La votación parlamentaria rechazando el decreto “ómnibus” o “macedonia” del gobierno socialista aprobado en diciembre ha concitado diferente respuesta del movimiento pensionista y de los sindicatos mayoritarios. Como se verá seguidamente en sus respectivos comunicados y convocatoria, mientras los y las pensionistas rechazan la banalización parlamentaria de cuestiones tan importantes y que afectan a bastante más de 12 millones de trabajadores y trabajadoras, los sindicatos CCOO y UGT han convocado para el domingo 2 de febrero una manifestación en defensa de las medidas del decreto socialista. Queda patente, pues, la necesidad de una movilización unitaria en defensa de la clase trabajadora y contra el cabildeo parlamentario actual…
Contenidos de la sesión parlamentaria y del decreto ómnibus rechazado por el PP, Vox y Junts
Como señala, por ejemplo, Elplural.com, la primera sesión parlamentaria del año comenzó con la incertidumbre de que el Partido Popular se abstuviera o no para evitar la caída del decreto ómnibus, ya que Junts si había avisado que no apoyaría esta macedonia legislativa. Y fue esta pinza del PP-Vox y Junts la que finalmente tumbó, por 6 votos de diferencia, el decreto ómnibus, así como el gravamen a las energéticas pactado entre el Ejecutivo y los partidos soberanistas para salvar el plan fiscal. En cambio, el texto que reformaba estructuralmente las pensiones y redefinía la jubilación parcial (apoyado inicialmente por el gobierno, empresarios y sindicatos mayoritqarios) sí salió adelante.
Entre las razones para rechazar el decreto de escudo social, los populares, que ya han anunciado una iniciativa para aumentar las pensiones, consideran que este decreto era una “trampa”, como indicaba por el ejemplo el “regalo” (a cambio de su apoyo) al PNV de la actual sede del Instituto Cervantes en París, que descansa en un edificio cuyo titular, antes de la ocupación nazi y posteriormente expolio franquista, era el propio partido nacionalista. Y Junts, simplemente, se limitó a manifestar su voluntad de no ceder al “chantaje” y al “trilerismo” patentes del Gobierno de coalición.
El resultado final ha sido, en consecuencia, además de la retirada del gravamen propuesto a las energéticas, la supresión igualmente de las 11 iniciativas sociales siguientes:
- Bonificaciones al transporte: los descuentos de hasta el 100% se prorrogaban hasta el 30 de junio de 2025. También los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies, Media Distancia convencional y autobuses estatales permanecerían vivas durante el primer semestre del año, como lo harían también las ayudas directas a los gobiernos autonómicos y municipales para potenciar la reducción del 50% del precio de los abonos y los billetes multiviaje.
- Subida del Ingreso Mínimo Vital del 9%.
- Ayudas directas a los afectados por la DANA.
- Revalorización de las pensiones: un 2,8% para las contributivas y del 9% para las no contributivas.
- Suspensión de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2025.
- Prórroga de la cantidad actual del Salario Mínimo Interprofesional para evitar que decaerá en 2025. Al menos hasta el establecimiento de una nueva cuantía.
- Extensión de la prohibición de cortes de suministro a familias vulnerables. Al igual que los desahucios, extensible hasta finales de año.
- Prórroga de las deducciones por obras de eficiencia energética en las viviendas.
- Deducciones del IRPF por compra de vehículos eléctricos
- Ayuda a la compra de bicis eléctricas.
- Nuevo impuesto a los cigarrillos electrónicos
Comunicado de la COESPE
Las pensionistas y los pensionistas asistimos desconcertados y encolerizados al comportamiento del Parlamento del Estado, que una vez más, se pone de espaldas a la sociedad anulando medidas anunciadas desde hace meses. La instrumentalización de millones de personas, solo el colectivo pensionista supone más de 11 millones, con la teatralización de las confrontaciones entre grupos políticos que, mezclando diversas cuestiones, tratan de encubrir a quienes les financian, frente aquellos que al final les votan.
