Breve análisis de conjunto del sistema sanitario público en la Comunidad Valenciana, indicando las líneas de reivindicación del movimiento por la defensa de la sanidad pública…
Marea Blanca País Valencià Comarques del Sud. Nosaltreslaveu.cat
El gobierno de la Generalitat, el Consell dirigido por Mazón, basado en el PP y anteriormente en la coalición PP-Vox, no está capacitado para resolver problemas. La trágica Dana ha puesto de manifiesto que su negación del cambio climático y de sus consecuencias se asocia con la falta de aptitud, la negligencia en la gestión y la culpabilización a terceros. Eliminaron la unidad valenciana de emergencias planificada por el gobierno del Botànic, dijeron que “el cambio climático es una oportunidad ya que nos traerá más turismo durante todo el año” y les ha faltado el mínimo nivel de competencia para poder prevenir un desastre agravado por el cambio climático con más de 200 muertos. La reivindicación desde la sociedad civil de la dimisión de Mazón es justa.
Dada la incapacidad de gestión, en la Consejería de Sanidad los problemas se acumulan sin solución previsible. Pero antes tenemos que aclarar algunos malentendidos: la sanidad no es de la Seguridad Social y no la gestiona el Ministerio de Sanidad. En el País Valenciano, la sanidad la gestiona la Consejería de Sanidad desde 1984. Como ha recalcado el anterior presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en unas declaraciones recientes: «la proximidad ayuda a la gestión … (es) «más lógico que se haga desde acá que desde Madrid». El control de la epidemia de la Covid es un precedente reciente. El presupuesto que se destina a la sanidad y el cómo se invierte lo determina el Consejo. El dinero viene de los impuestos arrebatado acá por el Ministerio de Hacienda, pero, y eso es importante porque ocurre históricamente, sólo regresa muy parcialmente, en una parte menor que la que retorna a otros territorios (por eso se habla de infrafinanciación y expolio fiscal) y con inversiones programadas por el estado que, a diferencia de las que se programan en Madrid, nunca se cumplen. La falta de control sobre la financiación es uno de los problemas principales de nuestra sanidad, al igual que el de nuestros servicios sociales, porque se asocia con peor capacidad para dar servicio.
Vamos a la gestión de la atención. Por su actualidad, la prevención de las consecuencias de la DANA sobre la salud de la población. Tal y como ha expresado Josep Bernabeu, experto en epidemias de la Universidad de Alicante, no se está gestionando con competencia. Lo hemos observado en el terreno. Esta gestión no tiene una planificación real (la ayuda ha dependido de un voluntariado auto-organizado) o de ideas peregrinas como crear “unidades de trauma” para la salud mental basadas en el absurdo de mantener una comunicación con Houston (Texas), sin recursos y sin una dinámica basada en las comunidades afectadas. La falta del desarrollo comunitario de la Atención Primaria de la Salud (APS), la debilidad del servicio de Salud Pública (la eliminación de este término del nombre la Consejería fue la primera iniciativa premonitoria del actual consejero) y la pobre interconexión entre ambos no han posibilitado una atención rápida en la identificación, atención y movilización de la población en situación de vulnerabilidad. Y para consolidar el desprecio de la salud pública, retiran la gestión de las emergencias sanitarias de las competencias de la Consejería de Sanidad.
Dentro de las líneas de actuación de fondo de la Consejería actual, con consecuencias negativas para el futuro, debemos destacar: la falta de una planificación efectiva para mejorar la APS, el deterioro de la capacidad de atención en los departamentos de salud con la creación de las áreas interdepartamentales y el mantenimiento de las privatizaciones.
La APS es la clave del sistema. Es el primer punto de atención, donde se pueden identificar precozmente los problemas de salud, y donde se puede atender entre el 80% y el 90% de las necesidades sanitarias de la gente a lo largo de su vida. Por ello, la dificultad en el acceso a esta asistencia es un problema muy sentido. Y no es un problema de un exceso de uso. En el País Valenciano, con los datos de 2023, la frecuentación de las consultas médicas de APS no es muy diferente a la de otros territorios del estado, mientras que sí es inferior la frecuentación en enfermería. Probablemente, la ciudadanía valenciana, en función de una mayor tasa de pobreza que la de otros territorios, la cual es un determinante clave para sufrir problemas de salud, está haciendo menos uso de la APS de lo que sería necesario. El problema es que tenemos menos profesionales en la APS que en otros territorios del estado. El aumento de la demanda en los últimos 15 años no se ha visto acompañado de un aumento proporcionado de profesionales y sí de recortes en las jornadas de atención. Según los datos del Ministerio de Sanidad, entre 2007 y 2022 las visitas a la APS aumentaron un 60% mientras que los profesionales de medicina y de enfermería lo hicieron en un 18,8% y un 30% respectivamente. El problema en el País Valenciano es que no se ofrecen puestos de trabajo estables. No es un problema de gestión del ministerio, como quiere hacernos creer el actual consejero de Sanidad, es un problema de gestión de nuestra consejería. No se habla de aumentar los recursos estructurales ni de mejorar los procesos de atención en la comunidad, y de eso la responsabilidad no es del gobierno central. El problema de los ministerios de Madrid es la infrafinanciación y la falta de inversiones que nos ha hecho vulnerables a la deuda pública y que limita nuestras posibilidades de construcción de servicios.
