya, Galicia, Valencia, Andalucía y Madrid firman una carta dirigida al Gobierno para reclamarle la puesta en marcha de un protocolo de inspección a barcos con destino a Israel y un embargo militar integral que impida la compra, venta y tránsito de armas y material militar.
Esta iniciativa surge tras comprobarse que varios puertos españoles se usan regularmente como escala para embarcaciones que llevan armas y otros materiales de guerra. Más de 25 barcos han pasado por el Puerto de Algeciras entre mayo y septiembre con 13.000 toneladas de material militar. Por su parte los puertos de Valencia y Barcelona forman parte de las rutas regulares de la naviera ZIM, que ha transportado en el último año más de 8.000 toneladas de productos de guerra desde EEUU hacia Israel.
Ante esas evidencias, los sindicatos representados en zonas portuarias de todo el Estado aseguran que “un genocidio no se mantiene por sí solo, necesita cómplices y apoyos internacionales. Como trabajadores y trabajadoras sabemos que la solidaridad entre quienes luchan por los derechos y la libertad es imprescindible para acabar con quiénes oprimen”.
Seguidamente se incluye la carta enviada al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible
CARTA
A la atención de D. Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible:
Durante los últimos días se han hecho públicos datos que muestran cómo desde hace meses diversos puertos españoles han servido como espacio de tránsito para alimentar al genocidio del pueblo palestino.
Casi 13.000 toneladas de material de defensa y doble uso han pasado por el Puerto de Algeciras en 25 barcos y otras 8.618 por los puertos de Valencia y Barcelona, contradiciendo el discurso oficial de su ministerio y su Gobierno, que han mantenido durante todos estos meses que ningún barco con armas destino a Israel había transitado por nuestro territorio.
La Ley Española de Comercio de Armas (artículo 11) autoriza la retención de este material en tránsito cuando pueda ser empleado en acciones que perturben la paz, exacerben conflictos, o violen los derechos humanos (artículo 8.a). Este marco legal, junto con informes internacionales y de derechos humanos, subraya la responsabilidad de España en la prevención de tales abusos.
Israel está siendo actualmente investigado por genocidio en el Tribunal Internacional de Justicia. Este mismo Tribunal recordaba a los estados recientemente su obligación de no asistir ni proporcionar ningún tipo de ayuda a la comisión de los gravísimos crímenes cometidos por Israel durante décadas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicitó en abril de 2024 un embargo de armas a Israel, petición de la que se han hecho eco diversos representantes y altos cargos, como Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU para el Territorio Palestino Ocupado.
Imponer un embargo de armas a Israel es una obligación legal y moral. No podemos, no queremos seguir mirando para otro lado, cuando miles de personas al otro lado del Mediterráneo están siendo asesinadas con armas que pasan ante nuestros ojos. Un genocidio en Palestina, una invasión en Líbano. Más de 43.000 personas asesinadas en el último año, miles de personas desplazadas de sus hogares una y otra vez, sin agua, sin comida, sin electricidad y sin ningún tipo de asistencia médica, porque Israel está destruyendo todos los medios de vida ante la mirada cómplice de la comunidad internacional.
Un genocidio no se mantiene por sí solo, necesita cómplices y apoyos internacionales. Como trabajadores y trabajadoras sabemos que la solidaridad entre quienes luchan por los derechos y la libertad es imprescindible para acabar con quiénes oprimen. Nosotros, nosotras, sabemos de qué lado queremos estar y por eso le exigimos a nuestro Gobierno que:
- Imponga un embargo de armas completo e inmediato a Israel.
- Desarrolle un protocolo de inspección sistemática a todos los barcos que transiten por nuestro territorio con destino a Israel.