El hecho de que PP, Vox y Junts hayan tumbado el decreto de la subida de las pensiones y otras materias, muestra una vez más la banalidad que reina en nuestras instituciones.
El Gobierno había presentado un decreto ómnibus, que renovaba parte del escudo social para contener los efectos económicos derivados de la guerra, con medidas como un bono social eléctrico, la protección contra los desahucios a familias vulnerables, ayudas a las afectadas por la Dana, etc, así como subir de las pensiones un 2,8%. Se trataba de un aumento de entre 500 y 600 euros de media para proteger el poder adquisitivo de cerca de 11 millones de pensionistas, entre jubilados (10,3 millones) y clases pasivas (el resto). Un aumento que ya habíamos explicado se quedaba corto y por detrás de las subidas de precios de los bienes que consumimos y necesitamos las y los pensionistas y la sociedad. A pesar de esta insuficiencia, la propuesta contemplaba también un aumento mayor para las pensiones mínimas y las no contributivas, del 6% y el 9%, respectivamente, que repetidamente nuestro movimiento había exigido para cerrar la brecha de género y compensar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
En el teatro que se ha convertido el Congreso, la propuesta ha caído con 177 votos en contra y 171 a favor. Paradójicamente, la única votación que hoy ha salido adelante es la reforma de las pensiones que acordó el Gobierno con el “diálogo social” con la patronal y algunos dirigentes sindicales, gracias precisamente a que en esta ocasión el PP y otros, sí han votado a favor. Una reforma privatizadora que hemos denunciado desde el movimiento pensionista repetidamente. Con esta decisión, las subidas publicadas ya en el Boletín Oficial del Estado y que se han aplicado este mes de enero, decaen de forma automática.
También, esta votación afecta transitoriamente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), puesto que se planteaba que mientras se estuviese negociando el aumento en el 2025, se prorrogase el incremento de 2024, que supone una subida acumulada del 54% desde 2018. Al igual que con las pensiones, este aumento se queda en el aire. Finalmente, entre otras cosas se planteaba prorrogar durante los primeros seis meses de 2025 los descuentos en el transporte público, una ayuda a millones de familias que favorece una movilidad más sostenible.
Fuerzas políticas ultranacionalistas que gestualmente confrontan en medios y tertulias repetidamente de manera chabacana, descalificadora, apelando a fanatismos identitarios de unos y otros, en realidad han mostrado que servían a los mismos amos.
Quien gana es una vez más la banca y el poder financiero que tratan de privatizar las pensiones públicas, y reducirlas para escaparse de la carga que les supone los costes de financiar la Seguridad Social.
El gobierno y los partidos que lo apoyan también son responsables, no solo de haber cedido a la presión de los financieros llegando a acuerdos que degradan el carácter público de las pensiones, fuerzan a prorrogar los años de trabajo y reconducen parte de los ingresos de la Seguridad Social al sector privado, sino que en lugar de dar una explicación y una forma clara de votación, ha tratado de mezclar diversos temas en una sola propuesta y ha contribuido a generar confusión que los sectores más neoliberales han aprovechado para imponer una reducción de las pensiones y los derechos. Por todo ello, COESPE junto con la Unidad de Acción de Movimiento Pensionista emplazamos al gobierno y al Parlamento a corregir esta situación antes del 20 febrero (momento en que se cerraran las nóminas de las pensiones de marzo) y en caso contrario levantar una movilización estatal de pensionistas y trabajadores el sábado 22 febrero en todo el Estado, en defensa del sistema público de pensiones.
“GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LOS DERECHOS Y LAS PENSIONES PUBLICAS SE DEFIENDEN»
Nota informativa de las plataformas y movimientos de pensionistas de los Pueblos y Comunidades del Estado ante la derogación de la subida de las pensiones recogida en el decreto ley ómnibus
Este 22 de enero el Congreso derogó con 177 votos en contra (PP, Vox, Junts) y 171 a favor el decreto ley del Gobierno aprobado en diciembre.