En segundo lugar, la Conselleria ha modificado sustancialmente el decreto del anterior Gobierno del Botànic para la atención de áreas de difícil cobertura o en situación de falta de recursos. Ha unido diferentes departamentos de salud para crear “macroáreas”. Los departamentos de salud tienen una población de unos 200 o 250 mil habitantes, una cifra que permite adecuar la gestión a las necesidades. Con su unión se publicita que se mejora el acceso a la asistencia, pero la realidad es que desviste de profesionales un departamento para vestir a otro. Los resultados para la ciudadanía son una mayor probabilidad de errores médicos por sobrecarga y un aumento de lista de espera. Por otro lado, con una movilidad forzosa entre departamentos se empeoran las condiciones laborales y, por tanto, el atractivo para la contratación de profesionales. La denuncia de los sindicatos en contra de las macroáreas es correcta.
Tercero, el mantenimiento de las privatizaciones. En 1999, la política de privatizaciones del Consejo de Zaplana (modelo Alzira) se publicitó como un ejemplo para el mundo. Allí estaba Marciano Gómez, el actual Consejero de Sanidad. Se publicitaban servicios de gran calidad a un coste menor que el servicio público. Este modelo, como era previsible (al depender de garantizar beneficios privados opacos) acabó con servicios infradotados (con un 18% menos de camas y con mucho menos personal), obsoletos en el terreno tecnológico, y siendo entre un 5,6 y un 7,5% más caro que el servicio público. Según la proyección estimada por Giron, Lopez y Paton, a partir de la tasa del 7,5%, el sobrecoste supuso 360 millones de euros para los años 2002-2012, y para 2013-2014, un 5,6% de sobrecoste supuso un algo más de 176 millones de euros. Estos servicios, al pasar a ser de gestión pública, los hemos sobrepagado sensiblemente para poder actualizarlos. Las empresas gestoras han acumulado deudas de millones de euros con la Generalitat que no han pagado (más de 600 según respuesta de la Conselleria en 2023). Los anteriores dos gobiernos de la Generalitat tuvieron que descubrir la realidad ocultada de esta deuda, la falta de inversiones e iniciar el proceso de reversión de los servicios privatizados. Tras las elecciones del pasado 28 de mayo de 2023 uno de los impulsores del modelo Alzira asumió la dirección de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. El nuevo Gobierno “con altura de miras y huyendo de sectarismos … y sin ideología” en palabras de Gomez, renovó la concesión privada de un departamento, en el Baix Vinalopó, en contra de la opinión de la población y de la evidencia científica. Era bien conocido que la atención en los hospitales de gestión privada tienen una mayor mortalidad que en aquellos que no lo son. En 2024 una revisión de la efectividad de privatizaciones y externalizaciones publicada en la prestigiosa revista The Lancet concluyó diciendo: “La privatización de la sanidad casi nunca ha tenido un efecto positivo en la calidad de la asistencia. Pero tampoco la externalización (de servicios al sector privado) es beneficiosa, ya que si bien puede reducir costes, parece hacerlo a costa de la calidad de la asistencia”. Poner el beneficio de los accionistas sobre el de las personas usuarias tiene estas consecuencias. La movilización ciudadana por la desprivatización de servicios se basa en evidencias y experiencias directas, y por ello mantiene su fuerza.
Para la Atención Primaria y Comunitaria consideramos un mínimo asignarle el 20% de la inversión sanitaria total (entre 2013 y 2019 este porcentaje fue del 13,1%), con un aumento de esta inversión en relación con el PIB al 7,5% (entre 2013 y 2019 este porcentaje fue del 6,3%), creación de puestos de trabajo estructurales (estables), disminuir la ratio de usuarias por profesional a 1300, y el desarrollo de la participación ciudadana (aún ausente) en los centros de salud. Estos requisitos materiales básicos suponen influir sobre el presupuesto, y en este sentido poder acabar con la infrafinanciación, la falta de inversiones, cancelar la deuda (cuyo 90% no es legítimo), y dotarse de una hacienda valenciana propia. El Consejo valenciano actual no está dispuesto ni es capaz de dar pasos hacia una respuesta real y eficaz a nuestros problemas.
