La negativa de Sánchez a declarar el “estado de alarma” en la Comunidad Valenciana, por las inundaciones de la DANA del martes 29 de octubre, autoriza a pensar que este gobierno del PSOE-Sumar ha optado por poner en primer lugar el combate político y comunicativo contra el PP, el partido más votado según las encuestas, desplazando a un segundo o tercer lugar la protección al pueblo y territorio valencianos. El siguiente artículo profundiza este análisis al que seguramente le faltan las consideraciones económicas que supondría para el presupuesto del estado una declaración de alarma…
Jorge Gil. Dario.red
A medida que las cifras oficiales de fallecidos van aumentando y las imágenes de las zonas afectadas y los testimonios de primera mano llenan nuestras pantallas de televisión y nuestros dispositivos móviles, cada vez queda más claro que la DANA que ha golpeado con fuerza el suroeste andaluz y algunas provincias de Castilla-La Mancha —muy en particular la localidad albaceteña de Letur— pero muy especialmente amplias zonas de la provincia de Valencia es probablemente una de las catástrofes meteorológicas y humanitarias más graves que ha vivido nuestro país en su historia reciente.
Los muertos contabilizados ya superan los 200 y todo apunta a que se van a seguir encontrando cadáveres en los garajes, en los coches arrastrados por la corriente y en las zonas anegadas. Buena parte de la red ferroviaria y de carreteras ha quedado inutilizada, las calles siguen todavía llenas de barro, de vehículos apilados como si fueran de juguete y de montañas de enseres destrozados, y decenas de miles de personas han perdido casi por completo sus viviendas, sus negocios, sus tierras y su modo de vida. A estas horas, todavía son muchísimos vecinos los que necesitan medicinas, otro tipo de material sanitario o de higiene personal, como pañales o compresas, e incluso agua potable y comida. La memoria no alcanza a recordar algo semejante y todo el país tiene el corazón en un puño y los ojos humedecidos cada vez que recibe un vídeo o pone el telediario.
Ante la catástrofe, la respuesta ciudadana ha sido ejemplar. Las auténticas mareas de voluntarios y voluntarias que se han dedicado a recoger ayuda y a desplazarse a pie —una y otra vez— a los municipios afectados para poner su tiempo, sus cuerpos y sus manos al servicio de los demás es algo que ha emocionado a todas las personas decentes.
Sin embargo, la respuesta institucional ha resultado ser todo lo contrario. Por un lado, parece ya evidente que la tardía e irresponsable gestión inicial por parte de Carlos Mazón y su gobierno ha sido la culpable de multiplicar las pérdidas humanas y materiales hasta límites inaceptables. Desde luego, si el gobierno autonómico hubiese emitido alertas claras, hubiera conminado a la población a no acudir a trabajar y a no desplazarse excepto en circunstancias excepcionales y hubiera tenido a todos los efectivos preparados ya al mediodía del martes cuando la alerta roja de la AEMET era conocida, si se hubiese producido una evacuación de los municipios en riesgo, seguramente no estaríamos ahora ante las luctuosas cifras de fallecidos que quitan la respiración.
Todavía cuatro días después, las decisiones que va tomando la Generalitat se mueven entre la incompetencia, la desvergüenza y el bochorno. Por poner tan solo un ejemplo, en los dos últimos días hemos pasado de un llamamiento del president a los voluntarios y voluntarias para que no se desplacen a un caótico supuesto intento de organizarlos que ha acabado con un número ridículamente pequeño de autobuses para la dimensión de la marea de solidaridad, varios de los cuales ni siquiera han llegado a su destino. En vez de canalizar y organizar la ayuda ciudadana, la Generalitat demostró en el día de ayer su capacidad para impedirla y bloquearla.
Pero, si la operativa del gobierno autonómico del PP se acerca a lo delincuencial —y ya veremos en el futuro si no entra directamente en ese ámbito—, la actuación del gobierno central, con Pedro Sánchez al frente, resulta también difícilmente justificable. En las horas siguientes al diluvio torrencial, el ejecutivo se ocupó de filtrar a los medios de comunicación afines que no habían querido forzar la declaración de alerta de nivel 3 para no quitar el mando a Mazón. Ante una gestión absolutamente temeraria por parte de la Generalitat, Moncloa eligió apostar por el desgaste del PP en vez de dar un paso adelante que los pudiera salpicar.
