La amnistía en manos del poder judicial beneficia a la impunidad policial y la represión política

Foto de la represión de la policía manifestación por el referéndum catalán

Un juez de instrucción amnistía a los cuarenta y seis agentes de la Policía Nacional procesados por la violencia policial durante el referéndum del uno de octubre, en un ejercicio de impunidad policial. Es necesaria una amnistía total que beneficie a todos los luchadores y presos, y deje fuera a los represores. El siguiente artículo resulta clarificador…

Arsen Sabaté. Izquierdadiario.es

El magistrado del juzgado de instrucción de Barcelona ha considerado amnistiar a los cuarenta y seis agentes de la Policía Nacional española que permanecían procesados por la brutal represión durante el referéndum del uno de octubre de 2017, en lo que es un claro ejercicio de impunidad policial.

El juez Francesc Miralles, considera que las actuaciones investigadas “no superaron la gravedad necesaria para ser excluidas”, en referencia a la aplicación de la ley de amnistía. Comunicando también que la ley ampara los delitos de lesiones que pueden llegar a ser castigados con penas de hasta cinco años de cárcel.

Las entidades de la sociedad civil de Òmnium Cultural y la ANC, así como el centro de defensa por los Derechos Humanos Irídia vienen denunciando constantemente que en los siete años desde la represión sufrida durante el uno de octubre, no se ha celebrado todavía ningún juicio con sentencia hacia los agentes policiales investigados. Cabe recordar también que, en el caso de estos cuarenta y seis que ahora quedan amnistiados, la fiscalía obstaculizó constantemente su proceso judicial.

En el mismo sentido, ante la decisión del juez, las tres entidades, que también son personadas como acusación particular y popular, han anunciado en un comunicado que recurrirán la amnistía contra los agentes acusados de cometer violencia policial durante el referendo. Además, denuncian que “la brutalidad policial contra la sociedad civil contraviene el artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y amnistiarlos implica una vulneración del mismo por parte del Estado”. Las mismas insisten también en que “los actos investigados quedan excluidos de la amnistía porque pueden representar delitos de torturas o tratos inhumanos o degradantes”.

Y a todo ello, cabe recordar que aquel uno de octubre fueron más de mil las personas que resultaron heridas de distinta consideración, en más de cincuenta cargas policiales entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, de las que la inmensa mayoría han quedado no sólo impunes, sino que ni siquiera se han investigado.

Por otra parte, la decisión de amnistiar a los cuarenta y seis agentes se hace pública, además, un día después de saberse que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rehusaba cumplir la ley de amnistía y no le aplicaba a Carles Puigdemont y al resto de dirigentes independentistas que permanecen en el exilio, así como a quienes tienen penas de inhabilitación.

Contrasta, y de qué forma, la vara de medir a la hora de aplicar (o reinterpretar) la ley de amnistía por parte del poder judicial, cuando ha sido el principal adalid del reaccionario bloque de la derecha y la extrema derecha (PP, Vox, la Corona…) contra ella. Así lo ha hecho durante el período de negociaciones para la aprobación de la ley entre el PSOE y Sumar por un lado, y Junts y ERC por el otro. De hecho, como quedaba claro ayer con la decisión del Tribunal Supremo, la línea aún ahora, ya publicada en el BOE, es seguir haciendo todo lo posible para hacer inviable una amnistía que afecte a los dirigentes independentistas.

Sin embargo, tampoco podía esperarse nada más allá de una ley que desde el principio nació limitada y parcial por parte de sus propios negociadores, pero que sobre todo deja en manos de los propios jueces la decisión de cada caso en concreto. La misma casta judicial que hace apenas una semana renovaba al Consejo General del Poder Judicial a través de un pacto entre el PP y el propio PSOE que le otorgaba aún más poder al sistema judicial.

Ante la amnistía del gobierno “progresista” del PSOE y Sumar y de los partidos procesistas que al final termina tutelada por la judicatura, es necesario reanudar las grandes movilizaciones que impulsen la lucha por oponer una amnistía total para todas y todos los luchadores, presos y perseguidos, que no quede en manos de los jueces y que, por supuesto, no incluya a los represores policiales; a la vez que se reanuda también la lucha por el derecho a la autodeterminación del pueblo catalán con independencia de las direcciones de los partidos de la burguesía catalana.

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