Albino Prada. Attac.es
Las tensiones en el mercado inmobiliario (baja oferta y precios disparados), en el mercado eléctrico (llegando a un apagón de varias horas) y en el mercado financiero (abusos de posición dominante) están dañando las rentas y el bienestar de muchos ciudadanos mientras suponen grandes beneficios para unos pocos. Por eso, tras cribar la reciente Memoria Anual del Consejo Económico y Social de España, en búsqueda de presencia o ausencia de una alternativa pública a estos tres temas centrales en la vida de los ciudadanos, considero el informe un síntoma de lo desorientados–y abducidos por el neoliberalismo- que estamos.
Comenzaré revisando su Resumen Ejecutivo (casi 40 páginas) en busca de algunos conceptos que considero claves. Así el concepto «público» se utiliza unas veinte veces, pero nunca en relación con la vivienda pública, las empresas públicas de electricidad o la banca. Sí se hace, por ejemplo, para el caso de las universidades públicas y de las administraciones públicas. Y para el gigantesco problema de la vivienda de alquiler, en lugar de hablar de parque de vivienda pública apenas se utiliza -en la página 21- el concepto más difuso de vivienda social.
En el caso de la electricidad, tras la turbulencia de los precios y el reciente gran apagón, y a pesar de la existencia de empresas públicas eléctricas de primer nivel en Alemania (Uniper), Austria (Verbund, EVN), Francia (EDF, Engie), Italia (Enel), Noruega (Equinor, Statkraft), Suecia (Vattenfall), Finlandia (Fortum), Dinamarca (Orsted), no encuentro nada en este sentido en el documento resumen (ni en las páginas 84-87 de la versión completa). Apenas una referencia al bono eléctrico en la página 23 para ver de aliviar el avance galopante de la pobreza energética. Pues ya estamos duplicando la incapacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada en comparación con la media europea.
Fuente: Memoria Anual del CES (página 396)
Y en el caso de los bancos, tras su galopante concentración y exclusión financiera, falta de competencia, escasa remuneración a los ahorradores y el creciente riesgo sistémico que suponen los tres mayores -que no parecen querer dejar de crecer- no encuentro rastro alguno siquiera de «banco» ni de «banca» (y mucho menos de banca pública) en este Informe. Apenas una propuesta piadosa en la página 23 sobre: “la creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa de los Clientes Financieros, que debe fortalecer la protección de los usuarios financieros y agilizar la resolución de reclamaciones contra las instituciones financieras”.
Fuente: https://www.funcas.es/wp-content/uploads/2020/11/Carbo.pdf
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Si paso a revisar la citada Memoria Anual (ahora seiscientas páginas) mi búsqueda de «empresa pública» no arroja ningún resultado, lo mismo que para «banco público». Ni siquiera se ocupa de los servicios financieros, ni de su creciente tamaño sistémico (y menos aún de la banca pública). Y en relación a la energía nada sobre empresas públicas, como hemos visto existen en gran parte de Europa, tampoco para el sector bancario mientras su presencia en la Unión Europea es considerable.
Fuente: https://alternativaseconomicas.coop/articulo/dossier/la-pandemia-revitaliza-la-banca-publica
En cuanto a buscar el uso de “vivienda pública”, solo anoto un resultado que hace referencia a China (pág. 7, pues parece que quieran tener allí un 30% de vivienda pública). Cierto es que aunque no se menciona un parque de alquiler público, sí se habla de “propiedad pública en alquiler” y con algún detalle en la página 390. Así se reporta que el parque de vivienda social en España ronda las seiscientas mil unidades, de las que la mitad son de titularidad pública para alquiler. Una cifra que apenas cubre, según esta Memoria, el 3,3 % de las viviendas principales. Una proporción que contrasta con más del 15 % que se registra en algunos de los principales países europeos[1] (Países Bajos, Austria, Dinamarca, Francia o Suecia) y una media del 8 % en la UE.
Por lo tanto, España tendría que incrementar su parque de vivienda pública de alquiler en casi cinco puntos porcentuales. Lo que implica que para acercar sus cifras a la media europea, España tendría que construir alrededor de 850.000 viviendas de alquiler de titularidad pública (aunque de momento sólo se habla de llegar a añadir 180.000 a ese parque público).
Algo es algo para el caso de la vivienda. Porque en el caso de la banca y las eléctricas, en cuanto a la menor concentración y presencia de empresas públicas, no se propone en este Informe nada que nos permita avanzar en la línea de una agenda de política económica no neoliberal, para en estos asuntos, al menos, acercarnos a la media europea.
[1] Observatorio de Vivienda y Suelo. Boletín Especial Vivienda Social 2024 (xaneiro 2025).
