Desde la ocupación del Sáhara Occidental, la población saharaui sufre violaciones de derechos humanos de forma sistemática, segregación social y marginación política y ahora el Gobierno de España deporta a activistas saharauis a pesar de los informes en contra de ACNUR y de las peticiones de protección de partidos políticos. Seguidamente incluimos un artículo sobre la cuestión y la carta al ministro Albares del Movimiento por los Presos Políticos Saharauis.
Alfonso Lafarga. Contramutis.com
La represión que padece el pueblo saharaui es constante desde que Marruecos invadió el Sáhara Occidental, lo que han denunciado organizaciones como el Instituto de estudios sobre desarrollo y cooperación internacional Hegoa: “Desde la ocupación, la población saharaui sufre violaciones de derechos humanos de forma sistemática, segregación social y marginación política”, o Amnistía Internacional (AI): “La situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental anexionado por Marruecos continúa siendo motivo de gran preocupación”.
Esta ONG de DDHH y Human Rights Watch declararon conjuntamente en noviembre de 2022 que “diecinueve activistas saharauis condenados por los hechos de Gdeim Izik languidecen en prisión años después de que los tribunales marroquíes los condenaran en procesos injustos”.
Es por los saharauis que se encuentran en cárceles marroquíes, más de 35, por quienes desde hace tres años y siete meses el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) se concentra los lunes ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la Plaza de la Provincia de Madrid. Reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que intervengan ante Marruecos por la libertad de los reclusos saharauis, condenados en procesos sin garantías y con declaraciones obtenidas bajo tortura, según han denunciado observadores internacionales cuando les han permitido asistir a los juicios.
Ahora, ante la denegación de asilo a alrededor de 40 activistas saharauis, a dieciséis de los cuales el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, deportó a Marruecos en la noche del 3 de octubre, a otros días antes y hay señaladas mas fechas, el MPPS se ha manifestad ante el Ministerio del Interior y en el aeropuerto de Madrid-Barajas para denunciar la situación de los saharauis que huyen de la represión marroquí y a los que el Gobierno niega protección,a pesar de los informes favorables de ACNUR, la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, para que puedan entrar en España.
Pero el ministro Marlaska hace oídos sordos y entrega a Marruecos a los activistas saharauis, en contra de las peticiones de Sumar, Podemos ERC, EH Bildu, BNG, CC.OO…; lde as organizaciones profesionales de la judicatura JJpDD y UPF y de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Y además, sigue el silencio del presidente Sánchez y del ministro Albares sobre los presos políticos saharauis, aunque continuamente hablan de los Derechos Humanos, con los que afirman España está profundamente comprometida.
Precisamente el sábado, el titular de Exteriores escribió en La Vanguardia:
Desplegamos una nueva política exterior con identidad propia porque se basa en los valores que nos identifican como sociedad, la defensa de España, sin duda, y la proyección hacia el exterior de nuestros valores: la paz, la democracia y los derechos humanos.
Unos valores que nunca aparecen si se trata del Sáhara Occidental, un territorio invadido a finales de 1975 “a sangre y fuego” -expresión que la RAE explica lo que se hace con violencia, sin perdonar vidas ni haciendas, atropellándolo todo- pendiente de descolonización según las Naciones Unidas, ocupación marroquí que cuenta con el apoyo del Gobierno de Sánchez desde marzo de 2022.
En resumen, Marruecos reprime al pueblo saharaui desde que invadió la excolonia española y ahora España deporta a sus activistas.
Carta a Albares
Desde el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis hemos apoyado a los solicitantes de asilo saharauis en Barajas. Hemos denunciado sus circunstancias y recordado su derecho a entrar en España. Pero ni Albares ni Marlaska están dispuestos a admitir oficialmente que en Marruecos se tortura, para no desairar a este país. Así que les han devuelto. Las consecuencias son gravísimas para los saharauis y ofenden a nuestra dignidad. Costaba pensar que nuestro gobierno sería capaz de cumplir su promesa de expulsión. Ha sido una gran decepción.
España debería abandonar su doble rasero: que cesen los ataques, pero sigue vendiendo armas a Israel.
Excmo. Sr. ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Madrid, 06 de octubre de 2024- Asunto: Por encima de la ley
En Francia, la gente se pone camisetas con la imagen de una sandía abierta para burlar la prohibición de utilizar banderas palestinas. Pues bien, Macron, el presidente de un gobierno tan retrógrado, ha acertado a decir que si queremos un alto el fuego, lo normal es no suministrar armas.
Aquí, Vd. dice que no se han autorizado más contratos de armas desde el 7 de octubre. Se ve que los que había eran indefinidos porque el comercio de armas con el estado de Israel sigue existiendo. Esas autorizaciones se deben suspender. No es bueno engañar a la ciudadanía en un asunto tan grave. Nos falta Vd. al respeto con esas medias verdades. Estamos viendo el genocidio en directo por televisión. Estamos viendo cómo han arrasado la franja de Gaza, hospitales, escuelas, todo, los civiles asesinados, los niños, las enfermedades inducidas por el asedio. Estamos horrorizados. Queremos que esto pare. Y en estas, Vd. le vende y le compra armas a Israel convirtiéndose en cómplice de este genocidio. Y pretende pasar desapercibido y engañarnos. Es esa su democracia.
