La cuestión de la vivienda ocupa un lugar central en la vida de la gran mayoría de la población trabajadora. Como señala el sociólogo César Manzanos, echando mano de los datos aportados por el Ministerio en España hay una casa por cada 1,8 habitantes.
El parque de viviendas asciende a unos 26 millones de residencias, donde viven en torno a los 48 millones de habitantes de nuestro país.
Y también dicen las estadísticas que cada vez más familias viven en alquiler precario (son ya una de cada cuatro); que la juventud no puede mayormente acceder siquiera a un crédito bancario que le hipotecaría de por vida, dados los precios residenciales; o que cada vez más personas vivan en la calle, junto con sus familias en un número creciente de casos.
Sin embargo, otro dato poco mencionado es que en torno a un 15% de las viviendas construidas están vacías, aproximadamente unos 4 millones. Y no por casualidad. Sus principales tenedores, la banca y el capital financiero, con la inestimable contribución de las administraciones públicas, son los que en realidad regulan los precios de la vivienda o el parque de viviendas disponibles (oferta). Y su objetivo, claramente enunciado, no es otro que someter a la población a una precariedad habitacional que les resulta de lo más rentable económica y políticamente.
Por ello mismo, en lugar de construir más edificios, viviendas y pisos de protección o sin ella, que es lo que interesa a los bancos, a los gobiernos y al holding del cemento, las prioridades de una política de izquierdas realmente comprometida con los problemas de la población trabajadora tendrían que incluir medidas contra los intereses especulativos y el enriquecimiento ilegítimo. La prioridad sigue siendo garantizar el derecho de todas las personas a una vivienda digna, por encima de la defensa del “libre” mercado.
Más allá de las promesas de los partidos institucionales, sobre construir miles de nuevas viviendas sociales o compensar las subidas de alquileres con dádivas a los propietarios, la realidad es que sobran casas, teniendo en cuenta las ya edificadas y sin ocupar, mientras que lo que falta es la firmeza política necesaria para enfrentarse al mercado despiadado que vivimos.
Del mismo modo, otra cosa que tampoco pueden ignorar las políticas de vivienda de izquierdas es que su única viabilidad estriba en el apoyo y fortaleza de la lucha social con que se respalden.
Como apuntan desde las organizaciones de inquilinos, actualmente el movimiento de vivienda se encuentra en una encrucijada. Es el momento de que las organizaciones de clase, como los sindicatos de inquilinas, lideren este ciclo político. Es hora de que la acción política venga de las bases, con una agenda y recursos propios que se enfrenten al poder de las élites rentistas, amparadas por el régimen constitucional del 78 y sus partidos principales.
Es el momento de actuar, de construir una mayoría organizada y de avanzar hacia la República. Más de cuatro décadas de bipartidismo deberían ser suficiente muestra de que las instituciones y régimen político actuales están plenamente subordinados a las directrices de la UE del capital y de la Guerra y de la OTAN.
