A pesar del autobombo, la “política social” de los sucesivos gobiernos del PSOE y UP o Sumar resulta muy limitada. La aplicación del “salario social”, Renta Mínima de inserción o “Ingreso Mínimo Vital” que se llama ahora, una de las medidas básicas contra la pobreza y la exclusión social, constituye buena prueba de ello, tal como pone de relieve el último informe realizado por los profesionales del trabajo social. En lugar de atender las demandas e intereses de la mayoría social, los progresistas en el gobierno siguen desviando los recursos públicos a la guerra y las pretensiones oligárquicas encarnadas en la UE y la OTAN.
El 29 de mayo de 2020 el Gobierno de España ponía en marcha el llamado Ingreso Mínimo Vital con el que -según afirmaban desde el Ejecutivo- “garantizarán que nadie se iba a quedar atrás en la crisis provocada por la pandemia del Covid-19“.
El entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, manifestaba que “nacía un nuevo derecho social, que se podía calificar como el mayor avance en derechos sociales en España desde la aprobación de la Ley de Dependencia”.
El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, añadía que se estaba poniendo en marcha “el instrumento más potente para redistribuir renta con un foco particular en la pobreza extrema”.
El Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos prometía que, de esta forma, ninguna persona, de entre los 13 millones que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión, sería abandonada a su suerte.
La realidad es, sin embargo, que cuatro años después, solo el 12,2% de la población pobre española percibe esta prestación. En números, se trata de 392.902 unidades de convivencia, poco más de un millón de personas, lo que representa menos de la mitad de las previsiones iniciales del gobierno. Y además, también se debe saber que la cuantía media mensual del IMV por persona beneficiaria es de 164 €, y 492,4 € por unidad de convivencia.
Son datos proporcionados hace unos días por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales que ha difundido la siguiente nota:
Gracias al ejercicio de transparencia del Ministerio que dirige actualmente Elma Diaz, tras los años de oscuridad del anterior ministro Escrivá, podemos realizar un estudio de la cobertura del Ingreso Mínimo Vital cuando se cumplen cuatro años desde su aprobación en 2020.
En el pasado mes de abril 589.948 familias fueron beneficiarias del IMV, con un total de 1.771.480 personas. Pero el Ingreso Mínimo Vital engloba tanto la renta básica de subsistencia, para familias con ingresos por debajo de la renta garantizada, como el complemento de ayuda para la infancia que permite completar las rentas inferiores a 3 veces la renta garantizada. Las familias que perciben la renta básica de subsistencia por tener ingresos inferiores a lo que se considera “renta garantizada” son sólo 392.902 hogares (1.006.763 personas), el 2,1% de la población española.
La previsión inicial, cuando el IMV se implantó en 2020, era llegar a 850.000 que se encuentran en situación de pobreza severa (17% de la población española, 2,3 millones de personas). La realidad es que sólo se ha alcanzado el 46,2% de cobertura de la pobreza severa.
Si tomamos como referencia el riesgo de pobreza, actualmente hay en España 8.260.000 en esa situación, al estar por debajo del 60% de la mediana de ingresos. En consecuencia, el IMV sólo llega al 12,2% de las personas en riesgo de pobreza.
Existen grandes diferencias en esta implantación entre Comunidades Autónomas. El IMV llega a más del 20% de la población bajo el umbral de pobreza en País Vasco (24,6%), Ceuta (23,5) y Melilla (22,6%), pero no llega al 10% en Castilla La Mancha (8,7%), Cataluña (8,6%), Canarias (8,3%) y Baleares (5,9%).
Es necesario un impulso aún mayor para incorporar el IMV en la gestión a los servicios sociales de atención primaria. Los servicios sociales comunitarios son una red capilar que llega a toda la ciudadanía independientemente del municipio en el que reside y de su situación personal y social. Sin embargo, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social no ha establecido ninguna coordinación que, sin ninguna duda, hubiera ayudado a la implantación del IMV, mejorando los plazos en el acceso y la situación económica de muchas familias. El laberinto burocrático diseñado para acceder al IMV ha hecho, en la mayor crisis social de la historia, que miles de personas en situación de vulnerabilidad, pasen meses de su vida sufriendo momentos de gran precariedad.
El Gobierno no ha cumplido con el objetivo que se planteó de que en unos meses llegaría el IMV a las 850.000 familias que malviven en la pobreza extrema en nuestro país. Mientras tanto, la persistencia de las “colas del hambre” deberían avergonzar a los gobernantes y, en lugar de ser noticia, tendrían que ser la denuncia continua de la impericia del Gobierno en la gestión de la “vacuna contra la pobreza”, que es como calificaron el Ingreso Mínimo Vital.