Hoy ha habido una manifestación en Extremadura frente a la fábrica de armas llamada Rheinmetall Expal Munitions, para que deje de enviar armamento a Israel. Una denuncia ha sido interpuesta contra esta empresa a partir de serios indicios de que se usan las armas que fabrica para masacrar al pueblo palestino, y se han pedido medidas cautelares ante la Audiencia Nacional para que, entre otras, se investigue y se prohíba la fabricación de armas que puedan ser vendidas al Estado de Israel. En el último año las ventas de Rheinmetall se han sextuplicado. La empresa está subvencionada por la Junta de Extremadura.
En la demanda se cita el art. 6.3 de la Convención sobre el Comercio de Armas según el cual un Estado parte no autorizará ninguna transferencia de armas… si en el momento de la autorización tiene conocimiento de que las armas… podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de los convenios de Ginebra de 1949, ataques dirigidos contra bienes de carácter civil o personas civiles protegidas como tales, entre otros crímenes de guerra.
Vds. no nos pueden engañar con razonamientos que, no es que estén equivocados, es que son ridículos. Israel no puede alegar torticeramente un derecho a defenderse -jaleado por tantos gobiernos- cuando es el agresor. El objetivo de Israel es extenderse y aniquilar a la población de todo su entorno. Israel fue puesto ahí artificialmente para controlar y crear el caos en Oriente Medio. Y ha cumplido. El apartheid, la nakba, los asesinatos del pueblo palestino por ejército y colonos, el robo de sus recursos no son de ahora para defenderse de nada. Forman parte del ataque sistemático de un estado a otro estado ocupado que viene perpetrándose durante decenas de años.
Al gobierno de Israel los rehenes le importan muy poco. Sin duda pudo aprovechar negociaciones para haberles salvado. Pero los necesita como pretexto para seguir reduciendo un pueblo a cenizas.
No hay más que ver cómo el país más poderoso en sistemas de seguridad, que conocía que el ataque de Hamás se iba a producir, no lo evitó. Al grito de “tirad a todo lo que se mueva” acabó matando a sus propios ciudadanos que huían despavoridos. Son esos ciudadanos, a los que representa, la carne de cañón que Netanyahu necesitaba para justificar una agresión calculada.
Si queremos que acabe una situación tan dramática no podemos andarnos con medias tintas. Imponga sanciones, rompa relaciones con un estado segregacionista, ocupante, expansionista y genocida. Por ahora, el balance de la actitud de España es de apoyo: mientras haya armas, hay apoyo.
Apoyo a Israel y connivencia con Marruecos. En estos días hemos seguido con angustia la suerte de más de cuarenta saharauis solicitantes de asilo detenidos en las dependencias fronterizas de Barajas en unas instalaciones insalubres, con chinches, con comida podrida, con frío, sin sol, sin comunicación con el exterior, sin traductores. Había dos niños de año y medio, enfermos, que no han sido atendidos adecuadamente. ¿Cómo pueden unos bebés estar encarcelados y en esas condiciones? En cinco ocasiones, siete representantes de nuestro país y de la Unión Europea han acudido a visitarles para comprobar en qué condiciones estaban, en el ejercicio de su función de control al gobierno. La policía no se lo ha permitido. Se nos llena la boca de democracia y derechos humanos, pero los gestos son de país bananero.
Y por fin, la expulsión de nuestro país de cuarenta y un saharauis. Punto y final a la angustia de tantos días. Un borrón negro a la esperanza. Dos han quedado en libertad provisional, pendientes de la tramitación del procedimiento de asilo. Todavía quedan algunos saharauis en Barajas, con orden de expulsión. Su colega de Interior decide que no le corresponde el asilo a gente perseguida, encarcelada, torturada. ¿Para quién entonces el asilo? La ley dice lo contrario. Pero las leyes se pueden saltar si Marruecos lo pide. Como hizo Marlaska con el saharaui Hussein Bachir a quién entregó a Marruecos contraviniendo la orden del juez. Como hizo con Faisal el Bahloul, que estaba legal en España, en una cárcel. En esta ocasión sí ha cumplido con el paripé del procedimiento, pero para negar derechos palmarios a unas personas que huían del terror y que merecían protección. La protección que Vd. les debe doblemente a los saharauis por ser España la potencia administradora de iure del Sahara Occidental. Paradójicamente, para nacionales de otros países, no tienen tantos remilgos.
Estos saharauis pedían además la apatridia. Para hacer su seguimiento tenían que haber permanecido aquí. Pero ¿para qué? si las oficinas para gestionar la apatridia de saharauis ni siquiera tienen personal asignado. ¿Y por qué la apatridia? Porque la nacionalidad española está vetada a los que una vez fueron españoles de la provincia 53.
Todos se le han echado encima, los jueces, los fiscales, ACNUR, CEAR, el Defensor del Pueblo, parlamentarios, la prensa, la ley, el sentido común, pero su compañero en el ejecutivo no se ha dado por enterado y se ha enrocado en el no. Un no que viene dictado por las consignas de ese Ministerio de Exteriores para complacer a Marruecos en todo, sea legal o ilegal.