Aunque todos estos días ha resultado evidente —y lo sigue resultando— la flagrante carencia de recursos humanos y materiales para atender a todas las tareas que son necesarias sobre el terreno, el gobierno PSOE-Sumar ha elegido proporcionar los medios estatales con cuentagotas y siempre respaldándose en una petición previa por parte de Mazón. El propio presidente Sánchez lo solemnizaba en el día de ayer en su primera rueda de prensa cuatro días después de la catástrofe: el gobierno central proporcionará todos los medios, siempre que el gobierno autonómico los pida. ¿Y si no los pide? No hace falta ser muy inteligente para entender la infame estructura táctica del movimiento.
De hecho, y como han apuntado algunos partidos como Podemos y también algunos analistas o hasta la propia Fundación Alternativas —muy vinculada al PSOE—, ante una catástrofe de estas dimensiones y ante el evidente desbordamiento de las capacidades del gobierno autonómico —por utilizar un eufemismo— es evidente que el gobierno central tiene desde el principio en su mano un instrumento constitucional muy bien adaptado para proteger a los valencianos y las valencianas. Nos estamos refiriendo, por supuesto, al estado de alarma recogido en la Constitución Española y definido en la Ley Orgánica 4/1981.
Para comprender la adecuación de dicha medida en las circunstancias actuales, basta leer el artículo Primero, punto Uno de la citada norma: “Procederá la declaración de los estados de alarma, excepción o sitio cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes.“
Exactamente lo que está ocurriendo en Valencia y lo que lleva ocurriendo desde el martes. Más específicamente, el artículo Cuarto, apartado a), que ya se refiere directamente al estado de alarma, establece que éste se podrá declarar cuando se den “Catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.“
Una de las utilidades fundamentales de llevar a cabo esta declaración es el establecimiento de un mando único bajo el cual se coordinan todos los servicios públicos del ámbito territorial que sea. Aunque determinadas voces del PSOE y de Sumar, así como diversos operadores de la progresía mediática han criticado la propuesta en las últimas horas argumentando que esto supondría “romper la cadena de mando” en un momento delicado o “sustituir a equipos que conocen la realidad sobre el terreno por otros con menos experiencia“, lo cierto es que ninguna de estas dos afirmaciones son ciertas.
Como se puede comprobar del funcionamiento que tuvo lugar durante el estado de alarma declarado como consecuencia del estallido de la pandemia de la COVID-19, el establecimiento de un mando único superior a todos los demás mantiene intactas todas las cadenas de mando inferiores y actúa utilizando el conocimiento sobre el terreno que reside en cada una de ellas. El efecto operativo del establecimiento de un mando único no es sustituir a ningún equipo, sino coordinarlos a todos —equipos municipales, equipos autonómicos, equipos estatales, incluso equipos de apoyo extranjeros— bajo una única dirección estratégica.
Pero no solamente presenta esta ventaja la declaración del estado de alarma. Además, como se puede comprobar en el artículo Once de la ley, esta figura permite que el mando único adquiera determinados poderes excepcionales que son muy importantes para la rápida gestión que requiere una situación de catástrofe como la que estamos viviendo. Desde establecer limitaciones a la circulación, hasta practicar requisas de bienes —por ejemplo, poner todos los alimentos existentes en los supermercados a disposición de las personas que se han quedado sin comida; por ejemplo, poner todos los pisos turísticos y las viviendas vacías a disposición de las personas que se han quedado sin casa; por ejemplo, requisar bombas de agua para vaciar lo más rápidamente posible los garajes y los túneles todavía anegados—, pasando por intervenir recursos productivos para garantizar los suministros o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad para que haya para todos.
Como es evidente, y como ya sabemos desde principios del año 2020, la figura del estado de alarma no solamente se adapta a la situación que está viviendo en estos momentos la provincia de Valencia, sino que, además, su declaración parece muy necesaria, si no indispensable. Por ello y ante la negativa del presidente Sánchez a tomar esta medida, solamente podemos concluir que Moncloa ha decidido poner en primer lugar de su lista de prioridades el combate político y comunicativo contra el PP, y en un segundo lugar la protección del pueblo valenciano. Una decisión de una bajísima calidad moral y que muchos no olvidarán.
