Y ahora qué?

La riada del 29 de octubre ha sido una catástrofe social y económica, además de ambiental, para muchas personas del área metropolitana de Valencia, su territorios y economía. Pero la vida sigue. Y mientras esperamos a las próximas inundaciones, que según los expertos no tardarán, y a que cobren (pronto) las ayudas y subvenciones del estado y de la generalitat valenciana las personas y empresas damnificadas, hay que abrir otro debate sobre las actuaciones y alternativas a seguir ante unas administraciones que no han actuado, o lo han hecho tarde y mal, en defensa de los intereses de la población mayoritaria, e incluso ante un sistema político cada vez más incapaz de atender las aspiraciones de los trabajadores y los pueblos del estado.

Porque, si algo está claro es que esta DANA ha afectado especialmente a la población trabajadora y los sectores sociales más empobrecidos del área metropolitana de Valencia, quienes han tenido que asumir la catástrofe con el único o principal sostén de un voluntariado solidario y a veces heroico.

Veamos algunos datos bastante ilustrativos de los hechos:

• Más de 200 muertos y otros tantos desaparecidos
• 845.000 personas damnificadas
• 79 municipios afectados
• 33.000 inmuebles dañados
• 2.550 toneladas diarias de escombros
• 24.000 escolares desplazados
• 350.000 trabajadores en ERTE
• 100.000 perceptores del Ingreso Mínimo Vital afectados

Más allá de las responsabilidades políticas y administrativas por los hechos acontecidos, para dar respuesta a estas situaciones, conviene precisar algunos hechos poco difundidos ante la opinión pública:

• El Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación de la Comunidad Valenciana (PATRICOVA) fue aprobado por la Generalitat Valenciana en enero de 2003, pero hasta 2019 no se aprobó la guia de aplicación de las actuaciones necesarias, a su vez incumplidas hasta la fecha. E interesa destacar que este Plan ya contemplaba en su formulación como muy probable la inundación de las zonas que ahora lo han hecho, como por ejemplo Bonaire..

• Los sucesivos gobiernos del estado han tenido parados durante décadas dos proyectos que buscaban evitar riadas sobre las poblaciones más afectadas por la DANA

• Se calcula que en la Comunidad Valenciana hay más de 80.000 viviendas en zonas inundables

• Frente a la grave inacción sostenida de las administraciones públicas, el sector privado ya ha comenzado su particular desarrollo de servicios y prestaciones con ánimo de lucro para hacer frente a la recuperación del territorio y las poblaciones afectadas

• En los municipios dañados por las inundaciones viven más de 100.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y pensiones no contributivas.  De hecho, como muestran otros datos, l’Horta Sud, que es la zona más afectada por la DANA es también la comarca de la provincia de Valencia con mayor proporción de personas residentes en hogares con carencia material y social severa: un 8,2% del total de sus habitantes, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2023, analizados el Instituto Valenciano de Estadística (IVE). (Ver en Levante-emv.es del 6 de noviembre)

• Los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana mayores de 20.000 habitantes están obligados por ley a disponer de Juntas Locales de Protección Civil en la que intervienen las fuerzas vivas del municipio incluyendo las organizaciones ciudadanas. Asimismo, deben elaborar un plan de contingencia ante los desastres naturales que la Generalitat Valenciana debe validar. Sin embargo, la gran mayoría de los ayuntamientos damnificados vienen incumpliendo estas disposiciones…

Respuestas

La manifestación convocada por más 50 entidades este 9 de noviembre, exigiendo la dimisión del presidente de la Generalitat incluye en su manifiesto unitario algunas medidas para el día después, aunque no constituyan una plataforma reivindicativa como tal:

1. La dimisión del presidente Mazón. Incoación de oficio del procedimiento judicial que determine y depure las responsabilidades por las consecuencias evitables de la catástrofe.

2. Que se ofrezca alternativa residencial a quien la precise: reconversión de los pisos turísticos en hogares para todas las personas afectadas, y todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vivienda (pisos vacíos de banca rescatada o fondos buitre, Sareb, contratos de alquiler de grandes tenedores, etc.)

3. Que se refuerce el servicio de transporte público, ya que muchas personas han perdido su medio de transporte.

4. Que se prohíba la construcción en zonas inundables y en la línea de costa.

5. Que se condone la deuda ilegal y se reinvierta en sanidad, educación, servicios sociales e infraestructuras de emergencias.

6. Que se aumenten los impuestos a las rentas altas.

7. Que se garantice que todas las personas de rentas bajas, independientemente de su condición administrativa (personas migradas, personas sin seguros, etc.), tengan acceso a las prestaciones públicas para la reconstrucción.

Algo que no mencionan estos puntos, pero resulta imprescindible desde una perspectiva de izquierdas y como clase trabajadora, es la lucha del movimiento obrero. Sin duda, más allá de las concentraciones de solidaridad de 10 minutos de duración y junto con la patronal, convocadas recientemente por UGT y CCOO en los lugares de trabajo, habría que requerir a las direcciones de estas entidades para que llamen a movilizaciones y paros de solidaridad en los centros de trabajo para exigir, por ejemplo (propuestas de izquierda diario.es):

🔴 Refuerzo de todos los servicios civiles de emergencia, internalizando a jornada completa y todo el año a cuerpos como el de los bomberos forestales, que coordinen el trabajo voluntario de quienes quieran ayudar.

🔴 Potestad absoluta a los representantes de los y las trabajadoras, los electos o los que se determinen en asamblea general, para incautar stocks de productos de primera necesidad para su distribución, junto a los vecinos y vecinas, entre los afectados. Este control debe incluir la reanudación o suspensión de las actividades, única garantía de que sus vidas no volverán a ponerse en riesgo.

🔴 Suspensión de los alquileres y anulación de todas las hipotecas y créditos de aquellas personas que han perdido o visto dañada su vivienda, vehículo o pequeño negocio.

🔴 Que todos los pisos vacíos de grandes propietarios y establecimientos hoteleros pasen a estar bajo el control de comités de vecinos y vecinas para el realojamiento inmediato de quienes han perdido su vivienda o está inhabitable.

🔴 Permisos remunerados para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que deban ausentarse de su puesto de trabajo para atender las consecuencias de esta crisis en sus familias, allegados o vecinos.
 

Dejamos para el final la solidaridad magnífica del pueblo valenciano y de otros territorios, que han sido la punta de lanza y verdadero sostén para los miles de afectados por la DANA del 29 de octubre. Solidaridad más que necesaria, imprescindible, aunque no haya podido articularse todavía -y contando con los propios afectados- dentro de cada barrio, zona y municipio. En cualquier caso, hace falta ya un diagnóstico concreto de cada situación, un plan de actuación y una organización capaz de luchar por la defensa de los intereses y derechos colectivos.

Este escrito, modestamente, aspira a abrir este debate y propuesta porque, si algo podemos aprender de la catástrofe sobrevenida estos días, es que solo el pueblo –organizado y consciente– puede salvar al pueblo.