Con la derogación de este DL las medidas recogidas en el mismo quedan suspendidas.
La prórroga de las ayudas al trasporte, la prohibición del corte de los suministros básicos y de desahucios a personas vulnerables y otras ayudas a personas afectadas por la DANA
Una medida de especial importancia para las personas pensionistas es la subida de las pensiones que se concretaba en un incremento del 2,8% para las pensiones contributivas, un 6% las pensiones mínimas y las no contributivas y un 9%, el Ingreso Mínimo Vital.
Este incremento que se aplicará en la pensión de enero, de no plantearse ningún otro decreto ley que lo permita dejará de aplicarse a partir de febrero.
Este decreto venía a hacer efectiva la vinculación del incremento de las pensiones al incremento del IPC recogido en la ley 21/2021.
El incremento de las pensiones, como podemos comprobar con la votación de hoy en el Congreso sigue sin estar definitivamente garantizado y para algunos partidos políticos forma parte de su estrategia partidista en cada momento. Las pensiones siguen siendo moneda de cambio y no un derecho básico fundamental.
No entramos a valorar las formas utilizadas para hacer efectivas las subidas, pero rechazamos con rotundidad la utilización de las pensiones como arma en las disputas entre partidos.
Si esta cuestión no está resuelta satisfactoriamente antes del 20 de febrero de este año, el día 22 saldremos a la calle como lo hicimos en enero de 2018. llamamos a las personas pensionistas a defender y mejorar con determinación lo conseguido peleando en la calle.
No vamos a aceptar ni un solo paso atrás ni políticas respecto a las pensiones como las adoptadas de 2011 a 2018.
¡Ni un paso atrás, pensiones públicas dignas ya!
COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones)
EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria)
MADPP (Movimiento Andaluz por la Defensa de las Pensiones Públicas)
MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos)
UNIDAD COESPE (Coordinadora Estatal de Pensionistas)
PLATAFORMAS DE PENSIONISTAS de Badajoz, Móstoles…
Llamamiento de los sindicatos CCOO y UGT
CCOO y UGT llaman a la ciudadanía a movilizarse el domingo 2 de febrero en todo el Estado para protestar por la anulación de las medidas de protección social, financiación de la Seguridad Social y recursos para las personas afectadas por la dana, que fueron rechazadas en el Congreso por Junts, Partido Popular y VOX.
Ambos sindicatos manifiestan su rechazo absoluto a este ejercicio de oportunismo político con elevadísimos costes sobre las espaldas de la ciudadanía. Son millones las personas afectadas. Pensionistas que no verían revalorizada su pensión contributiva y no contributiva, así como las pensiones mínimas; perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y del Ingreso Mínimo Vital (IMV); personas en riesgo de desahucio o que verán que desaparecen sus ayudas para pagar suministros básicos; así como usuarias del transporte público.
Se trata de una agresión sin precedentes hacia la mayoría social y, especialmente, a personas vulnerables, clase trabajadora y clases populares en general. Por ello, las centrales sindicales llaman a participar masivamente en estas movilizaciones e invitan a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas que compartan estas reivindicaciones a sumarse a este proceso de movilizaciones para exigir:
– La aprobación por parte del Gobierno, a través de la figura del Real Decreto Ley, de un nuevo paquete de medidas.
– La convalidación posterior de esas normas por parte del Congreso, evitando tomar a la población con mayores necesidades como rehén de este juego de oportunismo donde se vota en contra de medidas necesarias, muchas que ya han sido acordadas previamente, incluso con el voto favorable de quienes ahora han provocado esta anulación.
SÍ a la revalorización de pensiones públicas, contributivas y no contributivas. SÍ al escudo social. Sí a las ayudas para el uso del transporte público; Sí a los recursos para las personas afectadas por la DANA.