Jesús Béjar. Blogespot.com
88 años del asesinato de Pedro Béjar
No fue hasta hace dos años que supe que mi abuelo había sido asesinado por el método del tiro en la nuca en el cementerio de Torrero en Zaragoza donde se supone que están los restos junto a los de otros cerca de 4000 fusilados en las tapias de ese lugar.
Mi abuelo fue detenido el 24 de julio de 1936, 6 días después del golpe militar de Franco. Huía con otros trabajadores hacia lo que pensaban era zona segura en Sos del Rey Católico. Detenido junto a 200 más en esa localidad aragonesa, estuvo en la prisión de Torrero hasta el 26 de noviembre de 1936 en que fue asesinado.
Hace dos años conocí el certificado de defunción y el informe de la excarcelación. No ha habido ninguna colaboración de las autoridades en investigar, que menos, los asesinatos de Franco. Todas, o la gran mayoría de, las investigaciones han sido llevadas por las familias o los grupos memorialistas que en buena parte se quejan de la desidia del gobierno para aplicar siquiera la recortada ley de Memoria Democrática.
Ley que no garantiza la Verdad, no investigan ni hacen cruces de base de datos ni se dirigen a las familias. Que no garantiza la justicia, ya que nuestro país tiene el honroso honor de no haber condenado a ninguno de los criminales y cómplices del franquismo. En realidad, la ley de punto final, ley de amnistía de 1977, no sólo exculpó a todos los asesinos y ladrones, sino que mantuvo en sus cargos a todos los jueces del TOP, se llevó a la mayoría a la nueva Audiencia nacional, otro tribunal especial y antidemocrático, y mantuvo también a los cargos militares y policiales. Todos de rositas.
Cuando me dirigí a la fiscalía de la memoria para decir que había encontrado datos sobre mi abuelo, ya me dijeron que solo teníamos dos derechos los familiares. A un reconocimiento formal, sin ninguna consecuencia, y a pedir la exhumación. Aunque la exhumación es muy complicada por las obras que los desalmados responsables promovieron en el cementerio encima de las fosas, he solicitado la exhumación. De hecho, un grupo de familiares navarros se llevaron en los primeros años de esta llamada democracia una parte de los restos. Vaya usted a saber los restos que se llevaron porque entonces no había las garantías que hay ahora por parte de quienes hacen las exhumaciones.
En cualquier caso, no he recibido respuesta aun a mi petición y me temo que tendré que ponerme pesado para que al menos me respondan.
Pero aparte del reconocimiento formal y de la posibilidad remota de la exhumación, no hay opción de ninguna anulación de juicios, no es el caso, ni de castigo a los culpables. Y, por supuesto, ninguna indemnización, ni otra reparación.
Contrasta con las ayudas a las víctimas del terrorismo. No sé porque las víctimas del crimen franquista tienen que tener menos derechos, sus familiares y las asociaciones. En el caso de las víctimas del terrorismo no solo hay las ayudas estatales, las CCAA tienen también sus propias medidas de apoyo, subvenciones etc. Aquí lo normal sería que cuando hay constancia de un asesinato la justicia y la policía investigase. Pero la ley de punto final, ley de amnistía de 1977, hace que se traten estos asesinatos como una exhumación de restos arqueológicos.
Por lo tanto, la ley de memoria democrática no resuelve las reivindicaciones de los grupos memorialistas ni de las familias de las víctimas. Ni hay verdad, ni justicia ni reparación. Lo que está cada vez más fuerte es el movimiento memorialista y las gentes que luchan por acabar con la impunidad.
